JESÚS CANTÚBasta revisar, obviamente con juicio crítico, los principales noticieros de radio y televisión para descubrir que una gran cantidad de recursos públicos llegan por las más diversas vías a sus bolsillos a cambio de promover la imagen personal de vario
Basta revisar, obviamente con juicio crítico, los principales noticieros de radio y televisión, las páginas de la mayoría de los periódicos nacionales y los análisis y opiniones de algunos "prestigiados" columnistas y analistas políticos para descubrir que una gran cantidad de recursos públicos llegan por las más diversas vías a sus bolsillos a cambio de promover la imagen personal de varios políticos mexicanos. Precisamente por ello es importante la, congruente y valiente, denuncia que El Diario de Yucatán difundió en su edición del miércoles 1 de abril, en la que señala que el mismo director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, les ofreció, en primera instancia, que facturaran a dicha dependencia 3 millones de pesos, para que difundieran en los distintos medios del grupo Megamedia, El Diario de Yucatán, La "i", los dos sitios de Internet y la impresión de suplementos, publicidad de los candidatos panistas a Gobernador de Campeche, presidentes municipales de Carmen y Campeche y los dos candidatos a diputados federales en dicha entidad. En una segunda instancia, Jiménez, elevó la oferta a un convenio de publicidad por tres años de 4 millones de pesos. El periódico yucateco rechazó la oferta y señaló que ellos le tenían que facturar a quien usará la publicidad, en este caso el PAN o los candidatos panistas. Y además envió a sus representantes para que denunciaran la acción ante la Secretaría de la Función Pública, la Presidencia de la República y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. La denuncia es importante porque devela la perversa relación del poder público con periodistas y medios masivos de comunicación, afortunadamente con honrosas excepciones; porque deja de manifiesto porque todos los intentos por lograr la equidad en las contiendas electorales por la vía del control del dinero que oficialmente gastan los partidos, y hoy hasta el no dejarles vía para comprar espacios en radio y televisión, no tienen sentido, porque el problema está en lo que ellos no gastan, sino lo que compran a través de terceros que, a su vez, lo justifican con facturas que amparan la adquisición de bienes y/o servicios que usualmente consumen, como es precisamente este caso; porque evidencia la facilidad con la que el dinero ilegal, porque no hay duda de que el desvío de recursos públicos para fines político electorales es ilegal y la prohibición incluso está en el artículo 134 de la Constitución, puede ingresar en las campañas electorales. Pero la principal preocupación deben ser las respuestas prácticas, las acciones concretas que se traduzcan en obstáculos y frenos a estas actuaciones. No basta la interposición de denuncias o las declaraciones estridentes, los dirigentes de los partidos políticos y los legisladores tienen que asumir su responsabilidad y enmendar sus deplorables omisiones que hacen posible estas prácticas. Inclusive no bastan las renuncias de los involucrados y ni siquiera su muy poco probable sanción. Lo que hizo el director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, es común: los altos funcionarios ofreciendo jugosos contratos de publicidad a cambio de un tratamiento privilegiado en sus medios de comunicación; la facturación, y obviamente cobro, a una instancia distinta de la que utilizará los beneficios publicitarios; la solicitud de difundir la imagen personal del titular de la instancia como si fuera información, es decir, la transmisión de publicidad encubierta dentro de los noticieros, telenovelas, revistas televisivas y demás; la compra no sólo de espacio publicitario, sino de criterio editorial. Lo inusual, lo sorprendente, es que un medio lo rechace, si al contrario, la mayoría, no todos afortunadamente, ofrece sus propios paquetes: spots, menciones en noticieros, entrevistas en vivo, etc., en el caso de los medios audiovisuales; primeras planas, noticias principales, comentarios positivos en las columnas y hasta ataques a sus principales competidores, en el de los impresos. Esto es mucho más redituable que la simple venta de espacios comerciales. Y esto es posible por la omisión de los legisladores mexicanos que se niegan a actualizar la Ley Federal de Radio y Televisión; a promulgar una Ley de Transparencia Publicitaria; y, desde luego, a realizar otras reformas que permitan avanzar en la rendición de cuentas de los gobernantes mexicanos en todos sus niveles. Mucho hemos avanzado, a pesar de que todavía no es suficiente, en materia de transparencia de la información pública gubernamental, pero muy poco o nada en materia de rendición de cuentas, que incluye, además de la transparencia, la necesidad de la justificación de los actos del gobernante y la sanción de los mismos; transparencia sin rendición de cuentas es cinismo, pues lo único que se gana es conocer con precisión las ilegalidades, irregularidades, arbitrariedades, abusos y demás de los gobernantes, pero sin posibilidad de sancionarlos, como ha sucedido en las últimas fechas en México. La Ley de Transparencia Publicitaria fue una demanda del denominado Grupo Oaxaca, el 24 de mayo del 2001, es decir, hace 8 años; era parte del paquete de nuevas legislaciones que incluían la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aunque este grupo de académicos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, simplemente la denominaban Ley de Acceso a la Información Pública) y lo que buscaba era poder escudriñar los datos y criterios que siguen las instancias públicas, en los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y las tres instancias federal, estatal y municipal, para difundir la propaganda gubernamental. Si existiese una ley de esta naturaleza se podría conocer cuánto le paga Marcelo Ebrard a Televisa, por aparecer en la pantalla cocinando galletitas; cuánto le cuesta a Enrique Peña Nieto que los reporteros y camarógrafos, de la misma empresa, lo sigan hasta Estambul, Turquía, para cubrir su participación en el V Foro Mundial del Agua, del 16 al 22 de marzo. Pero igual se le podría pedir cuentas a la Lotería Nacional para saber la razón del pago de 3 millones de pesos a un grupo de comunicación si como el mismo director señaló en la reunión con los representantes de Megamedia: "...a nosotros sólo nos darás de vez en cuando un cintillo o los resultados de algún sorteo que caiga en Campeche. Eso ustedes manéjenlo, nosotros no les vamos a pedir mucho". Si se hubiesen realizado oportuna y adecuadamente las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión también se sancionaría, hasta con el retiro de la concesión, la transmisión de publicidad encubierta; si hubiese una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, también quedaría claro quién es el responsable y que sanciones aplicarían al titular de la Lotenal por incumplir con "la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos", pues hoy aunque el Instituto Federal Electoral logré fincar la responsabilidad, lo único que hará, conforme al inciso "b", párrafo 1, del artículo 355 del Cofipe es dar vista a su superior jerárquico. No basta la renuncia de Miguel Ángel Jiménez a la dirección de la Lotería Nacional, no basta tampoco su sanción administrativa o incluso penal, todos los dirigentes de partidos políticos y legisladores que hoy se muestran indignados y sorprendidos, deben canalizar esa energía para que esto no pueda repetirse y eso está totalmente en su ámbito de responsabilidad. Además de sorprenderse e indignarse deben actuar y cumplir con sus responsabilidades, pues, hoy, ellos también son cómplices por omisión.
Basta revisar, obviamente con juicio crítico, los principales noticieros de radio y televisión, las páginas de la mayoría de los periódicos nacionales y los análisis y opiniones de algunos "prestigiados" columnistas y analistas políticos para descubrir que una gran cantidad de recursos públicos llegan por las más diversas vías a sus bolsillos a cambio de promover la imagen personal de varios políticos mexicanos. Precisamente por ello es importante la, congruente y valiente, denuncia que El Diario de Yucatán difundió en su edición del miércoles 1 de abril, en la que señala que el mismo director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, les ofreció, en primera instancia, que facturaran a dicha dependencia 3 millones de pesos, para que difundieran en los distintos medios del grupo Megamedia, El Diario de Yucatán, La "i", los dos sitios de Internet y la impresión de suplementos, publicidad de los candidatos panistas a Gobernador de Campeche, presidentes municipales de Carmen y Campeche y los dos candidatos a diputados federales en dicha entidad. En una segunda instancia, Jiménez, elevó la oferta a un convenio de publicidad por tres años de 4 millones de pesos. El periódico yucateco rechazó la oferta y señaló que ellos le tenían que facturar a quien usará la publicidad, en este caso el PAN o los candidatos panistas. Y además envió a sus representantes para que denunciaran la acción ante la Secretaría de la Función Pública, la Presidencia de la República y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. La denuncia es importante porque devela la perversa relación del poder público con periodistas y medios masivos de comunicación, afortunadamente con honrosas excepciones; porque deja de manifiesto porque todos los intentos por lograr la equidad en las contiendas electorales por la vía del control del dinero que oficialmente gastan los partidos, y hoy hasta el no dejarles vía para comprar espacios en radio y televisión, no tienen sentido, porque el problema está en lo que ellos no gastan, sino lo que compran a través de terceros que, a su vez, lo justifican con facturas que amparan la adquisición de bienes y/o servicios que usualmente consumen, como es precisamente este caso; porque evidencia la facilidad con la que el dinero ilegal, porque no hay duda de que el desvío de recursos públicos para fines político electorales es ilegal y la prohibición incluso está en el artículo 134 de la Constitución, puede ingresar en las campañas electorales. Pero la principal preocupación deben ser las respuestas prácticas, las acciones concretas que se traduzcan en obstáculos y frenos a estas actuaciones. No basta la interposición de denuncias o las declaraciones estridentes, los dirigentes de los partidos políticos y los legisladores tienen que asumir su responsabilidad y enmendar sus deplorables omisiones que hacen posible estas prácticas. Inclusive no bastan las renuncias de los involucrados y ni siquiera su muy poco probable sanción. Lo que hizo el director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, es común: los altos funcionarios ofreciendo jugosos contratos de publicidad a cambio de un tratamiento privilegiado en sus medios de comunicación; la facturación, y obviamente cobro, a una instancia distinta de la que utilizará los beneficios publicitarios; la solicitud de difundir la imagen personal del titular de la instancia como si fuera información, es decir, la transmisión de publicidad encubierta dentro de los noticieros, telenovelas, revistas televisivas y demás; la compra no sólo de espacio publicitario, sino de criterio editorial. Lo inusual, lo sorprendente, es que un medio lo rechace, si al contrario, la mayoría, no todos afortunadamente, ofrece sus propios paquetes: spots, menciones en noticieros, entrevistas en vivo, etc., en el caso de los medios audiovisuales; primeras planas, noticias principales, comentarios positivos en las columnas y hasta ataques a sus principales competidores, en el de los impresos. Esto es mucho más redituable que la simple venta de espacios comerciales. Y esto es posible por la omisión de los legisladores mexicanos que se niegan a actualizar la Ley Federal de Radio y Televisión; a promulgar una Ley de Transparencia Publicitaria; y, desde luego, a realizar otras reformas que permitan avanzar en la rendición de cuentas de los gobernantes mexicanos en todos sus niveles. Mucho hemos avanzado, a pesar de que todavía no es suficiente, en materia de transparencia de la información pública gubernamental, pero muy poco o nada en materia de rendición de cuentas, que incluye, además de la transparencia, la necesidad de la justificación de los actos del gobernante y la sanción de los mismos; transparencia sin rendición de cuentas es cinismo, pues lo único que se gana es conocer con precisión las ilegalidades, irregularidades, arbitrariedades, abusos y demás de los gobernantes, pero sin posibilidad de sancionarlos, como ha sucedido en las últimas fechas en México. La Ley de Transparencia Publicitaria fue una demanda del denominado Grupo Oaxaca, el 24 de mayo del 2001, es decir, hace 8 años; era parte del paquete de nuevas legislaciones que incluían la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aunque este grupo de académicos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, simplemente la denominaban Ley de Acceso a la Información Pública) y lo que buscaba era poder escudriñar los datos y criterios que siguen las instancias públicas, en los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y las tres instancias federal, estatal y municipal, para difundir la propaganda gubernamental. Si existiese una ley de esta naturaleza se podría conocer cuánto le paga Marcelo Ebrard a Televisa, por aparecer en la pantalla cocinando galletitas; cuánto le cuesta a Enrique Peña Nieto que los reporteros y camarógrafos, de la misma empresa, lo sigan hasta Estambul, Turquía, para cubrir su participación en el V Foro Mundial del Agua, del 16 al 22 de marzo. Pero igual se le podría pedir cuentas a la Lotería Nacional para saber la razón del pago de 3 millones de pesos a un grupo de comunicación si como el mismo director señaló en la reunión con los representantes de Megamedia: "...a nosotros sólo nos darás de vez en cuando un cintillo o los resultados de algún sorteo que caiga en Campeche. Eso ustedes manéjenlo, nosotros no les vamos a pedir mucho". Si se hubiesen realizado oportuna y adecuadamente las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión también se sancionaría, hasta con el retiro de la concesión, la transmisión de publicidad encubierta; si hubiese una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, también quedaría claro quién es el responsable y que sanciones aplicarían al titular de la Lotenal por incumplir con "la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos", pues hoy aunque el Instituto Federal Electoral logré fincar la responsabilidad, lo único que hará, conforme al inciso "b", párrafo 1, del artículo 355 del Cofipe es dar vista a su superior jerárquico. No basta la renuncia de Miguel Ángel Jiménez a la dirección de la Lotería Nacional, no basta tampoco su sanción administrativa o incluso penal, todos los dirigentes de partidos políticos y legisladores que hoy se muestran indignados y sorprendidos, deben canalizar esa energía para que esto no pueda repetirse y eso está totalmente en su ámbito de responsabilidad. Además de sorprenderse e indignarse deben actuar y cumplir con sus responsabilidades, pues, hoy, ellos también son cómplices por omisión.
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