IGLESIA Y NARCOTRÁFICO

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Miembro del Episcopado desde 1982 (cuando fue designado obispo de Campeche) el hoy arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, no figuró nunca en el centro de la reunión de sus iguales, como acontece ahora, en la 87 asamblea de la Conferencia episcopal mexicana, iniciada ayer lunes.No es para menos. Apenas el viernes, en tono desenfadado y como quien no quiere la cosa, el prelado lanzó una pista sobre el paradero de Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo. Al bocetar una geografía del narcotráfico, refiriéndose a los municipios donde se presenta esa actividad delictuosa, dijo que más allá de Guanaceví radica uno de los narcotraficantes más buscados. Tanto, que se enriquecería quien ofreciera datos precisos, no sólo esbozos como los ofrecidos por el arzobispo, que condujeran a la detención de El Chapo. Está vigente un ofrecimiento de 5 millones de dólares hecho en diciembre de 2004 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Más lenta y remilgosa con el dinero que administra hace apenas un mes la Procuraduría General de la República tasó en 30 millones de pesos la información que lleve a ese mismo propósito. Ningún cazarrecompensas ha sido tan osado como para lanzarse en pos de Guzmán Loera, ni ha sido tan poderoso ese incentivo para alentar una traición, acaso porque los subalternos de El Chapo saben con claridad a qué se atienen si fueran infidentes y se les descubriera en el lance.Al día siguiente de lo dicho por el arzobispo en una conferencia de prensa convocada para denunciar riesgos del clero en las comarcas de mayor presencia del narcotráfico, los medios locales se guardaron muy bien de reproducir su referencia a El Chapo. Los periódicos editados en la Ciudad de México que llegan a Durango por aire no salieron del aeropuerto. No se sabe quién impidió su distribución. El único medio disponible en la capital de aquel estado con la información sobre el jefe del Cártel de Sinaloa fue el diario regiomontano El Norte, cuya edición llega por tierra a Durango.¿Qué poder tiene los alcances para evitar la difusión de una información de esa naturaleza, emitida por un personaje central en la vida duranguense como es un arzobispo? Cabe imaginar que el gobierno -local o federal, o ambos- ejecutó esa acción silenciadora. Es posible imaginar al gobernador mismo telefoneando a los medios para solicitar su cooperación a fin de no afectar la imagen del estado, o al delegado de la PGR actuando en igual sentido pero con el propósito de que no se echara de ver la negligencia señalada no sin ironía y aun sarcasmo por el arzobispo: "todo el mundo lo sabe, menos la autoridad", dijo al situar la presencia del jefe de delincuentes.También pudo ocurrir que las acciones para impedir la difusión de lo dicho por el más alto jerarca de la iglesia católica en Durango fueran realizadas por el narcotráfico mismo, a efecto de conservar el beneficio de la abulia gubernamental denunciada de modo indirecto por González Martínez. O pudo ser una combinación de ambos poderes lo que generó el efecto de que en Durango no se supiera de lo dicho por el pastor de la numerosa grey católica en la entidad. El hecho es que el resultado intimidó al propio declarante: el domingo buscó atenuar el sentido de su dicho, atribuyéndole carácter de información del dominio público, de la que él está en posesión por su ejercicio pastoral, por lo que le dice la gente común en sus visitas a las parroquias de la arquidiócesis.Aunque sólo es arzobispo desde hace seis años, González Martínez conoce bien el territorio que administra porque nació en él, en él se formó y durante 20 años realizó labores allí, como párroco en Canatlán y como profesor y rector del seminario arquidiocesano. Estuvo fuera desde que se le nombró obispo de Campeche, luego coadjutor de Oaxaca y finalmente arzobispo de esa circunscripción, en reemplazo de don Bartolomé Carrasco. Aunque no faltaron sacerdotes que resintieron el conservadurismo de González Martínez, que rehusó continuar con la opción preferencia por los pobres que había auspiciado su predecesor, don Héctor mereció del Vaticano la gracia de retornar a Durango a gobernar a los suyos.Desde ayer habrá estado en el centro de la atención de sus compañeros obispos y de los medios. Su reciente protagonismo y el crecimiento de los riesgos del clero en varias entidades (Chihuahua, el DF, el propio Durango, México, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) ha de obligar al Episcopado a organizar y expresar una actitud coherente sobre el narcotráfico, no sólo en términos de su propia regulación sino como uno de los poderes fácticos. Si la Iglesia se limita a amenazar a los delincuentes con la excomunión, su contribución al combate contra la violencia asociada a las drogas será exigua o ninguna pues, como resultado de su propia indolencia en la formación de una espiritualidad profunda, la mayor parte de los fieles no concede valor sustantivo alguno a una sanción de ese género, decretada conforme a un derecho canónico que nadie conoce porque no es parte de una realidad vivida cotidianamente.No ha faltado obispo que reconozca las dádivas recibidas por el clero de los narcotraficantes y hasta el mismísimo presidente de la CEM ahora reunida ha admitido el beneficio social que en las comunidades donde dominan generan los amos de la droga. Es un momento oportuno para acabar con esas candorosas actitudes y formular una vigorosa doctrina contra el narcotráfico y su violencia.