JAVIER CORRAL JURADOAlonso Lujambio, reconocido académico e investigador, es el nuevo miembro del gabinete del presidente Felipe Calderón. Transitó del IFAI, en el que se desempeñaba como presidente, a ser el titular de la SEP. Relevo sui géneris por el momento en el que acontece, y por la forma horizontal en que está concebido dentro de la administración federal el órgano de la transparencia gubernamental.
El nuevo secretario cuenta con la capacidad y el perfil que se necesita para llevar a cabo las tareas que la ley orgánica confiere a la SEP; prestigio tampoco le falta, tiene acreditada una conducta honesta y hasta ahora no parece haber supeditado su existencia a su cercanía y amistad con el Presidente de la República.
No es en las credenciales donde debiéramos atisbar los retos que se le imponen, sino más bien en las motivaciones bajo las cuales aceptó. La pregunta es simple: ¿para qué llega Lujambio? ¿Para administrar de mejor manera las relaciones del gobierno con Elba Esther Gordillo? ¿O para entrarle definitivamente a una reforma educativa? Para lo primero, basta con la cercanía y la confianza que existe entre Lujambio y el presidente Calderón; para lo segundo se necesita además el coraje propio y la voluntad política.
Si hay una reforma que, con sentido democrático y con objetivos de productividad, calidad, desarrollo personal y social, necesita el país, es la educativa. Está en el fondo de muchos de nuestros males, incluida la inseguridad y la falta de competitividad internacional. México está rezagado en la economía del conocimiento y precisa de un nuevo modelo educativo. Hemos avanzado y la cobertura en alfabetización alcanza casi el 100%. Pero se requieren cambios en la estructura, funcionamiento, evaluación y descentralización de la educación, para lograr una verdadera calidad educativa.
Los resultados de nuestro sistema educativo son similares a los de Ghana o Kenia. El promedio en matemáticas es escalofriante: 97% de los niños tiene menos de 6.6 de calificación. El 99% tiene menos de ocho en escritura y lectura.
La primaria no motiva pensadores ni está creando lectores. ¿Cómo queremos que haya electores? ¿Cómo queremos que haya ciudadanía participativa? El modelo está destinado a crear empleados, no innovadores, empresarios. Se desperdicia un cúmulo formidable para el país: 34% de la población son estudiantes.
Hay que reformar el sistema educativo. Y esa decisión pasa por la acción decidida del poder público, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Debemos obligar auténticos sistemas de evaluación de la educación, y que la carrera magisterial sea fruto de una rigurosa revisión del resultado del docente, en la que por supuesto participe el sindicato como par, pero no como ahora, como definidor de las plazas y sus permanencias.
Tan importante como lo anterior es una reforma pedagógica. Ya no se puede mantener un modelo desde el escritorio del profesor hacia los alumnos, que después se traduce en una concepción autoritaria en la organización social. No podemos continuar con el método memorístico.
Es necesario redefinir facultades entre los estados y las Federación. La reforma de 1992 trasladó infraestructuras a los estados, pero no la gestión de servicios educativos. La Federación puede y debe mantener la evaluación de estándares, indicadores, pero a las entidades federativas debe otorgarles mayores responsabilidades, así como a los municipios.
Obviamente, todo esto pasa por desmantelar el corporativismo sindical; no el sindicalismo magisterial, sino promover su democratización, su transparencia, la necesaria rendición de cuentas que deben a la sociedad. Y he aquí el asunto que requiere del coraje y la voluntad política.
Basamento conceptual hay, y de sobra. Desde 1946, en su primera plataforma presidencial, el PAN afirmó la libertad sindical. Exigió verdadera democracia en la creación y el funcionamiento de los sindicatos y de las demás organizaciones del trabajo: “La proscripción radical de la utilización fraudulenta de los sindicatos como instrumento o como pretexto de medro personal o político”. Ahí está el reto para Lujambio.
El nuevo secretario cuenta con la capacidad y el perfil que se necesita para llevar a cabo las tareas que la ley orgánica confiere a la SEP; prestigio tampoco le falta, tiene acreditada una conducta honesta y hasta ahora no parece haber supeditado su existencia a su cercanía y amistad con el Presidente de la República.
No es en las credenciales donde debiéramos atisbar los retos que se le imponen, sino más bien en las motivaciones bajo las cuales aceptó. La pregunta es simple: ¿para qué llega Lujambio? ¿Para administrar de mejor manera las relaciones del gobierno con Elba Esther Gordillo? ¿O para entrarle definitivamente a una reforma educativa? Para lo primero, basta con la cercanía y la confianza que existe entre Lujambio y el presidente Calderón; para lo segundo se necesita además el coraje propio y la voluntad política.
Si hay una reforma que, con sentido democrático y con objetivos de productividad, calidad, desarrollo personal y social, necesita el país, es la educativa. Está en el fondo de muchos de nuestros males, incluida la inseguridad y la falta de competitividad internacional. México está rezagado en la economía del conocimiento y precisa de un nuevo modelo educativo. Hemos avanzado y la cobertura en alfabetización alcanza casi el 100%. Pero se requieren cambios en la estructura, funcionamiento, evaluación y descentralización de la educación, para lograr una verdadera calidad educativa.
Los resultados de nuestro sistema educativo son similares a los de Ghana o Kenia. El promedio en matemáticas es escalofriante: 97% de los niños tiene menos de 6.6 de calificación. El 99% tiene menos de ocho en escritura y lectura.
La primaria no motiva pensadores ni está creando lectores. ¿Cómo queremos que haya electores? ¿Cómo queremos que haya ciudadanía participativa? El modelo está destinado a crear empleados, no innovadores, empresarios. Se desperdicia un cúmulo formidable para el país: 34% de la población son estudiantes.
Hay que reformar el sistema educativo. Y esa decisión pasa por la acción decidida del poder público, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Debemos obligar auténticos sistemas de evaluación de la educación, y que la carrera magisterial sea fruto de una rigurosa revisión del resultado del docente, en la que por supuesto participe el sindicato como par, pero no como ahora, como definidor de las plazas y sus permanencias.
Tan importante como lo anterior es una reforma pedagógica. Ya no se puede mantener un modelo desde el escritorio del profesor hacia los alumnos, que después se traduce en una concepción autoritaria en la organización social. No podemos continuar con el método memorístico.
Es necesario redefinir facultades entre los estados y las Federación. La reforma de 1992 trasladó infraestructuras a los estados, pero no la gestión de servicios educativos. La Federación puede y debe mantener la evaluación de estándares, indicadores, pero a las entidades federativas debe otorgarles mayores responsabilidades, así como a los municipios.
Obviamente, todo esto pasa por desmantelar el corporativismo sindical; no el sindicalismo magisterial, sino promover su democratización, su transparencia, la necesaria rendición de cuentas que deben a la sociedad. Y he aquí el asunto que requiere del coraje y la voluntad política.
Basamento conceptual hay, y de sobra. Desde 1946, en su primera plataforma presidencial, el PAN afirmó la libertad sindical. Exigió verdadera democracia en la creación y el funcionamiento de los sindicatos y de las demás organizaciones del trabajo: “La proscripción radical de la utilización fraudulenta de los sindicatos como instrumento o como pretexto de medro personal o político”. Ahí está el reto para Lujambio.
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