SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZLa reforma del Estado se propone poner al día en la Constitución y en las leyes vigentes, tres cuestiones. En primer término nuestros arreglos actuales sobre las relaciones de los ciudadanos con sus gobernantes; en segundo lugar la organización y procedimientos internos de cada uno de los poderes públicos que componen la estructura del Estado; y, finalmente, las relaciones de éstos entre sí.
Los tres temas ya anuncian la amplitud y complejidad de la empresa de imaginación política que tenemos de frente los mexicanos, y especialmente quienes habrán de tomar las decisiones por todos. Pero no sólo los temas imponen retos importantes a superar, sino que también el punto de partida para operar la transformación política es en sí mismo un problema: la Constitución vigente. Me explico.
Nadie parece cuestionar la actualidad de las grandes decisiones fundamentales contenidas en nuestra Constitución. Por ello y en contraste con otros países de la región, los mexicanos hemos optado por mantener nuestro texto de 1917 y no convocar a un nuevo Constituyente.
Al mismo tiempo es casi unánime la idea de la necesidad de cambios en los arreglos institucionales que provienen del pasado, y que la inercia ha mantenido en operación al menos por diez años. Y es precisamente este punto de partida, una Constitución que no se quiere cambiar en su totalidad, una complejidad práctica añadida para la reforma. Un nuevo Constituyente obliga a los actores políticos a presentar un arquetipo institucional completo. Pero no es éste el caso de México.
El reto práctico, no es menor. Una cosa es hacer una Constitución totalmente nueva que obliga a todos los actores a proponer un modelo completo, y otra muy distinta reformar por pedazos la Constitución. Esto último impone la obligación intelectual de considerar los efectos sistémicos, el conjunto, la coherencia interna de cada nuevo cambio y de éstos con lo que queda intocado. Los mexicanos ya lo hicimos antes una vez, al reformar la Constitución de 1857 en 1917. Tal experiencia histórica nos debe servir para valorar la complejidad de la operación práctica de los cambios.
El Presidente Venustiano Carranza propuso un primer proyecto de reformas, que no gusto al 100% en cuanto a su contenido al 100% de los participantes. Pero tuvo el mérito de iniciar el debate, lo que nadie le puede negar. En este orden de ideas, en mi opinión un mérito innegable de la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución presentada el pasado 15 de diciembre por el Presidente de la República, es que propone un punto de partida para el debate.
Podemos estar o no de acuerdo con su contenido, con lo que dice y con lo que no dice. Yo desde luego echo de menos una reforma de fondo al Poder Judicial del Estado mexicano, a la articulación del Poder Judicial federal y de los estados. Pero alguien tiene que poner en marcha el proceso y el Presidente lo ha hecho con valentía. Bienvenida la propuesta presidencial.
Los tres temas ya anuncian la amplitud y complejidad de la empresa de imaginación política que tenemos de frente los mexicanos, y especialmente quienes habrán de tomar las decisiones por todos. Pero no sólo los temas imponen retos importantes a superar, sino que también el punto de partida para operar la transformación política es en sí mismo un problema: la Constitución vigente. Me explico.
Nadie parece cuestionar la actualidad de las grandes decisiones fundamentales contenidas en nuestra Constitución. Por ello y en contraste con otros países de la región, los mexicanos hemos optado por mantener nuestro texto de 1917 y no convocar a un nuevo Constituyente.
Al mismo tiempo es casi unánime la idea de la necesidad de cambios en los arreglos institucionales que provienen del pasado, y que la inercia ha mantenido en operación al menos por diez años. Y es precisamente este punto de partida, una Constitución que no se quiere cambiar en su totalidad, una complejidad práctica añadida para la reforma. Un nuevo Constituyente obliga a los actores políticos a presentar un arquetipo institucional completo. Pero no es éste el caso de México.
El reto práctico, no es menor. Una cosa es hacer una Constitución totalmente nueva que obliga a todos los actores a proponer un modelo completo, y otra muy distinta reformar por pedazos la Constitución. Esto último impone la obligación intelectual de considerar los efectos sistémicos, el conjunto, la coherencia interna de cada nuevo cambio y de éstos con lo que queda intocado. Los mexicanos ya lo hicimos antes una vez, al reformar la Constitución de 1857 en 1917. Tal experiencia histórica nos debe servir para valorar la complejidad de la operación práctica de los cambios.
El Presidente Venustiano Carranza propuso un primer proyecto de reformas, que no gusto al 100% en cuanto a su contenido al 100% de los participantes. Pero tuvo el mérito de iniciar el debate, lo que nadie le puede negar. En este orden de ideas, en mi opinión un mérito innegable de la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución presentada el pasado 15 de diciembre por el Presidente de la República, es que propone un punto de partida para el debate.
Podemos estar o no de acuerdo con su contenido, con lo que dice y con lo que no dice. Yo desde luego echo de menos una reforma de fondo al Poder Judicial del Estado mexicano, a la articulación del Poder Judicial federal y de los estados. Pero alguien tiene que poner en marcha el proceso y el Presidente lo ha hecho con valentía. Bienvenida la propuesta presidencial.
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