PURIFICACIÓN CARPINTEYROEn sentido opuesto a los mejores deseos del gobierno federal, el inicio del año del bicentenario augura un enrarecimiento de la situación económica, política, social y de seguridad del país.
Atrás queda la expectativa de que el decálogo de buenas intenciones anunciado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el 2 de septiembre del año pasado, fuera mucho más que un discurso que listara las reformas estructurales indispensables para eliminar los obstáculos para el desarrollo del país. Las declaraciones de los diferentes actores políticos del país han desvanecido la esperanza de que las reformas propuestas hubieran sido producto del consenso de buenos ciudadanos, con la estatura para dejar a un lado sus ambiciones de poder y los intereses partidarios, para ganarse un puesto en la historia como los reformistas y patriotas que rescataron al país del desahucio.
El foro de debate para la reforma política organizado por el Senado sólo ha hecho evidente que las posiciones contrarias a las propuestas del Ejecutivo son fundamentalmente producto de la polarización política y la defensa de intereses partidistas. De esta propuesta, así como la que se pudiera esperar para llevar a cabo la tan necesaria reforma hacendaria y la reforma laboral, poco se puede esperar.
Respecto a la reforma estructural a las comunicaciones, seremos afortunados si apenas se logra lo posible. Sin restarle importancia al propósito de llevar a cabo licitaciones de frecuencias en las bandas de 1.7 y 1.9 GHz, además de implementar la medida paliativa de subastar dos hilos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para dotar de conectividad a los ganadores -que en nada resuelve la necesidad del país de contar con una infraestructura de transmisión de alta capacidad con tecnología de punta-, parecería que la intención del gobierno es la de accionar propuestas, independientemente de que desde un inicio puedan estar sentenciadas al fracaso.
En cuanto a las licitaciones de frecuencias, por lo menos dos participantes en la industria, Iusacell y MVS, han anunciado su decisión de recurrirlas, por la incertidumbre jurídica que prevalece respecto a las políticas para la renovación de concesiones, y una supuesta intención de diseñar los procesos para beneficiar a grupos previamente definidos. Considerando la experiencia en procesos de licitación impugnados, estos anuncios no son buenas noticias: el descarrilamiento de las licitaciones, especialmente el de frecuencias en la banda de 1.9 GHz, dejaría a los principales operadores celulares del país en una posición endeble que frenaría sus planes de introducción de nuevos servicios.
Mientras tanto el sector no deja de ser noticia: hace apenas dos semanas, América Móvil anunció la oferta pública de intercambio de acciones a los accionistas de Carso Global Telecom, empresa a través de la cual la familia Slim controla 59.4 por ciento de las acciones de Telmex, y 60.7 por ciento de Telmex Internacional.
Esta reestructura, que permitirá a América Móvil operar en forma conjunta las redes de servicios de telefonía fija y móvil; aprovechar sinergias y ofrecer paquetes de telefonía fija y móvil, televisión e internet, en los países de Latinoamérica en los que tiene presencia (excepto México), no debería sorprender a nadie. Grupo Telefónica, su principal competidor en la región, lo hizo hace casi cuatro años.
Lo que merece reflexión es que la reestructura excluya a México. No sólo porque la población no podrá beneficiarse de las sinergias y consiguiente reducción de costos; sino porque Telmex, el principal operador de telecomunicaciones del país y responsable de prestar servicios con cobertura social, quedará expuesta al riesgo de perder una parte sustancial del mercado rentable -que preferirá soluciones integrales más económicas-, y a la consiguiente reducción de su capacidad de reinversión.
La solución no está en liberar a Telmex de cualquier prohibición sin que en contrapartida garantice la sana competencia del sector. La respuesta tampoco está en permitir que Televisa lo substituya como dominante en el segmento rentable del mercado, aprobando sus adquisiciones de operadores de cable y sus alianzas.
La alternativa a una evolución caótica en las comunicaciones depende exclusivamente del liderazgo que el Estado está obligado a dar a través de sus poderes. Pero nos alcanzará el futuro antes de contar con una reforma estructural que resuelva en forma integral la problemática de las telecomunicaciones, la televisión y la radio. Para entonces será demasiado tarde.
Atrás queda la expectativa de que el decálogo de buenas intenciones anunciado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el 2 de septiembre del año pasado, fuera mucho más que un discurso que listara las reformas estructurales indispensables para eliminar los obstáculos para el desarrollo del país. Las declaraciones de los diferentes actores políticos del país han desvanecido la esperanza de que las reformas propuestas hubieran sido producto del consenso de buenos ciudadanos, con la estatura para dejar a un lado sus ambiciones de poder y los intereses partidarios, para ganarse un puesto en la historia como los reformistas y patriotas que rescataron al país del desahucio.
El foro de debate para la reforma política organizado por el Senado sólo ha hecho evidente que las posiciones contrarias a las propuestas del Ejecutivo son fundamentalmente producto de la polarización política y la defensa de intereses partidistas. De esta propuesta, así como la que se pudiera esperar para llevar a cabo la tan necesaria reforma hacendaria y la reforma laboral, poco se puede esperar.
Respecto a la reforma estructural a las comunicaciones, seremos afortunados si apenas se logra lo posible. Sin restarle importancia al propósito de llevar a cabo licitaciones de frecuencias en las bandas de 1.7 y 1.9 GHz, además de implementar la medida paliativa de subastar dos hilos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para dotar de conectividad a los ganadores -que en nada resuelve la necesidad del país de contar con una infraestructura de transmisión de alta capacidad con tecnología de punta-, parecería que la intención del gobierno es la de accionar propuestas, independientemente de que desde un inicio puedan estar sentenciadas al fracaso.
En cuanto a las licitaciones de frecuencias, por lo menos dos participantes en la industria, Iusacell y MVS, han anunciado su decisión de recurrirlas, por la incertidumbre jurídica que prevalece respecto a las políticas para la renovación de concesiones, y una supuesta intención de diseñar los procesos para beneficiar a grupos previamente definidos. Considerando la experiencia en procesos de licitación impugnados, estos anuncios no son buenas noticias: el descarrilamiento de las licitaciones, especialmente el de frecuencias en la banda de 1.9 GHz, dejaría a los principales operadores celulares del país en una posición endeble que frenaría sus planes de introducción de nuevos servicios.
Mientras tanto el sector no deja de ser noticia: hace apenas dos semanas, América Móvil anunció la oferta pública de intercambio de acciones a los accionistas de Carso Global Telecom, empresa a través de la cual la familia Slim controla 59.4 por ciento de las acciones de Telmex, y 60.7 por ciento de Telmex Internacional.
Esta reestructura, que permitirá a América Móvil operar en forma conjunta las redes de servicios de telefonía fija y móvil; aprovechar sinergias y ofrecer paquetes de telefonía fija y móvil, televisión e internet, en los países de Latinoamérica en los que tiene presencia (excepto México), no debería sorprender a nadie. Grupo Telefónica, su principal competidor en la región, lo hizo hace casi cuatro años.
Lo que merece reflexión es que la reestructura excluya a México. No sólo porque la población no podrá beneficiarse de las sinergias y consiguiente reducción de costos; sino porque Telmex, el principal operador de telecomunicaciones del país y responsable de prestar servicios con cobertura social, quedará expuesta al riesgo de perder una parte sustancial del mercado rentable -que preferirá soluciones integrales más económicas-, y a la consiguiente reducción de su capacidad de reinversión.
La solución no está en liberar a Telmex de cualquier prohibición sin que en contrapartida garantice la sana competencia del sector. La respuesta tampoco está en permitir que Televisa lo substituya como dominante en el segmento rentable del mercado, aprobando sus adquisiciones de operadores de cable y sus alianzas.
La alternativa a una evolución caótica en las comunicaciones depende exclusivamente del liderazgo que el Estado está obligado a dar a través de sus poderes. Pero nos alcanzará el futuro antes de contar con una reforma estructural que resuelva en forma integral la problemática de las telecomunicaciones, la televisión y la radio. Para entonces será demasiado tarde.
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