CIUDAD JUÁREZ ¿QUÉ SIGUE?

MANUEL CAMACHO SOLIS

Cuando se definió la estrategia contra las organizaciones delincuenciales como una “guerra” y se cifró su éxito en desplegar la presencia masiva del Ejército mexicano en las zonas de mayor conflicto, se formularon diversos cuestionamientos. ¿Se podría ganar esa guerra, así definida? ¿Había que exponer al las Fuerzas Armadas más allá de lo estrictamente indispensable, para ganar aprobación política? ¿Qué vendría después del Ejército, si no se contenía la violencia? La estrategia no funcionó. Ahora que certeramente ha sido revisada la presencia del Ejército en esa ciudad entrañable, Ciudad Juárez, debería haber una recapitulación mayor. La falta de resultados lastima por todos lados. El desencanto debe ser enorme entre la población que se sentirá completamente desamparada. Entre las organizaciones de derechos humanos. Entre los grupos que reclaman el esclarecimiento de los asesinatos de las mujeres. Entre los empresarios que han cerrado o emigrado. La insatisfacción debe ser grande dentro del Ejército que ha perdido a muchos y a quien, sin embargo, se le responsabiliza. Fue un error el que se haya expuesto al Ejército sin la debida protección legal, sin apoyo del Congreso y sin una idea clara de cuál debía ser su misión. La estrategia y el diseño institucional deberían ser revisados. De la tragedia que han vivido los juarenses, la nación debería sacar algunas lecciones. La primera: no volver a utilizar al Ejército para resolver objetivos de prestigio político y sin que todas las fuerzas políticas, el Ejecutivo y el Congreso asuman su responsabilidad de definir una estrategia con mayor solidez jurídica, apoyo político, coordinación eficaz y división precisa de las responsabilidades. La participación del Ejército es indispensable; es responsabilidad del Estado proteger su seguridad y prestigio. La segunda es que si la presencia militar ha de ser sustituida por la intervención de la policía, el Estado mexicano no puede desperdiciar estos tres años para terminar de construir la policía y los espacios judiciales mínimos y suficientes para contener a la delincuencia y regresar el proceso al cumplimiento pleno del estado de derecho. La tercera es que la estrategia de seguridad estará coja si no se construyen otros pilares sociales, de salud pública, de capacidad de investigación financiera y de protección del sistema político para preservar su autonomía. En Juárez se necesita no sólo “más inteligencia y respaldo tecnológico” a la policía, sino una operación mayor para regresar la política a los cauces de la legalidad, reconstruir la autoridad, someter los excesos de todas las agencias federales, diseñar proyectos de gran profundidad a favor de los jóvenes, regenerar las zonas urbanas. La nación tiene una deuda con Ciudad Juárez, con su gente; también la obligación de proteger al Ejército con una definición clara y consensual de su misión y de la responsabilidad de cada quien en el objetivo “no de ganar una guerra”, sino de disminuir la violencia y fortalecer el estado de derecho.