ALEJANDRO GERTZ MANEROEl Ministerio Público es una de las instituciones más temidas y repudiadas por las víctimas del delito. Más de 80% de quienes sufren un ilícito prefieren asumir el daño antes que reiterar su tragedia frente a una institución que en la inmensa mayoría de los casos nada resuelve o se vuelve cómplice, encubridora o verdugo, según le va conviniendo. Los datos duros son irrefutables, ya que de casi 12 millones de delitos que se cometen al año, sólo 1 millón y medio se denuncian, y de esos, únicamente 250 mil se consignan.
Estas cifras nos indican que cerca de 98% de los delitos cometidos quedan impunes en nuestro país; y ante esta realidad tan ominosa el Ministerio Público sigue ejerciendo su derecho “monopólico” a la acción penal, y solamente por excepción se les ha otorgado últimamente a los particulares un derecho derivado para que puedan denunciar ante los jueces “cuando la ley lo determine”, sin que por supuesto exista una “ley” que lo haya determinado, para que así el Ministerio Público pueda seguir ejerciendo su dictadura de la acción penal, con los resultados que todos sufrimos.
En nuestro país los mexicanos podemos defendernos e ir ante un juez en materia civil, mercantil, administrativa o laboral, pero en cambio el tema que más nos lastima es el del delito; ahí el gobierno no nos permite ir ante el juez y nos obliga a someternos al tutelaje inepto y corrupto del Ministerio Público, que es el verdadero integrador del proceso penal, aunque la ley y la doctrina lo traten de soslayar inútilmente; mientras el Ministerio Público, que no tiene control de legalidad en sus procedimientos puede tardarse 1 día, 1 año o la eternidad en integrar una averiguación previa, salvo en el caso de que tenga detenido.
Esa llamada “representación social” decide qué pruebas va a desahogar; cuáles acepta, rechaza o ignora a su discreción, de aquellas que le presentan las víctimas, que ni siquiera pueden ser parte en el procedimiento porque la ley les niega ese derecho.
El Ministerio Público que se autodenomina como una institución “de buena fe”, como si las hubiera de mala fe, se despacha con la cuchara grande y transita por el procedimiento penal como le da la gana, convirtiendo al juez en un simple refrendador o validador del proceso.
De ese modo se llevan a cabo dos procesos, el primero y fundamental ante el Ministerio Público, para después repetirlo ante el juez con todas las oportunidades para acabar de corromper ese malhadado procedimiento; para que finalmente, al llegar a las sentencias, la reparación del daño brille por su ausencia, o simplemente sea una afirmación retórica que en nada cumple con resarcirle a la víctima lo que ha sufrido.
Al analizar todo esto uno se pregunta: bueno ¿y por qué mantiene su vigencia y poder ese desorbitado e inepto Ministerio Público? Y ello se debe a que el gobierno protege dicha oprobiosa institución porque la utiliza como instrumento monopólico de control, para mantener la corrupción, así como la humillación y sujeción de toda la sociedad, a los designios del gobierno; sirviendo también para venganzas personales y políticas que el sistema no quiere perder a ningún precio.
Frente a esta realidad, en el Congreso vamos a reiterar nuestra propuesta de transformación del Ministerio Público para que deje de ser un prepotente juez de instrucción, convirtiéndose en un verdadero auxiliar de la justicia, quitándole su ominoso monopolio para que las víctimas puedan presentar sus denuncias directamente ante jueces, que sí están sujetos a un control procesal estricto, mientras el Ministerio Público, ya sin ese monopolio pueda también denunciar cuando así se lo solicite la víctima, para que después siga actuando como auxiliar de la justicia en todas las tareas que sean necesarias y legalmente válidas para apoyar la defensa de las propias víctimas en el proceso penal, pero siempre bajo el control del juez y de las normas procesales en un solo juicio compacto, transparente y eficiente.
Es muy importante dejar en claro que no estamos en contra del Ministerio Público como auxiliar y apoyo de la justicia y de las víctimas; a lo que nos oponemos es a la prepotencia, a la corrupción y a la ineficacia de un instrumento de poder incontrolable e ineficaz, que en lugar de estar al servicio de la sociedad, es una expresión más de la prepotencia del poder público frente a la indefensión de la población.
Estas cifras nos indican que cerca de 98% de los delitos cometidos quedan impunes en nuestro país; y ante esta realidad tan ominosa el Ministerio Público sigue ejerciendo su derecho “monopólico” a la acción penal, y solamente por excepción se les ha otorgado últimamente a los particulares un derecho derivado para que puedan denunciar ante los jueces “cuando la ley lo determine”, sin que por supuesto exista una “ley” que lo haya determinado, para que así el Ministerio Público pueda seguir ejerciendo su dictadura de la acción penal, con los resultados que todos sufrimos.
En nuestro país los mexicanos podemos defendernos e ir ante un juez en materia civil, mercantil, administrativa o laboral, pero en cambio el tema que más nos lastima es el del delito; ahí el gobierno no nos permite ir ante el juez y nos obliga a someternos al tutelaje inepto y corrupto del Ministerio Público, que es el verdadero integrador del proceso penal, aunque la ley y la doctrina lo traten de soslayar inútilmente; mientras el Ministerio Público, que no tiene control de legalidad en sus procedimientos puede tardarse 1 día, 1 año o la eternidad en integrar una averiguación previa, salvo en el caso de que tenga detenido.
Esa llamada “representación social” decide qué pruebas va a desahogar; cuáles acepta, rechaza o ignora a su discreción, de aquellas que le presentan las víctimas, que ni siquiera pueden ser parte en el procedimiento porque la ley les niega ese derecho.
El Ministerio Público que se autodenomina como una institución “de buena fe”, como si las hubiera de mala fe, se despacha con la cuchara grande y transita por el procedimiento penal como le da la gana, convirtiendo al juez en un simple refrendador o validador del proceso.
De ese modo se llevan a cabo dos procesos, el primero y fundamental ante el Ministerio Público, para después repetirlo ante el juez con todas las oportunidades para acabar de corromper ese malhadado procedimiento; para que finalmente, al llegar a las sentencias, la reparación del daño brille por su ausencia, o simplemente sea una afirmación retórica que en nada cumple con resarcirle a la víctima lo que ha sufrido.
Al analizar todo esto uno se pregunta: bueno ¿y por qué mantiene su vigencia y poder ese desorbitado e inepto Ministerio Público? Y ello se debe a que el gobierno protege dicha oprobiosa institución porque la utiliza como instrumento monopólico de control, para mantener la corrupción, así como la humillación y sujeción de toda la sociedad, a los designios del gobierno; sirviendo también para venganzas personales y políticas que el sistema no quiere perder a ningún precio.
Frente a esta realidad, en el Congreso vamos a reiterar nuestra propuesta de transformación del Ministerio Público para que deje de ser un prepotente juez de instrucción, convirtiéndose en un verdadero auxiliar de la justicia, quitándole su ominoso monopolio para que las víctimas puedan presentar sus denuncias directamente ante jueces, que sí están sujetos a un control procesal estricto, mientras el Ministerio Público, ya sin ese monopolio pueda también denunciar cuando así se lo solicite la víctima, para que después siga actuando como auxiliar de la justicia en todas las tareas que sean necesarias y legalmente válidas para apoyar la defensa de las propias víctimas en el proceso penal, pero siempre bajo el control del juez y de las normas procesales en un solo juicio compacto, transparente y eficiente.
Es muy importante dejar en claro que no estamos en contra del Ministerio Público como auxiliar y apoyo de la justicia y de las víctimas; a lo que nos oponemos es a la prepotencia, a la corrupción y a la ineficacia de un instrumento de poder incontrolable e ineficaz, que en lugar de estar al servicio de la sociedad, es una expresión más de la prepotencia del poder público frente a la indefensión de la población.
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