viernes, 15 de enero de 2010

PRD: CANDIDATEANDO AL ENEMIGO

CIRO MURAYAMA RENDÓN

No fue el 28 de diciembre cuando se hizo pública la noticia de que la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tamaulipas había registrado, como uno de sus precandidatos a la gubernatura de aquella fronteriza entidad, al empresario Lino Korrodi. Tampoco fue el día de los Santos Inocentes cuando la presidencia nacional del PRD confirmó la veracidad de la especie.
¿Qué implica que el PRD —con todo la mayor formación partidista identificada con la izquierda que ha existido en México— busque extender sus adhesiones a través de considerar la candidatura de Korrodi? Conviene, para ir tras esa respuesta, recordar los antecedentes del ahora precandidato.
Era el año 2000. Las campañas electorales por la búsqueda a la Presidencia estaban en su apogeo. Por primera vez en décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podía perder el Poder Ejecutivo frente a un aspirante opositor en rápido ascenso, Vicente Fox. A unos días de las elecciones de aquel lejano 2 de julio, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Ortega —sí, el mismo que hoy preside al sol azteca—, denunció que la campaña de Vicente Fox recibía apoyo de diversas empresas de carácter mercantil, e incluso desde el extranjero, lo cual está prohibido por la legislación electoral mexicana. Días después, el PRI hizo una acusación similar en la tribuna de la comisión permanente del Congreso de la Unión. En ambas denuncias se aludía a la participación, en la trama de financiamiento paralelo, de empresas mercantiles propiedad de un señor de nombre Lino Korrodi.
El IFE inició la investigación sobre la supuesta trama de financiamiento ilegal y realizó pesquisas a lo largo de un año, tratando de allegarse información tanto de los partidos que habían impulsado a Fox —el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, así como de particulares presumiblemente involucrados y de las autoridades financieras y hacendarias del país. Los partidos declararon que no habían recibido recursos de fuentes prohibidas, los particulares se negaron a comparecer ante el IFE y las autoridades alegaron que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no les permitían entregar información a la autoridad electoral, por lo que el IFE hubo de cerrar en una primera instancia sus indagatorias. Hubo de recurrirse tal decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE se tuvo que presentar como tercer interesado en distintos juicios de amparo y fue menester que el asunto llegara a la Suprema Corte para que fluyera la información que permitiría determinar si, en efecto, había habido una red de financiamiento oculto y, por tanto ilegal, a la campaña de Vicente Fox. La conclusión, tras casi tres años de investigación sorteando obstáculos legales y políticos fue que sí, que en efecto el candidato del PAN y del PVEM se benefició de dinero proveniente de fuentes prohibidas.
En concreto, la documentación bancaria a la que accedió el IFE demostró, entre otras cosas, las siguientes (para una revisión exhaustiva del caso se puede consultar el libro que Lorenzo Córdova escribió junto con el autor de esta nota, titulado Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, 2006): que tres empresas propiedad de Lino Korrodi transfirieron importantes sumas de dinero (la empresa ST & K un total de $765,657 pesos; la empresa K-Beta un monto de $9,625,606 pesos, y la empresa Grupo Alta Tecnología de Impresos la suma de $3,402,321 pesos) a las cuentas de Carlota y Laura Robinson, las cuales, a su vez, canalizaron esos montos —y otros captados de la cuenta del PAN en el Senado de la República— a la asociación civil Amigos de Vicente Fox y al fideicomiso Para el Desarrollo de la Democracia en México que, junto con otros actores —como la asociación Éxito con Fox—, gastaron hasta 91.2 millones de pesos en las actividades proselitistas del candidato Fox.
Los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista se hicieron merecedores de una sanción de las autoridades electorales por 399 millones de pesos y por 98.7 millones respectivamente. Fue la primera vez en México, y una de las pocas ocasiones en el mundo, en que el partido político gobernante recibe una sanción por incurrir en una trama de financiamiento ilegal en la campaña del presidente en funciones.
Hoy la dirigencia del PRD estudia hacer su candidato al cerebro de esa red de financiamiento ilegal que benefició a un partido político rival y que llevó a la derecha al gobierno de México. ¿Es que en el PRD se aprecia no el valor de la conducta moral de Korrodi sino el éxito de su actuación? ¿El PRD en vez de estar orgulloso por denunciar y ver cómo se sancionó una operación de financiamiento político ilegal, se siente decepcionado porque dicha trama no fue fraguada en sus filas y a su favor? ¿Es que el PRD considera que no hay entre sus militantes tamaulipecos nadie con más atributos políticos? ¿Acaso en el PRD se siente tan distante de los problemas de una entidad tan sometida a la violencia del narco, como es Tamaulipas, como para proponer a un “empresario” de ese perfil? ¿O es que, como en la película El día de la marmota, cada amanecer viene ocurriendo en la misma fecha y estamos atrapados en el 28 de diciembre y esto no es más que una mala broma?

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