ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ“Las leyes de Dios están por encima de las leyes del hombre”. Tal ha sido la frase que ha removido las brasas de un viejo debate que ha dividido a los mexicanos, provocando incluso la guerra civil. Y si bien tras esa frase prevalece una visión de la vida desde la fe, evidencia a la vez una posición política frente al Estado, sus leyes e instituciones, más aún en una sociedad cada vez más plural y diversa que hace exigibles sus derechos, en especial a ser diferentes.
En México la separación del Estado y las iglesias, ha estado indisolublemente atado a las disputas entre liberales y conservadores. Así la Constitución liberal de 1857, estableció ésta separación y conllevó más adelante a las Leyes de Reforma, que desamortizaron los bienes del clero católico y eliminaron los privilegios que gozaba la jerarquía eclesiástica. Ello sería ratificado en la Constitución de 1917, que tras los viejos fueros que toleró el porfiriato, estableció la educación laica, lo que animó las tensiones entre el Estado y la iglesia, que tras las desavenencias con Obregón y Calles, llevaron a la guerra cristera en el país, en un episodio oprobioso de intolerancia y autoritarismo en la historia del país.
Tras las cuestionadas elecciones de 1988 y la falta de legitimidad del gobierno federal, en 1992 Salinas de Gortari modificó radicalmente esta relación al otorgar personalidad jurídica a las iglesias y derecho a votar a los ministros de culto. Reanudándose, luego de más de un siglo, las relaciones diplomáticas entre México y el Estado del Vaticano, manteniendo la restricción a los curas para ser votados, el control para el ingreso de personal religioso extranjero y la limitación a las iglesias para ser propietarias de bienes inmuebles y medios de comunicación.
Hoy en un nuevo escenario de confrontación, resurge este debate alentado por una derecha desmemoriada que bien podría sintetizar su forma de pensar en las declaraciones del dirigente del PAN que no distan mucho de la célebre declaración —una más— del ex presidente Vicente Fox cuando respondió: “¿El Estado laico, y eso con qué se come?”.
Paradójicamente, en las instituciones creadas por las leyes del hombre se encuentra el Estado laico o “no confesional", que plantea con toda claridad la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias, en una sociedad que permite el ejercicio pleno de las libertades individuales.
El Estado laico no es, como algunos suponen, un Estado anticlerical o antirreligioso, por el contrario, la República laica garantiza el libre ejercicio de todos los credos, ideologías y convicciones filosóficas. La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los asuntos del interés público y lo religioso.
El Estado laico distingue entre norma religiosa, norma moral y norma legal y las decisiones legislativas encuentran su fuente de legitimidad en la soberanía popular, es decir en la representación ciudadana de una sociedad diversa.
En un Estado laico, el Estado no impone a los ciudadanos religión o creencia alguna y se mantiene neutral frente a las ideas, religiones e iglesias y nadie, incluso quienes pertenecen al grupo mayoritario, puede imponer a otro una visión hegemónica en su forma de pensar ni en su concepción sobre la vida o del mundo.
El propio Vaticano así lo ha reconocido. El Concilio Vaticano II estableció que: “La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. Entre el Estado y la Iglesia debe existir, un mutuo respeto a la autonomía de cada parte. La laicidad del estado no debe equivaler a hostilidad o indiferencia contra la religión o contra la Iglesia. Más bien dicha laicidad debería ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado. La base de la cooperación está en que ejercer la religión es un derecho constitucional y beneficioso para la sociedad”.
No es alentando nuevamente los rescoldos de la división, lo que procurará la sana convivencia y el desarrollo de una sociedad que debe reconocerse y respetar las diferencias entre sus integrantes El respeto a disentir y al derecho a ser diferentes deben ser las bases de una Nación que hoy se nos escapa de las manos.
En México la separación del Estado y las iglesias, ha estado indisolublemente atado a las disputas entre liberales y conservadores. Así la Constitución liberal de 1857, estableció ésta separación y conllevó más adelante a las Leyes de Reforma, que desamortizaron los bienes del clero católico y eliminaron los privilegios que gozaba la jerarquía eclesiástica. Ello sería ratificado en la Constitución de 1917, que tras los viejos fueros que toleró el porfiriato, estableció la educación laica, lo que animó las tensiones entre el Estado y la iglesia, que tras las desavenencias con Obregón y Calles, llevaron a la guerra cristera en el país, en un episodio oprobioso de intolerancia y autoritarismo en la historia del país.
Tras las cuestionadas elecciones de 1988 y la falta de legitimidad del gobierno federal, en 1992 Salinas de Gortari modificó radicalmente esta relación al otorgar personalidad jurídica a las iglesias y derecho a votar a los ministros de culto. Reanudándose, luego de más de un siglo, las relaciones diplomáticas entre México y el Estado del Vaticano, manteniendo la restricción a los curas para ser votados, el control para el ingreso de personal religioso extranjero y la limitación a las iglesias para ser propietarias de bienes inmuebles y medios de comunicación.
Hoy en un nuevo escenario de confrontación, resurge este debate alentado por una derecha desmemoriada que bien podría sintetizar su forma de pensar en las declaraciones del dirigente del PAN que no distan mucho de la célebre declaración —una más— del ex presidente Vicente Fox cuando respondió: “¿El Estado laico, y eso con qué se come?”.
Paradójicamente, en las instituciones creadas por las leyes del hombre se encuentra el Estado laico o “no confesional", que plantea con toda claridad la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias, en una sociedad que permite el ejercicio pleno de las libertades individuales.
El Estado laico no es, como algunos suponen, un Estado anticlerical o antirreligioso, por el contrario, la República laica garantiza el libre ejercicio de todos los credos, ideologías y convicciones filosóficas. La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los asuntos del interés público y lo religioso.
El Estado laico distingue entre norma religiosa, norma moral y norma legal y las decisiones legislativas encuentran su fuente de legitimidad en la soberanía popular, es decir en la representación ciudadana de una sociedad diversa.
En un Estado laico, el Estado no impone a los ciudadanos religión o creencia alguna y se mantiene neutral frente a las ideas, religiones e iglesias y nadie, incluso quienes pertenecen al grupo mayoritario, puede imponer a otro una visión hegemónica en su forma de pensar ni en su concepción sobre la vida o del mundo.
El propio Vaticano así lo ha reconocido. El Concilio Vaticano II estableció que: “La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. Entre el Estado y la Iglesia debe existir, un mutuo respeto a la autonomía de cada parte. La laicidad del estado no debe equivaler a hostilidad o indiferencia contra la religión o contra la Iglesia. Más bien dicha laicidad debería ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado. La base de la cooperación está en que ejercer la religión es un derecho constitucional y beneficioso para la sociedad”.
No es alentando nuevamente los rescoldos de la división, lo que procurará la sana convivencia y el desarrollo de una sociedad que debe reconocerse y respetar las diferencias entre sus integrantes El respeto a disentir y al derecho a ser diferentes deben ser las bases de una Nación que hoy se nos escapa de las manos.
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