CARMEN ARISTEGUIEl gobierno de Felipe Calderón acaba de echar a andar, a través de la PGR, dos acciones legales a cual más lamentables y perniciosas en caso de que prosperen.
Esperado era que se utilizara al Ministerio Público federal para intentar echar abajo la reciente legislación sobre derechos de los homosexuales. La PGR impugnó ante la Corte la ley que permite matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo. Argumenta que las reformas al Código Civil para el Distrito Federal violan la Constitución y trastocan el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia, entre otras cosas. Hay en el fondo una concepción conservadora y religiosa, alejada del conocimiento científico que existe en la materia para impugnar los avances en favor de los derechos de los homosexuales. El asunto, por cierto, le dio oportunidad al nuevo ombudsman nacional para sacudirse el fantasma de su antecesor, José Luis Soberanes, al decidir no interponer una acción similar ante la Corte, considerando, después de analizarlo jurídicamente, que: "... debe garantizarse el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas, sin distinción alguna". Bien por él. Veremos qué dice la Corte, que vuelve a tener la palabra en temas de esta naturaleza.
El otro asunto es gravísimo y vergonzoso. Se pretende, como lo informó El Universal, que la Corte valide una reforma aprobada en Campeche que afecta seriamente la transparencia y el acceso a la información. Con ello se pretende tomar vuelo para impulsar una reforma mayor que el gobierno federal se trae entre manos en el mismo sentido. La reforma campechana permite a todos los órganos y dependencias públicas que no estén dispuestas a dar a conocer la información que la Comisión de Transparencia estatal haya ordenado entregar o difundir que puedan recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia para que se pueda revertir esa orden. Un verdadero retroceso y una señal clara de los intentos para cerrar el paso a las exigencias ciudadanas de información pública. Lo de Campeche es ominoso. Lo de ir a la Corte, usando lo de Campeche para hacer lo ominoso un asunto nacional, es casi un crimen en contra del IFAI. Ya de por sí fue una mala señal colocar en el Consejo del IFAI a quien fuera consejera de la Presidencia en seguridad nacional -materia que más se emparenta con el sigilo, la secrecía y el resguardo de información que con el impulso de abrir y transparentar. Ni se diga ignorar el llamado para promover una reforma constitucional que permitiera más fuerza y autonomía para la instancia pública de información y transparencia. Lejos de eso, ahora pretenden debilitarla y supeditar sus decisiones -hoy definitivas- a alguna instancia de carácter judicial. Si lo logran -cosa que pongo en duda por lo burdo de la acción-, sería un golpe certero que haría retroceder en esfuerzos y recursos invertidos por México para construir una nueva cultura y legalidad en materia de información. En los últimos años ha crecido el número de ciudadan@s que entienden que la información es un bien público y que acceder a ella de manera amplia y libre -sólo con las restricciones que establece la ley- es uno de sus derechos fundamentales. Aún con deficiencias y retos múltiples, es innegable que el acceso a la información ha ido ganando un terreno que hoy se pretende recortar. ¿Se imagina el lector qué significaría para este tema la ruta que nos pretende asestar? Hoy es de uso casi común que una persona acuda ante alguna autoridad para pedir cualquier información que sea de su interés. Si recibe como respuesta una negativa, entonces acude al IFAI, como lo han hecho miles en los últimos años, y el IFAI -si no está en el marco de las excepciones que establece la ley- ordena a esa autoridad que le entregue al ciudadano lo que es su puro derecho: la información. La decisión es inapelable. Así de claro. Así de simple. El asunto, todo parece indicar, le ha dejado de gustar a los gobernantes. Hoy pretenden -si la Corte lo permite- que esa autoridad rejega pueda inconformarse ante algún tribunal con esa decisión que lo obliga a informar a las personas. Si esto avanza, el individuo que quería la información tendrá que esperar -en los tiempos judiciales podría ser una eternidad- a que el litigio se resuelva y se decida qué hacer con la información solicitada. Sería imperdonable que la sociedad mexicana se los permitiera. Estaríamos ante una auténtica regresión y un triunfo para la opacidad, esa gran aliada de la corrupción.
Esperado era que se utilizara al Ministerio Público federal para intentar echar abajo la reciente legislación sobre derechos de los homosexuales. La PGR impugnó ante la Corte la ley que permite matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo. Argumenta que las reformas al Código Civil para el Distrito Federal violan la Constitución y trastocan el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia, entre otras cosas. Hay en el fondo una concepción conservadora y religiosa, alejada del conocimiento científico que existe en la materia para impugnar los avances en favor de los derechos de los homosexuales. El asunto, por cierto, le dio oportunidad al nuevo ombudsman nacional para sacudirse el fantasma de su antecesor, José Luis Soberanes, al decidir no interponer una acción similar ante la Corte, considerando, después de analizarlo jurídicamente, que: "... debe garantizarse el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas, sin distinción alguna". Bien por él. Veremos qué dice la Corte, que vuelve a tener la palabra en temas de esta naturaleza.
El otro asunto es gravísimo y vergonzoso. Se pretende, como lo informó El Universal, que la Corte valide una reforma aprobada en Campeche que afecta seriamente la transparencia y el acceso a la información. Con ello se pretende tomar vuelo para impulsar una reforma mayor que el gobierno federal se trae entre manos en el mismo sentido. La reforma campechana permite a todos los órganos y dependencias públicas que no estén dispuestas a dar a conocer la información que la Comisión de Transparencia estatal haya ordenado entregar o difundir que puedan recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia para que se pueda revertir esa orden. Un verdadero retroceso y una señal clara de los intentos para cerrar el paso a las exigencias ciudadanas de información pública. Lo de Campeche es ominoso. Lo de ir a la Corte, usando lo de Campeche para hacer lo ominoso un asunto nacional, es casi un crimen en contra del IFAI. Ya de por sí fue una mala señal colocar en el Consejo del IFAI a quien fuera consejera de la Presidencia en seguridad nacional -materia que más se emparenta con el sigilo, la secrecía y el resguardo de información que con el impulso de abrir y transparentar. Ni se diga ignorar el llamado para promover una reforma constitucional que permitiera más fuerza y autonomía para la instancia pública de información y transparencia. Lejos de eso, ahora pretenden debilitarla y supeditar sus decisiones -hoy definitivas- a alguna instancia de carácter judicial. Si lo logran -cosa que pongo en duda por lo burdo de la acción-, sería un golpe certero que haría retroceder en esfuerzos y recursos invertidos por México para construir una nueva cultura y legalidad en materia de información. En los últimos años ha crecido el número de ciudadan@s que entienden que la información es un bien público y que acceder a ella de manera amplia y libre -sólo con las restricciones que establece la ley- es uno de sus derechos fundamentales. Aún con deficiencias y retos múltiples, es innegable que el acceso a la información ha ido ganando un terreno que hoy se pretende recortar. ¿Se imagina el lector qué significaría para este tema la ruta que nos pretende asestar? Hoy es de uso casi común que una persona acuda ante alguna autoridad para pedir cualquier información que sea de su interés. Si recibe como respuesta una negativa, entonces acude al IFAI, como lo han hecho miles en los últimos años, y el IFAI -si no está en el marco de las excepciones que establece la ley- ordena a esa autoridad que le entregue al ciudadano lo que es su puro derecho: la información. La decisión es inapelable. Así de claro. Así de simple. El asunto, todo parece indicar, le ha dejado de gustar a los gobernantes. Hoy pretenden -si la Corte lo permite- que esa autoridad rejega pueda inconformarse ante algún tribunal con esa decisión que lo obliga a informar a las personas. Si esto avanza, el individuo que quería la información tendrá que esperar -en los tiempos judiciales podría ser una eternidad- a que el litigio se resuelva y se decida qué hacer con la información solicitada. Sería imperdonable que la sociedad mexicana se los permitiera. Estaríamos ante una auténtica regresión y un triunfo para la opacidad, esa gran aliada de la corrupción.
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