CIRO MURAYAMA RENDÓNEl 2010 es año de bicentenario de la Independencia y, por ello, el Censo Nacional de Población y Vivienda que ha de levantarse ahora, como en cada inicio de década desde 1900, debería ser el instrumento por excelencia del Estado mexicano para conocernos como sociedad, como nación, para identificar nuestra riqueza poblacional, pero también nuestros déficit sociales y las áreas prioritarias de acción en materia de bienestar.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, sin embargo, el primero que aplicará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su calidad de autónomo, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos que se le han conferido.
La Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) manifestó el 15 de diciembre que ve “con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica”.
La argumentación oficial para recortar preguntas al censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Ello llama la atención porque la Junta de Gobierno del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística elaboró en septiembre del año anterior su anteproyecto de presupuesto —solicitando un total de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010 (Acuerdo 7ª/II/2009), de los que se destinarían 4 mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda—; luego, la Cámara de Diputados aprobó, para el INEGI, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, ¡lo mismo que el Instituto había considerado conveniente! Si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del INEGI.
Como si hubiese algo más importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real de la desigualdad social que las encuestas no captan —pues simplemente no llegan a los estratos de más altos ingresos—.
Asimismo, el cuestionario básico del Censo, que se aplica en todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral.
La exclusión de preguntas sobre ingreso y condición de actividad es grave porque a partir de esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias estadísticas, públicas y privadas, por venir.
Peor aún, los responsables del Censo de Población y Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer —menos todavía sobre hijos sobrevivientes—, con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las que hace el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Se descarta en el Censo, también, recabar información sobre migración en nuestro territorio a nivel de municipio.
Otra omisión se refiere a la pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro de la diversidad étnica.
Esa información se pretende obtener a través del cuestionario extenso, que se aplicará sólo en localidades con más de 50 mil habitantes, cuando es de todos sabido que una característica de las poblaciones indígenas es su dispersión.
En cambio, los responsables del Censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido.
El Censo del Bicentenario, con estas deficiencias, puede ser un retroceso frente a ejercicios previos. Como señalan los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, el diseño de este censo “afecta de manera muy importante el alcance de esta fuente de información estadística en materia de planeación y definición de políticas públicas”.
Es menester que se recapacite, incluso que el Censo se posponga para 2011, si ello implica hacerlo bien. En este delicado tema, a diferencia de lo que reza el eslogan, México no parece contar con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, sin embargo, el primero que aplicará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su calidad de autónomo, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos que se le han conferido.
La Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) manifestó el 15 de diciembre que ve “con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica”.
La argumentación oficial para recortar preguntas al censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Ello llama la atención porque la Junta de Gobierno del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística elaboró en septiembre del año anterior su anteproyecto de presupuesto —solicitando un total de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010 (Acuerdo 7ª/II/2009), de los que se destinarían 4 mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda—; luego, la Cámara de Diputados aprobó, para el INEGI, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, ¡lo mismo que el Instituto había considerado conveniente! Si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del INEGI.
Como si hubiese algo más importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real de la desigualdad social que las encuestas no captan —pues simplemente no llegan a los estratos de más altos ingresos—.
Asimismo, el cuestionario básico del Censo, que se aplica en todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral.
La exclusión de preguntas sobre ingreso y condición de actividad es grave porque a partir de esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias estadísticas, públicas y privadas, por venir.
Peor aún, los responsables del Censo de Población y Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer —menos todavía sobre hijos sobrevivientes—, con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las que hace el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Se descarta en el Censo, también, recabar información sobre migración en nuestro territorio a nivel de municipio.
Otra omisión se refiere a la pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro de la diversidad étnica.
Esa información se pretende obtener a través del cuestionario extenso, que se aplicará sólo en localidades con más de 50 mil habitantes, cuando es de todos sabido que una característica de las poblaciones indígenas es su dispersión.
En cambio, los responsables del Censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido.
El Censo del Bicentenario, con estas deficiencias, puede ser un retroceso frente a ejercicios previos. Como señalan los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, el diseño de este censo “afecta de manera muy importante el alcance de esta fuente de información estadística en materia de planeación y definición de políticas públicas”.
Es menester que se recapacite, incluso que el Censo se posponga para 2011, si ello implica hacerlo bien. En este delicado tema, a diferencia de lo que reza el eslogan, México no parece contar con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
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