ANA LAURA MAGALONI KERPELAsí como los "antreros" negocian con las autoridades un trato distinto al que marca la ley, de diferentes formas y en otros contextos, a todos nos gustan las excepciones
Esta semana muchos periódicos han tenido en sus primeras planas y hasta en ocho columnas el problema de la corrupción y los antros de la Ciudad de México. Casi como si de repente, a propósito de la agresión contra el futbolista Salvador Cabañas, descubriéramos que todos los antros de la capital dan mordida para no cerrar a la hora que marca la ley, que las verificaciones que hacen regularmente las autoridades son una fuente de corrupción y que en realidad el marco normativo dice una cosa y que lo que sucede es otra. Nada de ello es sorprendente. Lo que sí lo fuera es que sucediera lo contrario. Así funciona una parte central de la relación entre ciudadanos y autoridades: las normas se negocian y su aplicación no es igual para todos. El trato VIP existe en muchos servicios públicos y cuanto más poder, dinero o influencias se tengan, mayores posibilidades de obtener beneficios de ello. El grosor del piso de igualdad ante la ley es muy delgado. Ahí radica, en mi opinión, el problema central de nuestro débil Estado de derecho.
Según la literatura académica, una de las variables que explican el acatamiento voluntario de las normas es la percepción de que los otros las cumplen. Dicho de otra forma, cuando los ciudadanos perciben que unos dejan de cumplir, es probable que también lo hagan. Ello genera espirales de incumplimiento. En el caso de los antros es clarísimo. Si los antros vecinos empiezan a cerrar a las 5:00 horas, es racional, si se quiere que el negocio sobreviva, terminar pagando la mordida para cerrar a esa misma hora. Un trato igual es tan o más importante que la amenaza de castigo para acatar las normas. El caso de los antros es muy interesante pues, según la información que se ha publicado en la prensa, parece que de alguna forma lo que se logró fue un equilibrio inverso: la igualdad no es ante la ley sino ante la violación de la misma. Ninguno cumple con la normatividad y todos ellos pagan mordida. Sin duda ello es mejor que los casos en donde los que tienen fama o dinero obtienen un trato VIP, y los que no, se les aplica la ley.
Me parece completamente equivocado intentar poner orden en los antros lanzando operativos de verificación por toda la ciudad, haciendo una cacería de brujas en la Delegación Álvaro Obregón o poniendo en marcha el órgano verificador. Nada de ello va a resolver el problema. Pronto el asun- to desaparecerá de los medios de comunicación y se volverá a restablecer el equilibrio perverso, con la salvedad de que quizá ahora las mordidas tengan que ser más altas pues los dueños de los antros tendrán que "arreglarse" con las autoridades de las delegaciones y con las del órgano verificador.
Por qué no comenzar por intentar metas más modestas: lograr que se apliquen dos o tres reglas básicas a todos los antros por igual: control de armas, control de alcohol adulterado y salidas de emergencia, por ejemplo. Claro, se requiere que haya un grupo de verificadores, de preferencia pocos y bajo la supervisión directa del jefe de Gobierno en vez de estar descentralizados en las delegaciones. No obstante, lo más importante no está ahí. De lo que se trata, si de verdad se quiere comenzar a poner orden en ese ámbito, es de lograr que los dueños de los antros acuerden ser "iguales" en esas tres cosas. Un acuerdo así puede ser mucho menos costoso que estar dando mordidas todos los meses. Pero, además, yo creo que sin ese "pacto básico de igualdad" entre los dueños de los antros el equilibrio perverso que hoy existe no se va a romper. Más normas y más verificadores que amenazan con castigos, ya lo hemos visto, lo que generan es más corrupción y más incumplimiento.
Esa necesidad de pacto de igualdad no sólo es un asunto de los antros. Es algo que requiere esta sociedad para fortalecer el Estado de derecho. Así como los "antreros" negocian con las autoridades un trato distinto al que marca la ley, de diferentes formas y en otros contextos, a todos nos gustan las excepciones. No somos una sociedad que se hilvana a través de igualdad ciudadana propia de las democracias consolidadas. El asunto de la negociación de la ley y el trato VIP forman parte intrínseca de un equilibrio social que hace que nos asemejemos a una sociedad de castas. Para romper ese equilibrio, como en el caso de los antros, hay que comenzar pactando en lo que estamos dispuestos a ser todos iguales. Quizá esto último ya no resulte tan atractivo. Somos una sociedad a la que le gustan las excepciones, los antros sólo son un ejemplo más de ello.
Esta semana muchos periódicos han tenido en sus primeras planas y hasta en ocho columnas el problema de la corrupción y los antros de la Ciudad de México. Casi como si de repente, a propósito de la agresión contra el futbolista Salvador Cabañas, descubriéramos que todos los antros de la capital dan mordida para no cerrar a la hora que marca la ley, que las verificaciones que hacen regularmente las autoridades son una fuente de corrupción y que en realidad el marco normativo dice una cosa y que lo que sucede es otra. Nada de ello es sorprendente. Lo que sí lo fuera es que sucediera lo contrario. Así funciona una parte central de la relación entre ciudadanos y autoridades: las normas se negocian y su aplicación no es igual para todos. El trato VIP existe en muchos servicios públicos y cuanto más poder, dinero o influencias se tengan, mayores posibilidades de obtener beneficios de ello. El grosor del piso de igualdad ante la ley es muy delgado. Ahí radica, en mi opinión, el problema central de nuestro débil Estado de derecho.
Según la literatura académica, una de las variables que explican el acatamiento voluntario de las normas es la percepción de que los otros las cumplen. Dicho de otra forma, cuando los ciudadanos perciben que unos dejan de cumplir, es probable que también lo hagan. Ello genera espirales de incumplimiento. En el caso de los antros es clarísimo. Si los antros vecinos empiezan a cerrar a las 5:00 horas, es racional, si se quiere que el negocio sobreviva, terminar pagando la mordida para cerrar a esa misma hora. Un trato igual es tan o más importante que la amenaza de castigo para acatar las normas. El caso de los antros es muy interesante pues, según la información que se ha publicado en la prensa, parece que de alguna forma lo que se logró fue un equilibrio inverso: la igualdad no es ante la ley sino ante la violación de la misma. Ninguno cumple con la normatividad y todos ellos pagan mordida. Sin duda ello es mejor que los casos en donde los que tienen fama o dinero obtienen un trato VIP, y los que no, se les aplica la ley.
Me parece completamente equivocado intentar poner orden en los antros lanzando operativos de verificación por toda la ciudad, haciendo una cacería de brujas en la Delegación Álvaro Obregón o poniendo en marcha el órgano verificador. Nada de ello va a resolver el problema. Pronto el asun- to desaparecerá de los medios de comunicación y se volverá a restablecer el equilibrio perverso, con la salvedad de que quizá ahora las mordidas tengan que ser más altas pues los dueños de los antros tendrán que "arreglarse" con las autoridades de las delegaciones y con las del órgano verificador.
Por qué no comenzar por intentar metas más modestas: lograr que se apliquen dos o tres reglas básicas a todos los antros por igual: control de armas, control de alcohol adulterado y salidas de emergencia, por ejemplo. Claro, se requiere que haya un grupo de verificadores, de preferencia pocos y bajo la supervisión directa del jefe de Gobierno en vez de estar descentralizados en las delegaciones. No obstante, lo más importante no está ahí. De lo que se trata, si de verdad se quiere comenzar a poner orden en ese ámbito, es de lograr que los dueños de los antros acuerden ser "iguales" en esas tres cosas. Un acuerdo así puede ser mucho menos costoso que estar dando mordidas todos los meses. Pero, además, yo creo que sin ese "pacto básico de igualdad" entre los dueños de los antros el equilibrio perverso que hoy existe no se va a romper. Más normas y más verificadores que amenazan con castigos, ya lo hemos visto, lo que generan es más corrupción y más incumplimiento.
Esa necesidad de pacto de igualdad no sólo es un asunto de los antros. Es algo que requiere esta sociedad para fortalecer el Estado de derecho. Así como los "antreros" negocian con las autoridades un trato distinto al que marca la ley, de diferentes formas y en otros contextos, a todos nos gustan las excepciones. No somos una sociedad que se hilvana a través de igualdad ciudadana propia de las democracias consolidadas. El asunto de la negociación de la ley y el trato VIP forman parte intrínseca de un equilibrio social que hace que nos asemejemos a una sociedad de castas. Para romper ese equilibrio, como en el caso de los antros, hay que comenzar pactando en lo que estamos dispuestos a ser todos iguales. Quizá esto último ya no resulte tan atractivo. Somos una sociedad a la que le gustan las excepciones, los antros sólo son un ejemplo más de ello.
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