JENARO VILLAMILCon el título de “El poder del perro”, el guionista estadunidense Don Winslow noveló, con datos reales en algunos casos, la penetración del narcotráfico en la vida mexicana.
Winslow describe claramente que el “poder del perro” no sería posible sin la complicidad de los cuerpos de inteligencia estadunidenses y mexicanos, de las autoridades policiacas, militares, políticas y hasta eclesiásticas. Las redes alcanzan los niveles más insospechados.
Lo que en la obra de Winslow es una especie de ‘docudrama’ de la situación mexicana –teniendo como epicentro a la Tijuana de los Arellano Félix y el poder de Miguel Ángel Félix Gallardo, el otrora “jefe de jefes”-- en Ciudad Juárez, Chihuahua, el otro polo fronterizo del trasiego de drogas, armas y migrantes a Estados Unidos, se ha convertido en una auténtica tragedia.
En esta ciudad no hay lugar para los débiles ni para la justicia. La urbe de un millón 400 mil habitantes está clasificada en 2010 como la más violenta del mundo, según los datos de la organización Movimiento Blanco.
En los últimos tres años (2007 a 2009), las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado se incrementaron en 800% en esta frontera.
Tan sólo en 2009, los homicidios dolosos sumaron 2 mil 658 personas. Y en los primeros once días de este 2010, la cifra ha alcanzado cien asesinatos en menos de una quincena.
Lo peor es que estos datos no se corresponden con expedientes y seguimientos judiciales precisos de cada uno de los casos. La “segunda muerte” en Juárez es el anonimato de las propias víctimas de la ola de violencia.
El castigo brutal, inmerecido y dantesco que viven los habitantes de Juárez no tiene paralelo con ninguna otra ciudad mexicana.
Los juarenses saben bien que se trata de “el poder de la línea” lo que ha generado la espiral reciente de inseguridad, violencia y miedo.
Algunos de los más informados se atreven a aventurar que se trata de un reacomodo tremendo para entregarle esta plaza al cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo más poderoso de los sexenios panistas, enfrentado a sus adversarios del propio cártel de Juárez, del Golfo y Los Zetas, aliados, al parecer, a las redes de los Beltrán Leyva. El imperio de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, se ha convertido en el botín más preciado.
El castigo es tremendo porque desde 1992 y 1993 la negligencia de las autoridades municipales, estatales, federales y binacionales sólo ha agravado la situación.
Primero Ciudad Juárez alcanzó notoriedad mundial por la barbarie cometida contra más de 400 mujeres asesinadas. La orgía de odio, impunidad y complacencia frente a los crímenes seriales y a la violencia de género nunca ha sido aplacada por las protestas y denuncias de decenas de organizaciones locales e internacionales. Al contrario, a mayor protesta, mayor impunidad.
El expediente relacionado con los ocho cuerpos de mujeres jóvenes encontradas hace casi diez años en el lote algodonero –un sitio ubicado en el corazón de la zona maquiladora de Juárez-- llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La sentencia no tiene medias tintas: es el Estado mexicano el responsable de 17 años de feminicidio continuado. Ni los exgobiernos del PAN y del PRI en Chihuahua, ni el del presidente Felipe Calderón, se han inmutado ante el vergonzoso veredicto.
Al expediente de los crímenes de odio contra las mujeres se ha sumado el de cientos de desaparecidos. Algunos cuerpos han sido encontrados en ‘narcofosas’. Se calcula que existen más de 20 casas de seguridad donde aún están cadáveres no encontrados.
En 2003-2004, el gobierno panista de Vicente Fox quiso aminorar la presión de la opinión pública nacional e internacional con un operativo policiaco que no frenó la espiral de violencia en Ciudad Juárez.
Sólo por dar un ejemplo de la simulación que se vivió en esos meses: mientras los “muchachos” de la Policía Federal Preventiva perseguían a los delincuentes en los barrios pobres, al lado de la delegación de la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez operaba una discoteca que todo mundo sabía que pertenecía al “cártel”. Era una pirámide ostentosa que imitaba a las egipcias.
La situación se agravó en este sexenio. Desde 2007 a la fecha, el Operativo Conjunto Chihuahua abrió las compuertas del infierno. Al feminicidio, los desaparecidos y los crímenes entre sicarios y contra autoridades ministeriales, se han agregado la industria del secuestro –los capos en pugna requieren dinero en efectivo, rápido y en grandes cantidades--, así como la persecución y el asesinato de periodistas y activistas de organizaciones de derechos humanos.
Las ejecuciones recientes de Josefina Reyes, de Jesús Alfredo Portillo Santos y de Flor Alicia Gómez López sólo han incrementado una sospecha en Juárez: a la guerra entre bandas del crimen organizado se ha sumado la guerra de efectivos militares en contra de los activistas (ver reportaje de Gloria Leticia Díaz, Proceso 1732).
El gobernador saliente Jesús Reyes Baeza y el alcalde juarense José Reyes Ferriz anunciaron hace dos días que se pondrá en marcha un Plan de Intervención Juárez, con la participación de “asesores” colombianos y estadunidenses para este año.
En otras palabras, Juárez vivirá “el poder del perro” en su máxima expresión: una cabeza de playa del intervencionismo sin que existan garantías básicas para los habitantes de esta ciudad.
Ciudad Juárez seguirá siendo el termómetro de nuestro fracaso como nación, que soñó con la transición democrática y amaneció con “el poder del perro” en las entrañas.
Winslow describe claramente que el “poder del perro” no sería posible sin la complicidad de los cuerpos de inteligencia estadunidenses y mexicanos, de las autoridades policiacas, militares, políticas y hasta eclesiásticas. Las redes alcanzan los niveles más insospechados.
Lo que en la obra de Winslow es una especie de ‘docudrama’ de la situación mexicana –teniendo como epicentro a la Tijuana de los Arellano Félix y el poder de Miguel Ángel Félix Gallardo, el otrora “jefe de jefes”-- en Ciudad Juárez, Chihuahua, el otro polo fronterizo del trasiego de drogas, armas y migrantes a Estados Unidos, se ha convertido en una auténtica tragedia.
En esta ciudad no hay lugar para los débiles ni para la justicia. La urbe de un millón 400 mil habitantes está clasificada en 2010 como la más violenta del mundo, según los datos de la organización Movimiento Blanco.
En los últimos tres años (2007 a 2009), las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado se incrementaron en 800% en esta frontera.
Tan sólo en 2009, los homicidios dolosos sumaron 2 mil 658 personas. Y en los primeros once días de este 2010, la cifra ha alcanzado cien asesinatos en menos de una quincena.
Lo peor es que estos datos no se corresponden con expedientes y seguimientos judiciales precisos de cada uno de los casos. La “segunda muerte” en Juárez es el anonimato de las propias víctimas de la ola de violencia.
El castigo brutal, inmerecido y dantesco que viven los habitantes de Juárez no tiene paralelo con ninguna otra ciudad mexicana.
Los juarenses saben bien que se trata de “el poder de la línea” lo que ha generado la espiral reciente de inseguridad, violencia y miedo.
Algunos de los más informados se atreven a aventurar que se trata de un reacomodo tremendo para entregarle esta plaza al cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo más poderoso de los sexenios panistas, enfrentado a sus adversarios del propio cártel de Juárez, del Golfo y Los Zetas, aliados, al parecer, a las redes de los Beltrán Leyva. El imperio de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, se ha convertido en el botín más preciado.
El castigo es tremendo porque desde 1992 y 1993 la negligencia de las autoridades municipales, estatales, federales y binacionales sólo ha agravado la situación.
Primero Ciudad Juárez alcanzó notoriedad mundial por la barbarie cometida contra más de 400 mujeres asesinadas. La orgía de odio, impunidad y complacencia frente a los crímenes seriales y a la violencia de género nunca ha sido aplacada por las protestas y denuncias de decenas de organizaciones locales e internacionales. Al contrario, a mayor protesta, mayor impunidad.
El expediente relacionado con los ocho cuerpos de mujeres jóvenes encontradas hace casi diez años en el lote algodonero –un sitio ubicado en el corazón de la zona maquiladora de Juárez-- llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La sentencia no tiene medias tintas: es el Estado mexicano el responsable de 17 años de feminicidio continuado. Ni los exgobiernos del PAN y del PRI en Chihuahua, ni el del presidente Felipe Calderón, se han inmutado ante el vergonzoso veredicto.
Al expediente de los crímenes de odio contra las mujeres se ha sumado el de cientos de desaparecidos. Algunos cuerpos han sido encontrados en ‘narcofosas’. Se calcula que existen más de 20 casas de seguridad donde aún están cadáveres no encontrados.
En 2003-2004, el gobierno panista de Vicente Fox quiso aminorar la presión de la opinión pública nacional e internacional con un operativo policiaco que no frenó la espiral de violencia en Ciudad Juárez.
Sólo por dar un ejemplo de la simulación que se vivió en esos meses: mientras los “muchachos” de la Policía Federal Preventiva perseguían a los delincuentes en los barrios pobres, al lado de la delegación de la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez operaba una discoteca que todo mundo sabía que pertenecía al “cártel”. Era una pirámide ostentosa que imitaba a las egipcias.
La situación se agravó en este sexenio. Desde 2007 a la fecha, el Operativo Conjunto Chihuahua abrió las compuertas del infierno. Al feminicidio, los desaparecidos y los crímenes entre sicarios y contra autoridades ministeriales, se han agregado la industria del secuestro –los capos en pugna requieren dinero en efectivo, rápido y en grandes cantidades--, así como la persecución y el asesinato de periodistas y activistas de organizaciones de derechos humanos.
Las ejecuciones recientes de Josefina Reyes, de Jesús Alfredo Portillo Santos y de Flor Alicia Gómez López sólo han incrementado una sospecha en Juárez: a la guerra entre bandas del crimen organizado se ha sumado la guerra de efectivos militares en contra de los activistas (ver reportaje de Gloria Leticia Díaz, Proceso 1732).
El gobernador saliente Jesús Reyes Baeza y el alcalde juarense José Reyes Ferriz anunciaron hace dos días que se pondrá en marcha un Plan de Intervención Juárez, con la participación de “asesores” colombianos y estadunidenses para este año.
En otras palabras, Juárez vivirá “el poder del perro” en su máxima expresión: una cabeza de playa del intervencionismo sin que existan garantías básicas para los habitantes de esta ciudad.
Ciudad Juárez seguirá siendo el termómetro de nuestro fracaso como nación, que soñó con la transición democrática y amaneció con “el poder del perro” en las entrañas.
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