CIRO MURAYAMA
En la reciente campaña electoral en Estados Unidos se enfrentaron dos proyectos económicos incompatibles: el que proponía mantener los privilegios fiscales y reducir el gasto frente al que puso énfasis en la recuperación de la inversión, el crecimiento y la ampliación de los servicios públicos. En Europa ha sido hegemónica en estos años la visión en favor de la consolidación fiscal antes que de la reactivación económica, y así les va.
En México el gobierno propone hacer las dos cosas (incompatibles y contradictorias) a la vez: extender la infraestructura, recuperar el crecimiento, construir una seguridad social universal pero sin aumentar los impuestos (en monto y en tipo) y manteniendo el déficit fiscal cero (que en realidad no lo es) como la estrella polar de la política económica. Se apuesta por el equilibrio presupuestal de corto plazo y por reactivar el crecimiento al mismo tiempo, como si aquí mágicamente no existieran las grandes disyuntivas que encaran las demás economías del orbe.
Las decisiones centrales que anunció el presidente Peña Nieto el día de su toma de posesión, como la cruzada contra el hambre, la pensión universal para mayores de 65 años, el genuino acceso a la salud para todos, las grandes obras ferroviarias, requieren ingentes cantidades de recursos públicos. Lo mismo ocurre con buena parte de los compromisos sociales que se incluyen en el Pacto por México, firmado con los tres principales partidos políticos.
Sin embargo, el paquete económico 2013 prosigue con una política procíclica y que pone en entredicho las promesas sociales. Para empezar, aunque se reconoce que habrá una desaceleración de la economía mexicana (Hacienda espera que México crezca 3.5% en 2013, frente al 3.9% de 2012), en parte por el menor dinamismo de Estados Unidos, se renuncia a utilizar los instrumentos que favorecen la demanda agregada, pues se propone reducir el gasto público como componente del PIB del 25.3% en 2012 al 23.3% en 2013.
Lo anterior se explica en buena medida por la decisión de no aumentar los ingresos públicos, que también caerán como porcentaje del PIB a 21.4% en 2013 cuando en 2012 fueron de 23.7%. Los ingresos tributarios seguirán siendo muy bajos: 9.7% del PIB.
La inversión pública (gasto de capital) disminuirá 0.9% en 2013, según los criterios de política económica, y se reducen partidas clave en materia de crecimiento e infraestructura, como el gasto en transporte, que caerá 19%, o indispensables para el desarrollo sustentable, como la protección ambiental, cuyos recursos bajarán 24%.
El secretario de Hacienda se comprometió a no crear nuevos impuestos, a mantener el déficit cero y a explorar cómo reducir los llamados gastos fiscales. ¿Por qué no empezar por la ampliación del gasto desde 2013 y conseguir el equilibrio de forma gradual eliminando gastos fiscales y ampliando la recaudación a lo largo del sexenio? Porque la prioridad, aun cuando se reconoce el escenario contractivo actual, sigue sin ser el crecimiento.
Que un gobierno recién estrenado, y necesitado de recursos, descarte de entrada crear nuevos impuestos —como a las ganancias al capital, usuales en el mundo desarrollado, o a las transacciones financieras— implica que se autoimpone un corsé que le resta margen de acción para cumplir con sus propios objetivos y dichos. Y la mayor recaudación no puede dejarse para cuando haya reforma hacendaria, si es que la hay, porque ésta también se construye a partir de las definiciones fiscales del gobierno año con año.
No puede haber resultados sociales positivos si perdura la política económica ortodoxa. Mayor bienestar social y misma política económica son incompatibles. El paquete económico conspira contra el Pacto por México, por lo que sería deseable ver en el Congreso a una oposición genuinamente de izquierda en esta discusión presupuestal.
PD: por fin el INEGI reconoce que la informalidad laboral afecta a 60% de los trabajadores; más vale tarde.
*El Universal 13-12-12
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