LA REVISIÓN DEL PASADO*

ANA LAURA MAGALONI

Esta semana, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, le envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de llamar su atención sobre los saldos pendientes en materia de justicia producto de su antecesor. La misiva se centra principalmente en dos temas: tortura y desaparición forzada. "Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón -señala Vivanco-, Human Rights Watch logró demostrar mediante pruebas muy sólidas que en cinco estados, militares y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones e información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos de desaparición forzada y ejecuciones. Prácticamente ninguno de estos delitos ha sido investigado ni juzgado adecuadamente".

Uno de los mayores desafíos de la actual administración es la escabrosa y complicada tarea de revisar qué pasó durante el sexenio de Calderón con respecto al abuso en el uso de la fuerza de policías y Fuerzas Armadas en contra de ciudadanos. Por más que se quiera cerrar los ojos y pensar que "el pasado es el pasado", hoy existen miles de familias por todo el país buscando angustiosamente a algún ser querido desaparecido (no sabemos si fueron los delincuentes o las Fuerzas Armadas y la policía). La demanda de justicia es inconmensurable y no se va a acallar por el sólo paso del tiempo.

El primer gran problema es simplemente conocer qué pasó. Según publicó el Washington Post (29 de noviembre del 2012), la PGR señala que tiene registradas 25 mil personas desaparecidas. No sé si esa cifra es correcta o no, pero nadie la ha desmentido hasta el momento. Para dimensionar este dato es útil compararnos con otros países. Según la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Búsqueda de Colombia, en 2011 se estimaba que, en los últimos 30 años, Colombia registraba 51 mil casos de personas desaparecidas. Ello significa que en seis años, no en 30, México registra la mitad de personas desaparecidas con respecto a Colombia. Asimismo, durante la dictadura de Pinochet, de 1973 a 1990, Chile registró 3 mil personas desaparecidas y, en el caso de Argentina, de 1976 a 1983, los datos oficiales reportan 9 mil personas desaparecidas, mientras que las organizaciones civiles sostienen que fueron 30 mil. Todo parece indicar que, si la cifra de 25 mil personas desaparecidas es correcta, México, en tan sólo seis años, se colocó, en materia de personas desaparecidas, en el escenario de los países de América Latina que padecieron durante décadas regímenes dictatoriales particularmente violentos, como es el caso de Argentina, o en países como Colombia que han padecido por años los estragos de la guerrilla y paramilitarismo. Lo que resulta estremecedor y atípico del caso mexicano es que el lapso es mucho más corto que en estos países en los que han sucedido tragedias similares.

La gravedad del problema no sólo tiene que ver con el número de personas desaparecidas en México. A ello hay que sumarle la indiferencia e ineptitud de las autoridades. Según el Informe de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias en México, los familiares que buscan a un ser querido se enfrentan a la apatía, maltrato e ineptitud de las procuradurías locales y federal. Ni siquiera en muchos casos se abre una averiguación previa. Lo que prevalece es la indolencia de las autoridades frente al dolor de las familias. El Estado mexicano hace nada por encontrar a una persona desaparecida.

Peña Nieto tendría que comenzar por lo más obvio: intentar encontrar a las personas desaparecidas. Quizá serviría crear una instancia que tenga fuerza y presupuesto -no lo que hizo Calderón con la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito- con este propósito. Dicha instancia debería dar la atención que se merecen las personas que están buscando a un ser querido y comenzar a sistematizar y ordenar la información. La carta de Human Rights Watch señala que es urgente que la actual administración genere una base de datos nacional que contenga una un registro exhaustivo y preciso de personas desaparecidas, con datos útiles como el ADN de sus familiares, el último lugar en donde se les vio, los registros de hospitales, morgues, cárceles, cruces fronterizos y cuerpos no identificados.

La experiencia de otros países indica que los resultados concretos de este tipo de instancias son casi siempre insatisfactorios. Muchas veces no se puede dar con el paradero de las personas desaparecidas y en muy pocas ocasiones los hallazgos permiten juzgar a los responsables. No obstante, lo más relevante de este tipo de instancias es que los familiares y los ciudadanos tengan la certeza de que las autoridades están haciendo todo lo posible por encontrar a quien no aparece y que, cuando existen pruebas contundentes, se proceda inmediatamente a juzgar y sancionar a los policías y militares responsables. De lo que se trata finalmente es que la administración de Peña Nieto ponga en marcha un conjunto de acciones que nos permita tener la certeza de que la actual administración no va a encubrir o intentar minimizar, sino todo lo contrario, las heridas que ha dejado "la guerra" en muchas, muchísimas, familias en todo el país.

*Reforma 15-12-12