MIGUEL CARBONELL
Se ha discutido con intensidad en el Congreso de la Unión si el nombramiento de funcionarios con rango de subsecretarios que tendrán a su cargo delicadas áreas de la actuación del gobierno debe o no pasar por el visto bueno de los propios legisladores.
En particular, preocupa la modificación legal a partir de la cual se encuadra en la Secretaría de Gobernación la competencia en materia de seguridad pública federal, que en los gobiernos panistas fue desplegada por una Secretaría diferente, supuestamente ajena al manejo siempre político que se debe hacer desde Bucareli.
Los partidos de oposición sostienen la pertinencia de que la reforma de la ley orgánica de la administración pública federal prevea una ratificación o visto bueno legislativo, como requisito para que el subsecretario de seguridad pública federal sea nombrado y pueda comenzar a ejercer su función.
Los legisladores del PRI sostienen que para ello se requeriría de una reforma constitucional.
Para encontrar la respuesta correcta hay que buscar en los precedentes que sobre el tema ha sentado la Suprema Corte. En el 2007 la Corte dijo que el Senado no tenía facultades para intervenir en el nombramiento de los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia. El mismo criterio fue ratificado al año siguiente respecto del nombramiento de los comisionados de la Cofetel; esa sentencia permitió que los comisiones Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar permanecieran en el cargo para el que habían sido nombrados por el Presidente, pese a que el Senado se había negado a ratificarlos. Nada ha cambiado, en el texto constitucional, del 2008 a esta parte en relación al tema, de modo que a la luz de tales precedentes hay que reconocer que les asiste la razón a los legisladores del PRI.
Lo ideal sería, como lo hemos propuesto desde hace años en la UNAM, que todos los secretarios de Estado y algunos subsecretarios con responsabilidades de gran relevancia, pasaran por un proceso de ratificación parlamentaria. De esa manera podríamos tener una discusión pública abierta y plural sobre los perfiles necesarios para ocupar esas plazas de tanta relevancia para el país y, tentativamente cuando menos, podríamos evitar que lleguen a ejercerlas personas improvisadas, que desconocen por completo los ámbitos de los que se tienen que hacer cargo. En el Congreso ya se han presentado varias iniciativas en ese sentido; quizá sea hora de retomarlas y tomarnos en serio la responsabilidad de los legisladores en materia de nombramientos. Nadie duda que la persona que esté al frente de las fuerzas civiles, federales de seguridad pública, debe pasar por un escrutinio público a partir del cual, sepamos con certeza que cuenta con los merecimientos para ejercer el cargo, lo que se puede lograr a través de un proceso de ratificación a cargo del Senado.
Pero también cabe reconocer que, mientras el marco jurídico a nivel constitucional no se modifique, no parece que quepa prever en una ley un sistema de ratificación para subsecretarios, al tenor de lo que ha señalado la Corte.
*El Universal 12-12-12
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