ARGUMENTOS CONTRA EL NUEVO IMPUESTO AL CONSUMO

CIRO MURAYAMA

El Ejecutivo federal presentó la propuesta de crear un gravamen del dos por ciento al consumo general para, con esos recursos, enfrentar la pobreza. La idea parece y es sencilla, aunque no necesariamente correcta. La lógica oficial señala: se consiguen recursos adicionales y, al canalizarlos a programas sociales, se ayuda a los mexicanos más desfavorecidos. Con ello, se dice, se está teniendo una política fiscal progresiva —como consumen más los que más ganan, serán los que paguen más impuestos— y redistributiva —porque el destino de los recursos son los pobres—. Pero hay varios supuestos incorrectos, que hacen cuestionable e incluso contraproducente la iniciativa, sobre todo en el actual momento de crisis. Veamos.Cuando se habla de progresividad en la política fiscal se quiere decir que la acción de la Hacienda pública de un país, a través de los impuestos y de las transferencias, de los tributos y el gasto, va a consistir en fijar gravámenes proporcionalmente más altos para las personas de mayores ingresos y que esos recursos se canalizarán de tal forma que las diferencias en la distribución de la renta se atenúen. Para decirlo en una frase: la progresividad tiene que estar presente en la manera como se recauda y también en la forma en como se gasta. Esta condición no se cumple en la propuesta presidencial.Lo anterior porque el nuevo impuesto del dos por ciento —que aunque se llame “contribución” es simplemente un nuevo tributo— se va a cobrar por igual a todo consumidor. Es cierto, sí, que quien consuma más pagará más, como es natural, pero Hacienda estará tratando igual a alguien que destina el grueso de su ingreso al consumo, o incluso que se gasta todo, que a alguien que tiene capacidad de ahorro. Siendo así, es un impuesto parejo por cada unidad de consumo, pero disparejo y regresivo en términos sociales porque se recarga contra las familias cuyo ingreso se va en adquirir los satisfactores básicos. Así, por ejemplo, una familia que gaste el 90 por ciento de su ingreso en consumo pagará el 1.8 por ciento adicional de sus ingresos en el nuevo impuesto (le quedaría libre el 8.2 por ciento de su ingreso para darle un uso adicional). Y una familia que sólo gaste el 30 por ciento de su ingreso en consumo, porque es más rica, destinaría el 0.6 por ciento de su ingreso al nuevo impuesto (le quedará libre el 69.4 por ciento del ingreso para otro uso). La familia de bajos ingresos y mayor propensión al consumo pagaría un porcentaje de su ingreso tres veces mayor que el de la familia acomodada. Como se ve, proporcionalmente pagan más los que menos ganan, justo lo contrario a una política fiscal progresiva. De aplicarse el gravamen generalizado de dos por ciento al consumo lo que veríamos es que el impuesto estaría ampliando la desigualdad, es decir, recargándose en los más pobres.Es, por supuesto, pertinente contar con partidas de ingreso público para cubrir el gasto de las políticas sociales, pero lo que resulta impertinente en una situación de crisis es echar a andar políticas de recaudación que precisamente encarecen los bienes de consumo a los que los pobres destinan todo su ingreso, como son los alimentos. Llama la atención que Hacienda haya hecho tal propuesta cuando el propio gobierno está detectando un incremento importante de los precios de los alimentos. El director de Diconsa, Edmundo Martín Ramírez Pech, es decir, ningún outsider del equipo gobernante, estimó que en los próximos meses el alza en el precio de la canasta básica podrá ser de entre un 15 y un 20 por ciento (Reforma, nota de Daniela Rea, 24/09/09). Y en algunos productos, como el azúcar, el incremento en el último mes es del 17 por ciento (estimación a partir de datos de la nota citada). A ese aumento, habrá que sumar uno adicional del dos por ciento de prosperar la iniciativa presidencial.Cabe recordar, además, que estamos en crisis, lo que quiere decir que producimos menos como economía y también consumimos menos. Si se encarece el precio de los bienes se castiga al consumo y, por tanto, se aleja la recuperación de la inversión y del empleo. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista macroeconómico este nuevo impuesto no es oportuno ahora.Por el lado del gasto tampoco está claro que los recursos que se puedan obtener con el nuevo gravamen vayan, en efecto, a paliar la situación de los más pobres. Para empezar por el número de pobres en el país: un total de 50.6 millones de mexicanos se encontraban en alguna situación de pobreza el año pasado, antes de que la crisis comenzara a expandir sus efectos más drásticos, por lo que el número puede ser mayor ahora que se presenta la iniciativa de gravar el consumo. De los pobres detectados en 2008, 19.5 millones corresponden a pobres alimentarios, es decir, que todo su ingreso —incluidas las aportaciones que reciben del gobierno federal— no les alcanza para comer. ¿Para qué encarecerles más los alimentos?Pero, por otra parte, no está claro que el gobierno pueda gastar de manera eficiente a corto plazo en los hogares más necesitados los recursos que pueda recaudar con el nuevo gravamen. Los recursos se irían a Oportunidades y al Programa de Apoyo Alimentario. Este último, por ejemplo, tuvo en 2008 un presupuesto de mil 800 millones de pesos y, de acuerdo con la propuesta presidencial, recibirá seis mil 600 millones de pesos en 2009. Un aumento del 266 por ciento. Ahora bien, ¿cómo se va a conseguir ampliar el padrón de beneficiarios, puesto que se trata de un programa de política social focalizado y no universal, en esa proporción en un año para que dicho presupuesto se pueda gastar? Es imposible, por lo que esos recursos no podrán entregarse. Así, tampoco por el lado del gasto se asegura que la política sea efectiva combatiendo la pobreza.Sería un error que el Legislativo apruebe el nuevo impuesto al consumo.