FRAUDE A LA LEY

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

No sólo en México, sino prácticamente en todo el mundo democrático, se han diseñado procedimientos para lograr una representación equilibrada entre hombres y mujeres en los congresos. No se descubre nada si se afirma que en ese terreno hay un déficit mayúsculo. Y para remontarlo una de las fórmulas utilizadas son las llamadas acciones afirmativas que consisten en regular el acceso a los cargos de representación estableciendo cuotas mínimas para los géneros.En nuestro país, fue con la reforma de 1996 que se instauró que en ningún caso la postulación a diputados federales por cada partido podría ser de más del 70 por ciento de un mismo sexo. Se trataba, con claridad, de que por lo menos el 30 por ciento de los candidatos fueran mujeres. Esa disposición resulta más sencillo de hacerla realidad en el caso de las listas de representación proporcional que en los distritos uninominales, puesto que en estos últimos se elige a una sola persona.No obstante, en la primera experiencia (1997), fue claro que no pocos partidos evadían el sentido de la ley inscribiendo a "la cuota de mujeres" en los últimos lugares de la lista o como suplentes. De esa manera llegaban al 30 por ciento de postulaciones respetando la ley y violando su espíritu. Fue entonces, si mal no recuerdo, que la entonces consejera electoral Jacqueline Peschard propuso que el Consejo General del IFE reglamentara la presentación de las candidaturas de las listas plurinominales. Su iniciativa prosperó y se estableció que por cada tramo de tres candidatos, dos deberían ser de un sexo y uno del otro. Se trataba de obligar a los partidos a cumplir la letra y el sentido de la ley: alentar una representación medianamente equilibrada entre hombres y mujeres.Hoy el Cofipe es aún más enfático. Establece en su artículo 220 que "las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada". Es decir, que por lo menos el 40 por ciento de los candidatos a plurinominales deben ser mujeres.No es una excentricidad mexicana, sino una reivindicación de equidad que ha cristalizado en diferentes instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979) o la Plataforma de Acción surgida de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por la ONU (1995). Y hoy, por lo menos 11 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana) tienen en sus respectivas legislaciones "cuotas de participación femenina en sus listas de candidatos" (Daniel Zovatto. "Lectura regional comparada", en Zovatto -coordinador-. Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina. UNAM. IDEA. 2006. p. 82 y ss.). Y sus efectos en algunos casos no han sido nada despreciables. Por ejemplo, en Argentina antes de la aprobación de la ley en 1991, sólo el 6 y el 3 por ciento de las Cámaras de diputados y senadores eran mujeres, y después de la ley esos porcentajes se incrementaron a 30 y 36. Y algo similar sucedió en Costa Rica, donde luego de 1997 el porcentaje de diputadas mujeres pasó de 14 a 35.Se intenta con ello abatir cualquier rutina de discriminación y fomentar la equidad entre los sexos. Hacer de los espacios de representación política lugares de encuentro y trabajo conjunto entre hombres y mujeres. Finalidades que todos los partidos y políticos dicen compartir.Por ello resulta tan indignante lo sucedido el primer día de trabajos ordinarios de la Cámara de Diputados cuando ocho mujeres electas como diputadas presentaron su renuncia para que sus suplentes ocuparan sus lugares. En los ocho casos, casualmente diría un cínico, el suplente es un hombre. El triste récord lo impuso el Partido Verde Ecologista con cuatro. Una le cedería su cargo al hijo de un ex gobernador, otra a su hermano, la tercera a un dirigente del partido y la cuarta a su esposo. Pero en el PRI también se pretenden dos movimientos similares y en el PRD y el PT uno en cada caso.Vergonzoso. Toda legislación implica un deber ser que eventualmente puede ser violado. Pero cuando esa violación se hace por aquellos que la aprobaron, que le dieron vida, que argumentaron las bondades de la normatividad, el escándalo no puede -debe- evitarse. No es difícil imaginar a los estrategas del fraude a la ley sintiéndose más listos que el resto de los mortales. "Mira fulanita, te apuntamos en la lista para cumplir con lo que dice el Cofipe, pero el primer día renuncias para que entre en tu lugar (opcional) tu esposo o tu hermano o tu jefe".Es probable que literalmente no exista violación a la ley. Pero no cabe duda que es un desacato a su sentido. Una jugarreta indigna. Ni hablar: si los vivillos siguen haciendo de las suyas seguiremos degradando la política.