SERGIO AGUAYO QUESADASegún el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Constitución de 1917 ha entrado 489 veces al quirófano. El Artículo 41 ha tenido seis intervenciones que han alterado su esqueleto y epidermis: nació en 1917 con 67 palabras; el día de hoy ya tiene 2,874. De esa transformación rescato la metamorfosis de los partidos políticos. En 1917 ni siquiera aparecen, en 1977 se les llama "entidades de interés público" y se les garantiza un "mínimo de elementos" y en 2007, en cambio, son las estrellas supernovas de nuestra galaxia política.
Su poder se multiplicó cuando descubrieron, en 2007, el suero del jolgorio interminable. Les bastó con ponerle 27 palabras a la Constitución: el dinero que reciben se calcula "multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal". Impecable y notable su maña, porque la población y el padrón seguirán creciendo hasta 2040 y porque el salario mínimo aumenta año con año. Por ello, y salvo que los reduzcan voluntariamente, en 2010 sus ingresos subirán a $3,012 millones y cuando se les critica el exceso, responden con un lacónico: "está en la Constitución".
Esa disposición constitucional revela un contrato social desquiciado. Esas 27 palabras santifican el conflicto de interés porque los partidos se concedieron a sí mismos la bonanza inacabable, ilustran lo poco que les importa la lejanía con la sociedad, y expresan su adicción al dinero porque los partidos son como los teporochos que atiborran la cadena de Megapulquerías "Los mártires del presupuesto".
Con frecuencia recibo cartas de lectores que comparten mis inquietudes y preguntan qué hacer frente a aberraciones como la descrita anteriormente. Para combatir los abusos y las injusticias hay que decidirse a "no dejarse", aunque añadiría la conveniencia de evitar, hasta donde sea posible, el síndrome del gruñón profesional. Lo ideal es defenderse sin involucrar al hígado.
Para reorientar la historia es necesaria, pero insuficiente la virtuosidad individual. Es fundamental una mezcla de participación de instituciones públicas, de la sociedad organizada y, en ciertas condiciones, de la comunidad internacional. Extirpar el forúnculo que contamina al Artículo 41 constitucional requiere del concurso de los partidos por medio de sus fracciones parlamentarias. Hasta ahora, ninguno tiene entre sus prioridades la reducción del dinero público que perciben, aunque son frecuentes las alabanzas a la austeridad de uno que otro dirigente partidista.
El 23 de septiembre participé en un foro organizado por la comisión encargada de refundar el Partido de la Revolución Democrática. En la audiencia había dirigentes fogueados quienes compartieron con los panelistas la urgencia de corregir su alejamiento de la sociedad y de atender el efecto corruptor que ha tenido el dinero público. El PRD podría refundarse encabezando causas como el combate a la adicción al dinero fácil que padecen todos los partidos.
Sólo con la presión social, los partidos modificarían las 27 palabras del 41 constitucional. Las personas pueden enviar cartas a los diputados y si una de las herederas del movimiento para anular el voto, la ANCA (Asamblea Nacional Ciudadana), termina algún día de ponerse de acuerdo, podría encabezar esa campaña. Por lo pronto, Alianza Cívica y su presidente Rogelio Gómez Hermosillo proponen, junto a otras organizaciones, cambiar las 27 palabras para que el monto del dinero que reciben los partidos se calcule por el número de los votos válidos recibidos por cada uno de ellos. Con esa medida nos ahorraríamos la mitad de lo que ahora se les entrega.
En el corto plazo es de elemental justicia que los partidos reduzcan voluntariamente sus ingresos para 2010. ¿Lo entenderán?
Guerra sucia en el relevo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El lunes, La Jornada publicó una carta enviada por la conocida Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) en la cual se difama a Mariclaire Acosta (es una mentira que sea una "imposición" o que en su carrera encubriera "abusos y violaciones"). Ese mismo día David Peña de la ANAD auténtica precisó que alguien suplantó su nombre y utilizó su cuenta. A Patricia Colchero también la han difamado. Dado que la Asamblea Legislativa del DF ha conducido un proceso ejemplar ¿no valdría la pena que ordenara una investigación cibernética para averiguar qué candidato está empuercando con campañas negativas el relevo? Con información precisa se combate a los imitadores del lodo de 2006. Con este comentario respaldo la semana de "México Infórmate" que promueve una cultura de la transparencia.
Su poder se multiplicó cuando descubrieron, en 2007, el suero del jolgorio interminable. Les bastó con ponerle 27 palabras a la Constitución: el dinero que reciben se calcula "multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal". Impecable y notable su maña, porque la población y el padrón seguirán creciendo hasta 2040 y porque el salario mínimo aumenta año con año. Por ello, y salvo que los reduzcan voluntariamente, en 2010 sus ingresos subirán a $3,012 millones y cuando se les critica el exceso, responden con un lacónico: "está en la Constitución".
Esa disposición constitucional revela un contrato social desquiciado. Esas 27 palabras santifican el conflicto de interés porque los partidos se concedieron a sí mismos la bonanza inacabable, ilustran lo poco que les importa la lejanía con la sociedad, y expresan su adicción al dinero porque los partidos son como los teporochos que atiborran la cadena de Megapulquerías "Los mártires del presupuesto".
Con frecuencia recibo cartas de lectores que comparten mis inquietudes y preguntan qué hacer frente a aberraciones como la descrita anteriormente. Para combatir los abusos y las injusticias hay que decidirse a "no dejarse", aunque añadiría la conveniencia de evitar, hasta donde sea posible, el síndrome del gruñón profesional. Lo ideal es defenderse sin involucrar al hígado.
Para reorientar la historia es necesaria, pero insuficiente la virtuosidad individual. Es fundamental una mezcla de participación de instituciones públicas, de la sociedad organizada y, en ciertas condiciones, de la comunidad internacional. Extirpar el forúnculo que contamina al Artículo 41 constitucional requiere del concurso de los partidos por medio de sus fracciones parlamentarias. Hasta ahora, ninguno tiene entre sus prioridades la reducción del dinero público que perciben, aunque son frecuentes las alabanzas a la austeridad de uno que otro dirigente partidista.
El 23 de septiembre participé en un foro organizado por la comisión encargada de refundar el Partido de la Revolución Democrática. En la audiencia había dirigentes fogueados quienes compartieron con los panelistas la urgencia de corregir su alejamiento de la sociedad y de atender el efecto corruptor que ha tenido el dinero público. El PRD podría refundarse encabezando causas como el combate a la adicción al dinero fácil que padecen todos los partidos.
Sólo con la presión social, los partidos modificarían las 27 palabras del 41 constitucional. Las personas pueden enviar cartas a los diputados y si una de las herederas del movimiento para anular el voto, la ANCA (Asamblea Nacional Ciudadana), termina algún día de ponerse de acuerdo, podría encabezar esa campaña. Por lo pronto, Alianza Cívica y su presidente Rogelio Gómez Hermosillo proponen, junto a otras organizaciones, cambiar las 27 palabras para que el monto del dinero que reciben los partidos se calcule por el número de los votos válidos recibidos por cada uno de ellos. Con esa medida nos ahorraríamos la mitad de lo que ahora se les entrega.
En el corto plazo es de elemental justicia que los partidos reduzcan voluntariamente sus ingresos para 2010. ¿Lo entenderán?
Guerra sucia en el relevo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El lunes, La Jornada publicó una carta enviada por la conocida Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) en la cual se difama a Mariclaire Acosta (es una mentira que sea una "imposición" o que en su carrera encubriera "abusos y violaciones"). Ese mismo día David Peña de la ANAD auténtica precisó que alguien suplantó su nombre y utilizó su cuenta. A Patricia Colchero también la han difamado. Dado que la Asamblea Legislativa del DF ha conducido un proceso ejemplar ¿no valdría la pena que ordenara una investigación cibernética para averiguar qué candidato está empuercando con campañas negativas el relevo? Con información precisa se combate a los imitadores del lodo de 2006. Con este comentario respaldo la semana de "México Infórmate" que promueve una cultura de la transparencia.
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