ALEJANDRO GERTZ MANEROEl proyecto de incremento en los impuestos que el Ejecutivo ha elaborado para cubrir el déficit de sus ingresos está poniendo a prueba la credibilidad y el respeto que la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados puede ganar o seguir perdiendo.
En el lapso que culmina el 15 de noviembre los diputados y sus partidos tienen la ocasión única de definir quién está al servicio de la inmensa mayoría de los mexicanos y quién va a obedecer las consignas de los que han hundido a nuestra economía en los últimos años, para llevarnos a ocupar uno de los últimos lugares en crecimiento económico en nuestro hemisferio latino, a pesar de haber sido los grandes beneficiarios de la bonanza petrolera más significativa en la historia de nuestros ingresos públicos.
Este asunto habrá de definir no sólo el destino económico de México, sino la viabilidad de nuestra democracia y la credibilidad de los partidos políticos, ya que, como bien lo han dicho los economistas más reconocidos, la propuesta burocrática es retrógrada y aniquilante, ya que lo único que pretende es obtener ingresos a costa de la mayoría de los mexicanos, mientras se protege a un inmenso sector informal que no colabora fiscalmente, a una élite burocrática que ha dado cátedra de corrupción, ineficiencia y derroche, y a una cúpula de grandes empresarios y banqueros que eluden de un modo u otro cubrir los pagos fiscales que todos los asalariados y los medianos empresarios sí tienen que cubrir.
Creer que incrementar la tasa base del Impuesto Sobre la Renta de 28% a 30% y elevar el IVA y otros impuestos al consumo va a estimular el crecimiento y el empleo es una burla sangrienta, mientras los grandes conglomerados empresariales y financieros eluden hasta en 80% sus obligaciones fiscales, gracias al paraíso legal que les ha auspiciado el gobierno, mientras el resto de la población productiva que sí paga es ahogada por la carga impositiva.
En el sector público el derroche y la corrupción son emblemáticos, y sólo se necesita tener un mínimo de responsabilidad para reducir los despilfarros y los salarios del personal de confianza, protegiendo la base laboral, pero induciéndola también a ser más honesta y productiva, lo cual parece ser un tabú que solamente se toca en una forma superficial y maquillada, mientras se preservan los más grandes privilegios de los favoritos, y los sistemas de auditoría se desmantelan para convertirlos en un instrumento más de control y persecución política.
Frente a esta situación tan contradictoria, inequitativa e improductiva, existe una salida muy clara y sencilla que puede resumirse en las siguientes premisas:
I. Todos los niveles de gobierno deben reducir su gasto global en 25%, cortando puestos directivos y derroches presupuestales, pero preservando sus plazas laborales de base e inversión productiva, en un proyecto eficiente y auditado que sea funcional y ciudadano.
II. A las grandes corporaciones empresariales y financieras, que en este momento eluden su responsabilidad fiscal de 28% del pago del Impuesto Sobre la Renta, establecerles en forma clara y tajante un mínimo de 14% obligatorio sobre dichas ganancias, para irlo incrementando en forma paulatina, hasta llevarlo al mismo nivel del impuesto general.
III. Empadronar fiscalmente en razón del territorio físico que ocupan el ambulantaje y la informalidad, para que paguen un impuesto mínimo razonable de 14% obligatorio sobre sus ingresos, el cual también se irá incrementando paulatinamente para unirse al criterio general, en lugar de las mordidas que hoy le cubren a la burocracia y a los líderes venales.
IV. Reducir paulatinamente el IVA en forma semejante a la de los demás impuestos hasta llevarlo a 10% general.
V. A la inmensa mayoría de los contribuyentes, que son asalariados y empresarios, reducirles los impuestos de 28% a 25%, para continuar disminuyéndolos hasta lograr un equilibrio con los demás sectores a los que hemos hecho referencia, que podría llegar a menos de 20%, general sobre ingresos, como se logró en el modelo de Irlanda, que ha sido un ejemplo de equidad fiscal.
Si los diputados del actual Congreso votan a favor de México y del crecimiento económico, la imagen tan deteriorada del Poder Legislativo comenzará a repuntar, y los principios elementales de la justicia fiscal empezarán también a dar sus frutos en productividad y en crecimiento.
La moneda está en el aire.
En el lapso que culmina el 15 de noviembre los diputados y sus partidos tienen la ocasión única de definir quién está al servicio de la inmensa mayoría de los mexicanos y quién va a obedecer las consignas de los que han hundido a nuestra economía en los últimos años, para llevarnos a ocupar uno de los últimos lugares en crecimiento económico en nuestro hemisferio latino, a pesar de haber sido los grandes beneficiarios de la bonanza petrolera más significativa en la historia de nuestros ingresos públicos.
Este asunto habrá de definir no sólo el destino económico de México, sino la viabilidad de nuestra democracia y la credibilidad de los partidos políticos, ya que, como bien lo han dicho los economistas más reconocidos, la propuesta burocrática es retrógrada y aniquilante, ya que lo único que pretende es obtener ingresos a costa de la mayoría de los mexicanos, mientras se protege a un inmenso sector informal que no colabora fiscalmente, a una élite burocrática que ha dado cátedra de corrupción, ineficiencia y derroche, y a una cúpula de grandes empresarios y banqueros que eluden de un modo u otro cubrir los pagos fiscales que todos los asalariados y los medianos empresarios sí tienen que cubrir.
Creer que incrementar la tasa base del Impuesto Sobre la Renta de 28% a 30% y elevar el IVA y otros impuestos al consumo va a estimular el crecimiento y el empleo es una burla sangrienta, mientras los grandes conglomerados empresariales y financieros eluden hasta en 80% sus obligaciones fiscales, gracias al paraíso legal que les ha auspiciado el gobierno, mientras el resto de la población productiva que sí paga es ahogada por la carga impositiva.
En el sector público el derroche y la corrupción son emblemáticos, y sólo se necesita tener un mínimo de responsabilidad para reducir los despilfarros y los salarios del personal de confianza, protegiendo la base laboral, pero induciéndola también a ser más honesta y productiva, lo cual parece ser un tabú que solamente se toca en una forma superficial y maquillada, mientras se preservan los más grandes privilegios de los favoritos, y los sistemas de auditoría se desmantelan para convertirlos en un instrumento más de control y persecución política.
Frente a esta situación tan contradictoria, inequitativa e improductiva, existe una salida muy clara y sencilla que puede resumirse en las siguientes premisas:
I. Todos los niveles de gobierno deben reducir su gasto global en 25%, cortando puestos directivos y derroches presupuestales, pero preservando sus plazas laborales de base e inversión productiva, en un proyecto eficiente y auditado que sea funcional y ciudadano.
II. A las grandes corporaciones empresariales y financieras, que en este momento eluden su responsabilidad fiscal de 28% del pago del Impuesto Sobre la Renta, establecerles en forma clara y tajante un mínimo de 14% obligatorio sobre dichas ganancias, para irlo incrementando en forma paulatina, hasta llevarlo al mismo nivel del impuesto general.
III. Empadronar fiscalmente en razón del territorio físico que ocupan el ambulantaje y la informalidad, para que paguen un impuesto mínimo razonable de 14% obligatorio sobre sus ingresos, el cual también se irá incrementando paulatinamente para unirse al criterio general, en lugar de las mordidas que hoy le cubren a la burocracia y a los líderes venales.
IV. Reducir paulatinamente el IVA en forma semejante a la de los demás impuestos hasta llevarlo a 10% general.
V. A la inmensa mayoría de los contribuyentes, que son asalariados y empresarios, reducirles los impuestos de 28% a 25%, para continuar disminuyéndolos hasta lograr un equilibrio con los demás sectores a los que hemos hecho referencia, que podría llegar a menos de 20%, general sobre ingresos, como se logró en el modelo de Irlanda, que ha sido un ejemplo de equidad fiscal.
Si los diputados del actual Congreso votan a favor de México y del crecimiento económico, la imagen tan deteriorada del Poder Legislativo comenzará a repuntar, y los principios elementales de la justicia fiscal empezarán también a dar sus frutos en productividad y en crecimiento.
La moneda está en el aire.
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