JESÚS CANTÚSólo un año duró la discreción y la austeridad. Para este segundo año, sin la obligación de asistir "a la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso", el Presidente Felipe Calderón decidió organizar su propia fiesta, tal como lo hizo el primero de diciembre de 2006, tras rendir la protesta constitucional ante el Congreso de la Unión, y el 2 de septiembre del 2007, con motivo de su primer informe de labores y antes de que se reformara la Constitución.
La ceremonia del miércoles 2 de septiembre revivió el rito anual, ahora en Palacio Nacional, con la presencia de los mismos invitados, salvo la ausencia de algunos de los legisladores que, al no ser los anfitriones y principales receptores del mensaje, como cualquier otro convidado tenían la opción de asistir o no.
El 30 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar la obligación del Presidente de la República de asistir a presentar por escrito el informe anual del estado de la administración pública y dejarlo simplemente en la de presentar "un informe por escrito".
Ante dicha reforma el primero de septiembre del año pasado, el presidente simplemente envió su informe por escrito con el secretario de Gobernación y dirigió un mensaje en cadena nacional a través de radio y televisión.
Pero la tregua sólo duró un año. Para este segundo año, el Ejecutivo decidió, ahora sí sin ningún tipo de límites ni restricciones, organizar su propia ceremonia, seleccionar libremente a sus invitados y disponer discrecionalmente su ubicación. Exactamente como lo había hecho ya Calderón, en dos ocasiones anteriores, únicamente que antes tenía que cumplir con la obligación de asistir al Congreso de la Unión.
Calderón no resistió la tentación de revivir el Día del Presidente y para ello organizó su propia fiesta.
La nostalgia del ritual anual invadió a varios de los involucrados. Primero los diputados petistas, particularmente Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, reclamaron la presencia de Calderón en la entrega del informe escrito.
A pesar de que fueron ellos, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, los que obligaron a la reforma para acabar con la zozobra de sí permitirían o no al titular del Ejecutivo llegar a la tribuna, ahora exigían su presencia. Primero lo corren y luego lo llaman.
A la añoranza del viejo formato, se sumó la misma dirigente priista, Beatriz Paredes, quien tras escuchar el mensaje de Calderón en Palacio Nacional, declaró al grupo Reforma: "Escuchar el informe me lleva a la convicción de que vale la pena volver a poner sobre la mesa, la posibilidad de que el Informe se haga en el recinto del Congreso de la Unión.
Creo que el mensaje de este Informe hubiera sido muy importante que se planteara ante el Congreso".
Lo cierto es que el actual formato simplemente evadió una solución de fondo. Frente a la intransigencia de los seguidores de López Obrador, que desde el primero de septiembre del 2006 impidieron el uso de la tribuna al titular del Ejecutivo, los legisladores optaron por eliminar la obligación presidencial de presentarse al Palacio Legislativo, pero no les importó resolver los dos elementos centrales de dicha disposición: la división de poderes y la rendición de cuentas.
El Presidente de la República asistía a la apertura del período de sesiones del Congreso de la Unión para simbolizar la igualdad de los poderes de la Unión y la necesidad de trabajar coordinadamente, pero al mismo tiempo equilibrarse entre ellos a través de las diversas disposiciones establecidas en la misma Constitución.
Tal como señalaba Montesquieu la única forma de evitar los abusos es que el mismo poder detenga al poder; de esta forma las tres funciones centrales del Gobierno: hacer leyes, ejecutarlas o administrarlas y dirimir los conflictos, deben estar distribuidos entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno responsable de una función principal, pero al mismo tiempo debe haber un traslape para participar en el cumplimiento de las otras funciones y así ejercer las tareas de control y equilibrio.
Así el Ejecutivo neutraliza al Legislativo a través del derecho de veto a las nuevas leyes o las disposiciones reformadas; el Judicial, a ambos, a través de una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad o un juicio de amparo; el Legislativo al Ejecutivo a través de un juicio político o un juicio de procedencia contra un servidor público, la modificación y aprobación del presupuesto, la revisión del informe anual y de la cuenta pública.
El Presidente asistía ante el Congreso a rendir el informe del "estado general que guarda la administración pública del País", para que los legisladores pudieran cumplir con su función de revisores de la acción del Ejecutivo, es decir, que el presidente le rendía cuentas a la Nación a través de sus representantes populares. Y el primero de septiembre, con la asistencia del Presidente, se cumplía con el primero de los tres elementos de la rendición de cuentas: informar; faltaban los otros dos: la justificación de las decisiones y acciones y las sanciones o premios correspondientes, en función de los resultados obtenidos.
Así mismo, el Ejecutivo aprovechaba el momento para plantearles sus propuestas y proyectos para el siguiente año, es decir, iniciar la acción de coordinación y diálogo.
Ese era el sentido de la presencia presidencial ante el Congreso de la Unión, pero la reforma constitucional de 2008, en lugar de perfeccionarla las disposiciones legales para asegurarse que se cumplía a cabalidad con la intención de la misma, simplemente optó por suprimir un acto protocolario; pero en su lugar no instauró ningún mecanismo alternativo.
Los años de régimen autoritario sin duda habían pervertido el acto y ya ni siquiera servía para informar, pues era un evento para rendirle pleitesía al Presidente; pero esa no era razón para anularlo, al contrario debía perfeccionarse, al complementarlo con nuevas disposiciones que permitieran incluir también los otros elementos faltantes de la rendición de cuentas, la justificación y la sanción, y, al mismo tiempo, ensancharán la coordinación entre los dos poderes, para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades.
No se trataba de cortar la comunicación, sino de mejorarla. No se puede regresar al sometimiento del Legislativo, pero tampoco se trata de someter al Ejecutivo o que los poderes marchen cada uno por su cuenta o en permanente conflicto.
Se trata de encontrar las formas institucionales que permitan el adecuado funcionamiento del gobierno y eso es precisamente lo que no se ha podido construir.
Lo sucedido con el informe representa plásticamente lo que le sucede a la transición a la democracia: no se logran construir las alternativas democráticas que destierren definitivamente las viejas prácticas.
La ceremonia del miércoles 2 de septiembre revivió el rito anual, ahora en Palacio Nacional, con la presencia de los mismos invitados, salvo la ausencia de algunos de los legisladores que, al no ser los anfitriones y principales receptores del mensaje, como cualquier otro convidado tenían la opción de asistir o no.
El 30 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar la obligación del Presidente de la República de asistir a presentar por escrito el informe anual del estado de la administración pública y dejarlo simplemente en la de presentar "un informe por escrito".
Ante dicha reforma el primero de septiembre del año pasado, el presidente simplemente envió su informe por escrito con el secretario de Gobernación y dirigió un mensaje en cadena nacional a través de radio y televisión.
Pero la tregua sólo duró un año. Para este segundo año, el Ejecutivo decidió, ahora sí sin ningún tipo de límites ni restricciones, organizar su propia ceremonia, seleccionar libremente a sus invitados y disponer discrecionalmente su ubicación. Exactamente como lo había hecho ya Calderón, en dos ocasiones anteriores, únicamente que antes tenía que cumplir con la obligación de asistir al Congreso de la Unión.
Calderón no resistió la tentación de revivir el Día del Presidente y para ello organizó su propia fiesta.
La nostalgia del ritual anual invadió a varios de los involucrados. Primero los diputados petistas, particularmente Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, reclamaron la presencia de Calderón en la entrega del informe escrito.
A pesar de que fueron ellos, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, los que obligaron a la reforma para acabar con la zozobra de sí permitirían o no al titular del Ejecutivo llegar a la tribuna, ahora exigían su presencia. Primero lo corren y luego lo llaman.
A la añoranza del viejo formato, se sumó la misma dirigente priista, Beatriz Paredes, quien tras escuchar el mensaje de Calderón en Palacio Nacional, declaró al grupo Reforma: "Escuchar el informe me lleva a la convicción de que vale la pena volver a poner sobre la mesa, la posibilidad de que el Informe se haga en el recinto del Congreso de la Unión.
Creo que el mensaje de este Informe hubiera sido muy importante que se planteara ante el Congreso".
Lo cierto es que el actual formato simplemente evadió una solución de fondo. Frente a la intransigencia de los seguidores de López Obrador, que desde el primero de septiembre del 2006 impidieron el uso de la tribuna al titular del Ejecutivo, los legisladores optaron por eliminar la obligación presidencial de presentarse al Palacio Legislativo, pero no les importó resolver los dos elementos centrales de dicha disposición: la división de poderes y la rendición de cuentas.
El Presidente de la República asistía a la apertura del período de sesiones del Congreso de la Unión para simbolizar la igualdad de los poderes de la Unión y la necesidad de trabajar coordinadamente, pero al mismo tiempo equilibrarse entre ellos a través de las diversas disposiciones establecidas en la misma Constitución.
Tal como señalaba Montesquieu la única forma de evitar los abusos es que el mismo poder detenga al poder; de esta forma las tres funciones centrales del Gobierno: hacer leyes, ejecutarlas o administrarlas y dirimir los conflictos, deben estar distribuidos entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno responsable de una función principal, pero al mismo tiempo debe haber un traslape para participar en el cumplimiento de las otras funciones y así ejercer las tareas de control y equilibrio.
Así el Ejecutivo neutraliza al Legislativo a través del derecho de veto a las nuevas leyes o las disposiciones reformadas; el Judicial, a ambos, a través de una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad o un juicio de amparo; el Legislativo al Ejecutivo a través de un juicio político o un juicio de procedencia contra un servidor público, la modificación y aprobación del presupuesto, la revisión del informe anual y de la cuenta pública.
El Presidente asistía ante el Congreso a rendir el informe del "estado general que guarda la administración pública del País", para que los legisladores pudieran cumplir con su función de revisores de la acción del Ejecutivo, es decir, que el presidente le rendía cuentas a la Nación a través de sus representantes populares. Y el primero de septiembre, con la asistencia del Presidente, se cumplía con el primero de los tres elementos de la rendición de cuentas: informar; faltaban los otros dos: la justificación de las decisiones y acciones y las sanciones o premios correspondientes, en función de los resultados obtenidos.
Así mismo, el Ejecutivo aprovechaba el momento para plantearles sus propuestas y proyectos para el siguiente año, es decir, iniciar la acción de coordinación y diálogo.
Ese era el sentido de la presencia presidencial ante el Congreso de la Unión, pero la reforma constitucional de 2008, en lugar de perfeccionarla las disposiciones legales para asegurarse que se cumplía a cabalidad con la intención de la misma, simplemente optó por suprimir un acto protocolario; pero en su lugar no instauró ningún mecanismo alternativo.
Los años de régimen autoritario sin duda habían pervertido el acto y ya ni siquiera servía para informar, pues era un evento para rendirle pleitesía al Presidente; pero esa no era razón para anularlo, al contrario debía perfeccionarse, al complementarlo con nuevas disposiciones que permitieran incluir también los otros elementos faltantes de la rendición de cuentas, la justificación y la sanción, y, al mismo tiempo, ensancharán la coordinación entre los dos poderes, para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades.
No se trataba de cortar la comunicación, sino de mejorarla. No se puede regresar al sometimiento del Legislativo, pero tampoco se trata de someter al Ejecutivo o que los poderes marchen cada uno por su cuenta o en permanente conflicto.
Se trata de encontrar las formas institucionales que permitan el adecuado funcionamiento del gobierno y eso es precisamente lo que no se ha podido construir.
Lo sucedido con el informe representa plásticamente lo que le sucede a la transición a la democracia: no se logran construir las alternativas democráticas que destierren definitivamente las viejas prácticas.
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