JAVIER CORRAL JURADOUn gran paso ha dado Argentina: la Cámara de Diputados aprobó el jueves el dictamen de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, con base en el proyecto que presentó la presidenta Cristina Fernández. El proceso legislativo ha sido aleccionador en cuanto a la firmeza de la voluntad política con la que ella decidió poner fin a una vergonzosa ley de radiodifusión de la dictadura militar, con la que desde 1983 la democracia argentina coexistió tan inexplicamente como nosotros con la ley de radio y tv de 1960. Se trata de una legislación que, de ser confirmada por el Senado, se convertirá en un acto político referencial y una esperanza para América Latina.
Con precisión jurídica y técnica, la ley recupera de los grupos oligopólicos a la política, a la información y al futbol. Sólida en la explicación de los artículos y en la fundamentación constitucional, la ley va desarrollando notas al calce para identificar de dónde sacó la inspiración doña Cristina: convenios internacionales, tratados, parámetros de la Comunidad Europea, recomendaciones de la CIDH, directrices de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Ley antimonopolica, regula “el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías”. Crea órganos para la vigilancia y aplicación de la ley, establece normas que garantizan la diversidad de contenidos, cine y artes nacionales, protege a la niñez y genera el derecho de acceso a los contenidos de interés relevante y de acontecimientos deportivos.
Las principales medidas están en las reglas para la propiedad cruzada y límites a la concentración de frecuencias. “La multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más de 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios”.
El proyecto obliga a los multimedia a desprenderse de empresas en un año, impide a los operadores de cable tener canales de tv abierta, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una empresa y ordena una reserva de espectro en tres partes iguales, una para uso comercial, otra para el Estado y otra para medios de uso social no lucrativos. Los principales consorcios mediáticos afectados serán el Grupo Clarín (argentino) y PRISA (español).
Ha sido interesante observar cómo también allá se reeditan las viejas cantaletas de “atentado a la libertad de expresión” o “ley mordaza”, y cómo los monopolios se refugian en embustes chantajes y amenazas. Ese formato es lo que avivó el debate e inusitado interés social. Es un paso que debe animar a los congresos nacionales a poner bajo supervisión del Estado una actividad esencial para la democracia como la radiodifusión.
El manejo informativo sobre este tema está siendo manipulador. La mayoría de las agencias internacionales de noticias han trasladado de manera distorsionada los contenidos de la ley y, de manera interesada, han destacado “la oposición” del diputado Miguel Bonasso.
Voz de prestigio, el autor de Recuerdo de la muerte no votó contra el dictamen, sino que se abstuvo. Reconoció las bondades de la ley, pero fue conducido a la abstención debido a que el órgano regulador no quedó en la integración y dependencia exclusiva de la Cámara de los Diputados. Tampoco coincido, pues ya hemos visto que no necesariamente los congresos son garantes per se del interés público (ley Televisa).
Ojalá que el ejemplo argentino cunda en América Latina y particularmente en México. Siempre he creído que una mujer puede aspirar a la primera magistratura de nuestro país, pero espero que ello no sea condición necesaria para que cambie la legislación en materia de radio, tv y telecomunicaciones. Esa aspiración adicionaría complejidades a la batalla contra los negociantes de la política, pues tendríamos que pelear también contra el machismo y la misoginia. Ojalá que las faldas de doña Cristina sean suficientes para instigar a sus colegas a dar el paso; que sirva su acción al anhelo latinoamericano de la UNESCO en el informe MaBride: el reconocimiento de un solo mundo, con voces múltiples.
Con precisión jurídica y técnica, la ley recupera de los grupos oligopólicos a la política, a la información y al futbol. Sólida en la explicación de los artículos y en la fundamentación constitucional, la ley va desarrollando notas al calce para identificar de dónde sacó la inspiración doña Cristina: convenios internacionales, tratados, parámetros de la Comunidad Europea, recomendaciones de la CIDH, directrices de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Ley antimonopolica, regula “el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías”. Crea órganos para la vigilancia y aplicación de la ley, establece normas que garantizan la diversidad de contenidos, cine y artes nacionales, protege a la niñez y genera el derecho de acceso a los contenidos de interés relevante y de acontecimientos deportivos.
Las principales medidas están en las reglas para la propiedad cruzada y límites a la concentración de frecuencias. “La multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más de 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios”.
El proyecto obliga a los multimedia a desprenderse de empresas en un año, impide a los operadores de cable tener canales de tv abierta, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una empresa y ordena una reserva de espectro en tres partes iguales, una para uso comercial, otra para el Estado y otra para medios de uso social no lucrativos. Los principales consorcios mediáticos afectados serán el Grupo Clarín (argentino) y PRISA (español).
Ha sido interesante observar cómo también allá se reeditan las viejas cantaletas de “atentado a la libertad de expresión” o “ley mordaza”, y cómo los monopolios se refugian en embustes chantajes y amenazas. Ese formato es lo que avivó el debate e inusitado interés social. Es un paso que debe animar a los congresos nacionales a poner bajo supervisión del Estado una actividad esencial para la democracia como la radiodifusión.
El manejo informativo sobre este tema está siendo manipulador. La mayoría de las agencias internacionales de noticias han trasladado de manera distorsionada los contenidos de la ley y, de manera interesada, han destacado “la oposición” del diputado Miguel Bonasso.
Voz de prestigio, el autor de Recuerdo de la muerte no votó contra el dictamen, sino que se abstuvo. Reconoció las bondades de la ley, pero fue conducido a la abstención debido a que el órgano regulador no quedó en la integración y dependencia exclusiva de la Cámara de los Diputados. Tampoco coincido, pues ya hemos visto que no necesariamente los congresos son garantes per se del interés público (ley Televisa).
Ojalá que el ejemplo argentino cunda en América Latina y particularmente en México. Siempre he creído que una mujer puede aspirar a la primera magistratura de nuestro país, pero espero que ello no sea condición necesaria para que cambie la legislación en materia de radio, tv y telecomunicaciones. Esa aspiración adicionaría complejidades a la batalla contra los negociantes de la política, pues tendríamos que pelear también contra el machismo y la misoginia. Ojalá que las faldas de doña Cristina sean suficientes para instigar a sus colegas a dar el paso; que sirva su acción al anhelo latinoamericano de la UNESCO en el informe MaBride: el reconocimiento de un solo mundo, con voces múltiples.
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