EL INFORME PALACIEGO EN SPOTS Y EN CELULARES

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Es verdad de Perogrullo harto repetida que por encima de la Constitución no hay ninguna ley y que igualmente la Constitución o la ley se deben aplicar e interpretar en su contenido y contexto. La ley es también general y no admite excepciones salvo las que ella dispone. Por otra parte las palabras legales, por serlo, se deben interpretar primero gramaticalmente (etimología y semántica). En ocasiones podrá parecer prurito superficial el apego a la mera forma, a la palabra en sí, pero no lo es si partimos del principio de que en derecho la forma es fondo y viceversa. El párrafo primero del artículo 69 de la Constitución prescribe que: "En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país". Me detengo aquí en dos palabras fundamentales del texto: "apertura" y "presentará". Apertura es la acción de abrir, el acto de dar principio a las tareas de una asamblea, en el caso el Congreso, y presentar es hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien con la "presencia" a su vez del presentador, es decir, con la "asistencia personal" puesto que presentar implica presencia. Lo digo porque corrió el rumor y se dio la noticia de que con posterioridad a la presentación del informe se procedería a la correspondiente apertura (se habría entregado el informe antes de la apertura), lo que violaba el precepto constitucional; aparte de la fallida ceremonia palaciega prevista para la víspera. ¿Pero por qué el informe se presentó por interpósita persona, o sea, por el secretario de Gobernación? Fue a mi juicio un desacato -proveniente de dos abogados, el Presidente y el secretario- al mandato constitucional. Desde luego hubo voces de protesta en el interior del Congreso, pero de allí no pasó. ¿Indiferencia, ignorancia, sumisión? Ahora bien, el gobierno y en concreto el Presidente no desaprovechan oportunidad para hacer propaganda a su favor. Y lo mismo que se alteró la forma y el fondo en la presentación del informe se han venido invadiendo los espacios personales de los ciudadanos, de su intimidad y uso exclusivo. El hecho es que el informe, si no en lo particular sí en lo general, se ha difundido con anterioridad al día primero de septiembre en "spots" de radio, de televisión, y en teléfonos convencionales o celulares. En cuanto a los "spots" puede uno ver la televisión o no, escuchar la radio o no (de cualquier manera filtración odiosa y antidemocrática pues no se concede el derecho a la crítica), pero en los teléfonos comunes o celulares se ha dado una intromisión arbitraria. Por este camino se nos querrá dar PAN a fuerza, metiéndolo hasta en los rincones de nuestro hogar. Y ni qué hablar de la lectura de ayer del informe (¿el mismo, otro, cambiado, modificado?) en palacio nacional, ante un auditorio exclusivo, seleccionado. Es cierto que no hay disposición expresa que lo prohíba. Sin embargo fue un "informe" al margen de lo dispuesto en la Constitución. ¿Se vale? Para los intereses de un partido o de un grupo en el poder, sí. No obstante es darle la vuelta con "mal gusto democrático" a un deber riguroso emanado de la Carta Magna. El Presidente y los suyos han hecho "su" informe por más extenso, adornado o documentado que sea. No va con la democracia. Y sumemos: "spots", celulares, teléfonos convencionales, informe mal presentado y pseudo informe en palacio nacional. Es algo que no sólo se aparta de las reglas conocidas y aceptadas sino que obedece a las propias reglas del Presidente, su partido y su equipo hoy fluctuante porque hay avisos, prematuros o no, de cambios en el gabinete. Lo cual convierte a éste en incierto e inseguro, con todas las consecuencias del caso. Lo que pasa es que la crisis económica no ha tocado fondo, a pesar del optimismo del Presidente; la inseguridad pública se acrecienta; el salario del trabajador es cada día más insuficiente y los índices de pobreza reflejan una realidad dramática, terrible, al grado de que se habla de un posible estallido social. ¿De qué naturaleza, de qué dimensiones? Alguien o algunos juegan con fuego y no lo hacen gratuitamente, tal vez tampoco con dolo o con intención perversa. O... quién sabe. El ejemplo del Potrero del Llano, hundido con propósitos aviesos, sigue allí. Hay generadores y organizadores de crisis y desastres, les conviene.¿Qué hacer? Los discursos optimistas no convencen a nadie, al contrario. Revuelven la desconfianza y propician el nacimiento de la ira. Cuidado. Pero en medio de la tormenta hay una fórmula que aminora sus efectos y amenazas, a saber, la de que el gobernante someta su responsabilidad y la conducción del timón al imperio del Derecho, en la forma y en el fondo, sin concesiones de circunstancia ni de ocasión. México cuenta al respecto con un modelo admirable: Juárez. Los que hoy nos gobiernan le rinden únicamente culto de boca para afuera. Mas el modelo juarista es impecable porque el orden del Derecho y de la ley son la garantía suprema de la libertad, son los únicos instrumentos que tiene el hombre para enfrentar las mayores adversidades. Y no respetarlos, tarde o temprano concita la furia social.