JOHN MILL ACKERMAN ROSELa decisión del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) de anular las elecciones para jefe delegacional en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa demuestra que en materia de institucionalidad democrática no todo está perdido en el país. Contra viento y marea y bajo el constante acoso de los medios de comunicación, así como de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados locales Adolfo Riva Palacio, Alejandro Delint y Darío Velasco han dado un ejemplo histórico de autonomía judicial.
Los poderes del status quo ya se aprestan a esparcir el típico rumor de la participación de conspicuos actores con intereses oscuros atrás del intolerable acto de desobediencia del TEDF. En el esquema de los poderosos simplemente no cabe la posibilidad de que existan mujeres y hombres verdaderamente honestos que no transijan con la manipulación de la ley y la defraudación de la voluntad ciudadana.
Una lectura cuidadosa de las sentencias emitidas el pasado 4 y 7 de septiembre por el TEDF demuestra que los magistrados de ninguna manera actuaron por consigna, sino por un férreo compromiso con la defensa del espacio público y la equidad electoral. Con base en una serie de formalismos y tergiversaciones legales, el Partido Acción Nacional (PAN) buscó echar abajo los dictámenes del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que habían acreditado el abusivo rebase de los topes de campaña tanto de Demetrio Sodi como de Carlos Orvañanos.
El argumento más descarado del PAN ha sido su cuestionamiento de la facultad de la Unidad de Fiscalización del IEDF de investigar de manera exhaustiva las denuncias del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo con el PAN, el IEDF se tendría que haber limitado a una labor puramente burocrática y pasiva de revisión de papeles en el escritorio sin buscar verificar o ampliar las pruebas presentadas por las partes. Con estos alegatos, el PAN busca revertir más de una década de desarrollo del derecho electoral en México.
Ya desde 1999, el TEPJF ha pronunciado una serie de sentencias y tesis de jurisprudencia (por ejemplo, con respecto al “principio inquisitivo” y las “pruebas indirectas”, entre otras) que indican de manera contundente que existe una obligación de los organismos electorales para investigar a fondo todas y cada una de las denuncias que reciben. De otra forma, la fiscalización de las autoridades electorales se prestaría a la simulación y los consejeros estarían indefensos ante las numerosas estrategias de evasión de la ley utilizadas por los partidos políticos.
Fue con base en estos criterios elaborados por los jueces federales que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) pudo, por ejemplo, imponer sanciones históricas en el Pemexgate y Amigos de Fox. Una simple revisión “de gabinete” de documentos y expedientes nunca hubiera permitido a los consejeros dar el ejemplo de legalidad e intolerancia a la impunidad que implicó la resolución de estos dos casos.
Las reformas electorales 2007-2008 consolidaron aún más las facultades de investigación de los institutos electorales. Hoy los secretos fiscal, bancario y fiduciario ya no se aplican a las indagaciones en materia electoral. Asimismo, las autoridades cuentan con facultades mucho más amplias tanto para allegarse de información de particulares como para sancionar a los actores involucrados.
Pero nada de esto parece importarle al PAN. Con tal de quedarse con dos jugosas delegaciones políticas, el partido en el poder se atreve a cuestionar uno de los cimientos más básicos del sistema de control de la legalidad electoral en México. Afortunadamente, la mayoría de los magistrados del TEDF privilegiaron la legalidad por encima de los intereses políticos.
Con respecto a la controvertida “entrevista espontánea” que Televisa le realizó a Sodi durante el partido Pumas-Puebla, los magistrados locales también mostraron entereza, así como gran sofisticación jurídica.
La sentencia redactada por el magistrado presidente Riva Palacio demuestra que el vergonzante fallo del TEPJF de ninguna manera obligaba al TEDF a exculpar al candidato en la delegación Miguel Hidalgo. Al contrario, ante la pasividad de los magistrados federales, los locales se veían doblemente obligados a dar una muestra de intolerancia al evidente “fraude a la ley” cometido por Sodi. La sentencia del tribunal local también ofrece una cuidadosa explicación de la diferencia tanto de la litis (o disputa central) como del marco jurídico aplicable entre el caso federal y el local.
Los magistrados de la sala regional del TEPJF en el Distrito Federal harían bien en valorar la lección de independencia y autonomía ofrecida por los magistrados del TEDF. En lugar de aceptar la indigna tarea de lavar la ropa sucia de sus colegas de la sala superior, los magistrados Eduardo Arana, Roberto Martínez y Ángel Zarazúa cuentan con la oportunidad de demostrar a la ciudadanía que no todos los magistrados federales son tan omisos y subordinados como sus colegas, quienes con su reciente actuación han hecho todo lo posible por vaciar de contenido la reforma electoral.
Muchas felicidades a La Jornada por sus primeros 25 años
Los poderes del status quo ya se aprestan a esparcir el típico rumor de la participación de conspicuos actores con intereses oscuros atrás del intolerable acto de desobediencia del TEDF. En el esquema de los poderosos simplemente no cabe la posibilidad de que existan mujeres y hombres verdaderamente honestos que no transijan con la manipulación de la ley y la defraudación de la voluntad ciudadana.
Una lectura cuidadosa de las sentencias emitidas el pasado 4 y 7 de septiembre por el TEDF demuestra que los magistrados de ninguna manera actuaron por consigna, sino por un férreo compromiso con la defensa del espacio público y la equidad electoral. Con base en una serie de formalismos y tergiversaciones legales, el Partido Acción Nacional (PAN) buscó echar abajo los dictámenes del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que habían acreditado el abusivo rebase de los topes de campaña tanto de Demetrio Sodi como de Carlos Orvañanos.
El argumento más descarado del PAN ha sido su cuestionamiento de la facultad de la Unidad de Fiscalización del IEDF de investigar de manera exhaustiva las denuncias del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo con el PAN, el IEDF se tendría que haber limitado a una labor puramente burocrática y pasiva de revisión de papeles en el escritorio sin buscar verificar o ampliar las pruebas presentadas por las partes. Con estos alegatos, el PAN busca revertir más de una década de desarrollo del derecho electoral en México.
Ya desde 1999, el TEPJF ha pronunciado una serie de sentencias y tesis de jurisprudencia (por ejemplo, con respecto al “principio inquisitivo” y las “pruebas indirectas”, entre otras) que indican de manera contundente que existe una obligación de los organismos electorales para investigar a fondo todas y cada una de las denuncias que reciben. De otra forma, la fiscalización de las autoridades electorales se prestaría a la simulación y los consejeros estarían indefensos ante las numerosas estrategias de evasión de la ley utilizadas por los partidos políticos.
Fue con base en estos criterios elaborados por los jueces federales que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) pudo, por ejemplo, imponer sanciones históricas en el Pemexgate y Amigos de Fox. Una simple revisión “de gabinete” de documentos y expedientes nunca hubiera permitido a los consejeros dar el ejemplo de legalidad e intolerancia a la impunidad que implicó la resolución de estos dos casos.
Las reformas electorales 2007-2008 consolidaron aún más las facultades de investigación de los institutos electorales. Hoy los secretos fiscal, bancario y fiduciario ya no se aplican a las indagaciones en materia electoral. Asimismo, las autoridades cuentan con facultades mucho más amplias tanto para allegarse de información de particulares como para sancionar a los actores involucrados.
Pero nada de esto parece importarle al PAN. Con tal de quedarse con dos jugosas delegaciones políticas, el partido en el poder se atreve a cuestionar uno de los cimientos más básicos del sistema de control de la legalidad electoral en México. Afortunadamente, la mayoría de los magistrados del TEDF privilegiaron la legalidad por encima de los intereses políticos.
Con respecto a la controvertida “entrevista espontánea” que Televisa le realizó a Sodi durante el partido Pumas-Puebla, los magistrados locales también mostraron entereza, así como gran sofisticación jurídica.
La sentencia redactada por el magistrado presidente Riva Palacio demuestra que el vergonzante fallo del TEPJF de ninguna manera obligaba al TEDF a exculpar al candidato en la delegación Miguel Hidalgo. Al contrario, ante la pasividad de los magistrados federales, los locales se veían doblemente obligados a dar una muestra de intolerancia al evidente “fraude a la ley” cometido por Sodi. La sentencia del tribunal local también ofrece una cuidadosa explicación de la diferencia tanto de la litis (o disputa central) como del marco jurídico aplicable entre el caso federal y el local.
Los magistrados de la sala regional del TEPJF en el Distrito Federal harían bien en valorar la lección de independencia y autonomía ofrecida por los magistrados del TEDF. En lugar de aceptar la indigna tarea de lavar la ropa sucia de sus colegas de la sala superior, los magistrados Eduardo Arana, Roberto Martínez y Ángel Zarazúa cuentan con la oportunidad de demostrar a la ciudadanía que no todos los magistrados federales son tan omisos y subordinados como sus colegas, quienes con su reciente actuación han hecho todo lo posible por vaciar de contenido la reforma electoral.
Muchas felicidades a La Jornada por sus primeros 25 años
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