JESÚS CANTÚA juzgar por las declaraciones de los líderes de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados en esta legislatura sí se reducirá el número de integrantes del Congreso de la Unión. Llama la atención que la medida siga proponiéndose sin presentar un diagnóstico preciso ni contemplar su impacto sobre la representatividad de la ciudadanía mexicana ni en el sistema de partidos y el sistema de gobierno.
En este caso la reducción del Congreso se plantea más como una forma de ahorrar recursos; y hacerlo sobre los diputados y senadores de representación proporcional, porque son los más desprestigiados ante la ciudadanía. Las dos actividades centrales que realiza un legislador son la de representación de la ciudadanía y la creación de leyes y ambas están (o deberían estar) estrechamente vinculadas con la comunicación, la primera con sus representados y la segunda, con los colegisladores. Y para cumplir con ellas de una manera eficaz y eficiente el tamaño del Congreso es uno de los factores fundamentales: si es demasiado pequeño dificulta la comunicación con los representados y, eventualmente, deja a grupos importantes de la población sin ninguna representación; si es demasiado grande, el problema surge del lado del proceso legislativo, que puede volverse inmanejable.
Pero no sólo el tamaño es importante, también lo es la integración, pues un sistema electoral que favorece el bipartidismo, que puede contribuir a una mejor gobernabilidad, también actúa en detrimento de la representatividad, particularmente en las sociedades muy dispersas y heterogéneas; en cambio, un sistema que favorezca el pluripartidismo puede actuar exactamente en sentido contrario, si se llega a la pulverización. Y, en general, puede decirse que un sistema de mayoría relativa, propicia un bipartidismo (como sucede en Estados Unidos e Inglaterra, por poner dos ejemplos muy claros); y un sistema de representación proporcional, un multipartidismo (como sucede en España, Francia e Italia, entre otros).
Contrario a la creencia generalizada, el Congreso mexicano se encuentra dentro de los parámetros aceptables, en cuanto a tamaño. Para ello se pueden utilizar dos medidas: una número total de legisladores; y dos, número de habitantes representados por un legislador.
En cuanto a la primera, México, con sus 628 legisladores (500 diputados y 128 senadores) se encuentra muy por debajo del Reino Unido, 1277 legisladores; Italia, 945; Francia, 898; Alemania, 782; Japón, 727 y el promedio de legisladores de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que reúne a los países más desarrollados, 690; entre otros. Pero arriba de España, 609; Brasil, 595; Polonia, 560; Estados Unidos, 560; Canadá, 535; y Australia, 406, entre otros. En relación con el número de ciudadanos representados por cada legislador, México, con 173,090 ciudadanos por cada legislador, se encuentra exactamente en el promedio latinoamericano, que es de 175, 576; obviamente muy por arriba de Estados Unidos, que tiene un promedio de 565,853, pero muy por debajo de Canadá con sólo 60,978 o Uruguay, con 26,826. Así, como puede observarse a la luz de estas cifras, el tamaño del Congreso mexicano no es desproporcionado.
En cambio cuando se analiza el costo del Congreso, incluyendo únicamente la relación de los sueldos que ganan los legisladores en relación con el Producto Interno Bruto del país de que se trate, todas las comparaciones resultan negativas, pues el Congreso mexicano cuesta 16 veces más que el norteamericano (repito como porcentaje del PIB de cada país); dos veces más que el canadiense y el australiano; 2.3 veces más que el español; y 80% más que el inglés. Y la razón está obviamente en los elevados sueldos de los legisladores mexicanos, pues mientras en el promedio de los cinco países más eficientes de la OCDE el sueldo de los parlamentarios es únicamente 5.1 veces mayor que el PIB per cápita en México es 28.6 veces.
De hecho inclusive en números absolutos el sueldo promedio de diputados y senadores mexicanos es 51 mil dólares (44%) más alto que el del promedio de los parlamentarios de los cinco países más eficientes de la OCDE; y más del doble de lo que ganan los parlamentarios españoles.
Así la solución no necesariamente pasa por la reducción del tamaño del Congreso, aunque desde luego sí debe haber una reducción en el costo del mismo y más concretamente en los sueldos de los legisladores.
Pero aun suponiendo que la solución es reducir el tamaño de las Cámaras, hay que cuestionar que ésta se haga del lado de la representación proporcional, pues nuevamente puede ir en detrimento de los grupos minoritarios de la población, cuyas posibilidades de tener representantes en el Congreso han sido afectadas en las últimas reformas.
En el caso del Senado, hay que eliminar la lista nacional, porque desequilibró la representación de las entidades federativas y de esa forma dejó de ser la cámara del federalismo, por lo mismo debe encontrarse una opción alternativa que retome la igualdad en la representación de las entidades, pero que no sobrerrepresente al partido que obtiene más votos, como sucede con la fórmula actual.
Pero tomar la opción que hoy está sobre la mesa: reducir 100 diputados plurinominales, sin cambios en la reglas de asignación; y los 32 senadores de la lista nacional y mantener la fórmula de mayoría y primera minoría, va en contra de la representatividad de los grupos poblacionales minoritarios y, eventualmente, puede ser una vía para encaminarnos al bipartidismo, lo cual es inaceptable en un país tan diverso y heterogéneo como México.
Pero no sólo el tamaño es importante, también lo es la integración, pues un sistema electoral que favorece el bipartidismo, que puede contribuir a una mejor gobernabilidad, también actúa en detrimento de la representatividad, particularmente en las sociedades muy dispersas y heterogéneas; en cambio, un sistema que favorezca el pluripartidismo puede actuar exactamente en sentido contrario, si se llega a la pulverización. Y, en general, puede decirse que un sistema de mayoría relativa, propicia un bipartidismo (como sucede en Estados Unidos e Inglaterra, por poner dos ejemplos muy claros); y un sistema de representación proporcional, un multipartidismo (como sucede en España, Francia e Italia, entre otros).
Contrario a la creencia generalizada, el Congreso mexicano se encuentra dentro de los parámetros aceptables, en cuanto a tamaño. Para ello se pueden utilizar dos medidas: una número total de legisladores; y dos, número de habitantes representados por un legislador.
En cuanto a la primera, México, con sus 628 legisladores (500 diputados y 128 senadores) se encuentra muy por debajo del Reino Unido, 1277 legisladores; Italia, 945; Francia, 898; Alemania, 782; Japón, 727 y el promedio de legisladores de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que reúne a los países más desarrollados, 690; entre otros. Pero arriba de España, 609; Brasil, 595; Polonia, 560; Estados Unidos, 560; Canadá, 535; y Australia, 406, entre otros. En relación con el número de ciudadanos representados por cada legislador, México, con 173,090 ciudadanos por cada legislador, se encuentra exactamente en el promedio latinoamericano, que es de 175, 576; obviamente muy por arriba de Estados Unidos, que tiene un promedio de 565,853, pero muy por debajo de Canadá con sólo 60,978 o Uruguay, con 26,826. Así, como puede observarse a la luz de estas cifras, el tamaño del Congreso mexicano no es desproporcionado.
En cambio cuando se analiza el costo del Congreso, incluyendo únicamente la relación de los sueldos que ganan los legisladores en relación con el Producto Interno Bruto del país de que se trate, todas las comparaciones resultan negativas, pues el Congreso mexicano cuesta 16 veces más que el norteamericano (repito como porcentaje del PIB de cada país); dos veces más que el canadiense y el australiano; 2.3 veces más que el español; y 80% más que el inglés. Y la razón está obviamente en los elevados sueldos de los legisladores mexicanos, pues mientras en el promedio de los cinco países más eficientes de la OCDE el sueldo de los parlamentarios es únicamente 5.1 veces mayor que el PIB per cápita en México es 28.6 veces.
De hecho inclusive en números absolutos el sueldo promedio de diputados y senadores mexicanos es 51 mil dólares (44%) más alto que el del promedio de los parlamentarios de los cinco países más eficientes de la OCDE; y más del doble de lo que ganan los parlamentarios españoles.
Así la solución no necesariamente pasa por la reducción del tamaño del Congreso, aunque desde luego sí debe haber una reducción en el costo del mismo y más concretamente en los sueldos de los legisladores.
Pero aun suponiendo que la solución es reducir el tamaño de las Cámaras, hay que cuestionar que ésta se haga del lado de la representación proporcional, pues nuevamente puede ir en detrimento de los grupos minoritarios de la población, cuyas posibilidades de tener representantes en el Congreso han sido afectadas en las últimas reformas.
En el caso del Senado, hay que eliminar la lista nacional, porque desequilibró la representación de las entidades federativas y de esa forma dejó de ser la cámara del federalismo, por lo mismo debe encontrarse una opción alternativa que retome la igualdad en la representación de las entidades, pero que no sobrerrepresente al partido que obtiene más votos, como sucede con la fórmula actual.
Pero tomar la opción que hoy está sobre la mesa: reducir 100 diputados plurinominales, sin cambios en la reglas de asignación; y los 32 senadores de la lista nacional y mantener la fórmula de mayoría y primera minoría, va en contra de la representatividad de los grupos poblacionales minoritarios y, eventualmente, puede ser una vía para encaminarnos al bipartidismo, lo cual es inaceptable en un país tan diverso y heterogéneo como México.
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