PROBLEMAS DE PRECAMPAÑA

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Al regular las precampañas el Congreso de la Unión atendió dos hechos: uno fue el antecedente de aspirantes que hicieron precampaña por varios años; el otro fue una sentencia de la SCJN, que las consideró parte del sistema electoral. Como en otros asuntos de la reforma 2007, los partidos no están a gusto con su obra y han sido incapaces de poner orden para que los aspirantes respeten plazos y reglas.

Una cosa es que aspirantes y partidos se brinquen las trancas y otra muy distinta es que el IFE haga caso omiso de la ley al resolver sobre los métodos y plazos que le notificaron, por separado, los partidos políticos nacionales, respecto de los procesos internos y precampañas. Dos casos llaman la atención.

El PAN resolvió que la consulta para seleccionar a su candidato presidencial podría tener lugar en dos vueltas, si es el caso que se inscriban tres precandidatos, y que en la primera vuelta ninguno de ellos alcance el porcentaje de votación exigido por los Estatutos (la mitad más uno de los votos; o el 37% o más, con una diferencia sobre el segundo lugar de por lo menos 5 puntos porcentuales). En tal hipótesis, habrá una segunda vuelta entre los dos precandidatos de mayor votación, que tendría lugar dos semanas después de la primera. Aunque no es explícito, se colige que la consulta para diputados y senadores de mayoría relativa tendrá lugar durante la primera vuelta, pero tratándose de candidatos plurinominales, la consulta tendría lugar el último día de febrero de 2012. Podría haber tres jornadas electivas internas.

El problema, para el PAN, es que el inciso c), párrafo 2, del artículo 211 del Cofipe establece una sola jornada de consulta, para todas las candidaturas. Hay un enredo mayúsculo detrás del tema: el Consejo Nacional del blanquiazul reformó los Estatutos en 2008, después de publicado el nuevo Cofipe, estableciendo la regla antes citada. El Consejo General del IFE aprobó tal reforma, sin observar la evidente contradicción. El IFE tendrá que pedirle al PAN que se ajuste a la norma legal, y este dirá, con justa razón, que la conducta de la Autoridad no puede causarle perjuicio. La única salida que tendría el PAN para resolver el problema es poner en práctica un complicado procedimiento contemplado en su Reglamento de Selección de Candidatos (Art. 50): hacer la primera y segunda vueltas para candidato presidencial el mismo día, y consultar también sobre las otras candidaturas, a menos que el IFE o el TEPJF decidan cambiar la ley.

Ayer este diario informó (p.8) que las tres encuestas para determinar el candidato presidencial del PRD se realizarán entre el 4 y el 6 de noviembre, y que sus resultados serán publicados el día 15. Cada aspirante decidirá una empresa, y los aliados (PT y MC) la tercera. Aunque el resolutivo del reciente congreso extraordinario del PRD señala que las encuestas serán "a población abierta", Dolores Padierna, secretaria general, afirmó que solo participarán en ellas los afiliados; es un asunto no menor, por el posible impacto que la decisión tendría sobre el resultado.

Hay otro problema. El PRD notificó al IFE que la elección de su candidato presidencial será, "tentativamente", el 19 de febrero de 2012. Pero si las encuestas de este mes dan un ganador contundente, parece obvio que el perdedor se retirará de la contienda y habrá precandidato único, que no podrá hacer precampaña ni aparecer en los mensajes de radio y TV que corresponderán al PRD, y a los partidos que con él se coaliguen. En otras palabras, las encuestas habrán definido al candidato presidencial del PRD con más de un mes de antelación al arranque de la precampaña, y sin ésta, el ungido tendrá que guardarse en caja fuerte hasta el 29 de marzo de 2012.

Posdata. En el afán de quedar bien con las empresas de televisión y radio, varios aspirantes a candidato presidencial se sumaron a la desinformación sobre los debates en precampaña. La semana pasada tocó el turno a Ernesto Cordero, que calificó de "lamentable" la ley electoral, ¡por una prohibición que no existe! El Cofipe no prohíbe los debates. Lo que está en duda, por sentencia del TEPJF, es su difusión, por radio y televisión, en programas especiales sin fines de lucro.