TRANSPARENTAR PROGRAMAS SOCIALES

ISSA LUNA PLA

¿A quién le importan los programas sociales del gobierno federal y los estados? Sería lógico contestar que le importan naturalmente a los potenciales beneficiarios, las personas en pobreza y a la sociedad entera. Curiosamente, en México estos programas le importan más al partido en el poder y a los competidores políticos. ¿Para qué demostrar su eficacia entonces?

Los programas sociales en los contextos neoliberales deben ser entendidos como mecanismos fundamentales para compensar las inequidades derivadas de la relación entre el Gobierno, los mercados globales y las empresas. Bajo el gobierno del presidente Carlos Salinas se dio una apertura de mercados internacionales sin precedentes para la época y en consecuencia, se institucionalizó un mayor número de programas sociales que tuvieron un impacto importante en la población en pobreza.

Desde entonces tenemos una tendencia de los gobiernos a incrementar este tipo de programas dentro de los planes de gobierno nacionales y locales. Estos se encuentran dentro de las estrategias del país para demostrar que está haciendo algo contra la pobreza, que esta actuando en favor de la población vulnerable y no solamente a favor de los ricos.

Pero desafortunadamente, nos acordamos más de los programas sociales cuando se acercan los periodos electorales que cuando tenemos que rendir cuentas sobre la disminución de la pobreza en México. Son mejor conocidos por la necesidad de que sean blindados para que no se utilicen como moneda de cambio por votos, que por sus bondades económicas. Salen a la agenda pública de la transparencia y eficacia más cuando se quiere revisar sirven a la corrupción electoral que al bien común.

Sin embargo, los investigadores, organizaciones civiles y las comunidades beneficiadas por estos programas debemos estar todo el tiempo advirtiendo que los programas sociales cumplan su finalidad y no otra. Por encima de los intereses de los políticos y los partidos, debe estar como prioritario el interés social público por los programas y la economía mexicana. Por eso, garantizar el acceso a la información y la transparencia de los programas hacia la sociedad es una obligación del gobierno elemental; pero no como hasta ahora hemos sido informados.

Como la transparencia sobre estos programas, sus finanzas, estadísticas, normas de operación e indicadores de despeño son poco transparentes, hay que decir que se sabe poco sobre ellos. Y aunque la transparencia es un problema grave, también hay otros problemas que se cruzan en el camino de demostrar que los programas cumplieron su objetivo económico.

Por ejemplo, que un gobierno incremente el número de programas sociales per se tampoco nos revela compromisos firmes para combatir la pobreza. Casualmente, los gobiernos populistas que hemos tenido son los que más programas de servicios y subsidios adoptan. Se aseguran de que la población en marginación esté cubierta y que se conviertan en fieles (o hasta militantes) del partidos en gobierno. Hay programas enteros que se diseñan para cooptar a determinados grupos sociales necesitados, como crear préstamos de vivienda ad hoc para personas en el mercado laboral informal.

Cuando existe transparencia en los programas sociales, se publican los informes de los resultados anuales que están elaborados de una manera casi inútil para los interesados primarios. Estos informes se centran en la cobertura de los servicios o subsidios, proporcionando cifras de los beneficiados, pero no arrojan datos para evaluar su calidad y su impacto en la economía del sector. Pareciera que los informes están escritos para cumplir con el requisito pero no para persuadir de su eficacia.

En otras ocasiones, aunque exista transparencia, la información no se produce en las instituciones encargadas. Un buen número de programas sociales no cuentan con reglas de operación o programas de implementación. Esto impide conocer la planeación detrás de cada programa, su impacto esperado, y en ocasiones los mecanismos de control ciudadano para monitorear su cumplimiento. Esta información no se produce porque los programas se arman en las rodillas y con intensiones políticas, no con objetivos económicos definidos.

Así que el problema no solamente es la transparencia. El problema es producir información para el interés público y no para la simulación política. Información para el público que está interesado en evaluar que los programas cumplen sus objetivos en pobreza. Para el público que se beneficia de ellos y que tiene el derecho de monitorearlos. Información para los ciudadanos, no para para las bases electorales desprovistas de voz.