LA HERENCIA DE CALDERÓN

RAÚL CARRANCÁ

Al encabezar la trigésima primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Calderón dijo que viene una nueva crisis de inseguridad. Es lo que nos está dejando y nos va a dejar. Ya no será Presidente dentro de un año y un mes y quién sabe dónde vivirá, si en México o en el extranjero; pero donde viva estarán él y su familia literalmente cubiertos de seguridad por su "lucha valiente" que tantos alaban y aplauden desde lejos. Pero aquí no se sabe con exactitud si el que llegue a la Presidencia cambiará la actual estrategia de guerra violenta e infructuosa en contra de la delincuencia organizada y del narcotráfico, que ha mantenido en inseguridad a millones de mexicanos y costado más de 50.000 vidas humanas. Desde luego no se cambiará si triunfa el PAN. Sin embargo la herencia de Calderón es clara a la luz de las estadísticas y de la realidad. Recientemente lo han confirmado la Rand Corporation y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Lo que me llama la atención es que ninguna de estas dos organizaciones, aparte de la discutible credibilidad de la primera, sitúan de manera directa sus conclusiones en el espacio del Derecho, o sea, en lo relativo a la procedencia o improcedencia constitucional y legal de la guerra que lleva a cabo el gobierno; pero sí lo hacen de manera indirecta. Veámoslo. La norteamericana con sede en Santa Mónica, California, dice que México enfrenta una serie de "crecientes desafíos" en las áreas de gobernabilidad y legalidad, entre otras. No va a fondo en las razones pero me parece evidente que con una Constitución adulterada en la reforma de 2008 el gobierno no cuenta con un instrumento legal, adecuado y eficaz, para enfrentar la delincuencia. Lo que se reitera con la iniciativa de Calderón de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, plagada de serios errores que desconocen o ignoran derechos y garantías de los gobernados. Por ejemplo, la orden de cateo concedida por el juez al Ministerio Público y a través de "cualquier medio". La Rand Corporation compara la "guerra" emprendida por el gobierno mexicano con la primera fase de lucha contra la insurgencia, añadiendo que el gobierno se halla en peligro de perder. A mí no me escandaliza aquí la palabra insurgencia, a la que yo agregaría criminal, puesto que desde hace más de cinco años estamos en presencia de un levantamiento precisamente criminal contra la autoridad. A su vez el Instituto Mexicano para la Competitividad señala que hay más gente que se siente cada vez más insegura en más zonas del país, precisando que "la mayor agresividad del gobierno en la persecución de los cárteles pudo haber sido el catalizador de un aumento extraordinario del número de homicidios en el segundo trimestre de 2008. A partir de ese punto -concluye-, es probable que la violencia se haya alimentado a sí misma". ¿Qué significa lo anterior? A mi juicio, que esa mayor agresividad del gobierno no tiene nada que ver con la fuerza constitucional y legal del Estado, con su función coercitiva. Es decir, que con su "guerra" el gobierno ha desbordado los límites jurídicos de su responsabilidad. En otros términos, la respuesta violenta del gobierno al crimen, pero sin el control del Derecho, ha acarreado más violencia delictiva. El Instituto insiste: cinco medidas aplicadas por el gobierno, entre ellas el despliegue masivo de fuerzas federales y la "decapitación" de organizaciones criminales, "pudieron elevar los niveles de violencia en el país". Y yo insisto: si ese despliegue de fuerzas federales estuviera apoyado íntegramente en la Constitución, en su espíritu, lo mismo que la "decapitación", no se habrían elevado a dicho grado los niveles de violencia.

Ese es el quid del terrible problema de México. Con el Derecho, la Constitución y las leyes que de ella emanan, no manipulados, manoseados, alterados o desvirtuados en su esencia, se deben y pueden disminuir los dramáticos índices de inseguridad y violencia. ¡Que éste sea el asunto a dilucidar en 2012!