PATRICIA GALEANA
He sido una mujer afortunada. Nací en esta ciudad de México, una de las urbes con más historia y fuerza cultural del mundo, que es hoy la ciudad más abierta y tolerante del país y de buena parte de América Latina. Una isla en medio de la misoginia y del fanatismo. Nuestra ciudad va a la vanguardia de todos los estados del país en el tema de los derechos humanos de las mujeres. Aquí somos ciudadanas plenas, podemos decidir sobre nuestras vidas y se respetan las preferencias sexuales de cada persona.
México fue a la vanguardia continental en el reconocimiento de los derechos humanos de primera generación. Abolió la esclavitud en 1810; incorporó los derechos del hombre al Acta Constitutiva de la Federación de 1824 y estableció un estado laico con libertad de creencias en 1860. Fue el primer país en establecer en su Constitución los derechos sociales, llamados de segunda generación, desde 1917. Sin embargo, ha ido a la zaga en los derechos de las mujeres y de las comunidades indígenas.
Nuestro país fue de los últimos seis en América Latina en otorgar la ciudadanía a la población femenina, apenas hace 58 años, después de que la ONU señalara que no podía haber democracia en un país dónde más de la mitad de su población no era ciudadana. Este retraso ha tenido un impacto negativo en la situación de las mexicanas, y en el desarrollo de nuestra nación.
La reforma constitucional del 14 de agosto de 2001 dio menos derechos a las comunidades indígenas que el Convenio 169 de la OIT y de ocho constituciones de países de nuestra América.
Hoy la población femenina en México sigue subrepresentada en los tres poderes y niveles de gobierno. Sólo hay una gobernadora, de 32 entidades federativas. Han disminuido las mujeres en las secretarías de Estado y de 2 mil 436 municipios, sólo 5.3 por ciento están presididos por una mujer. De 16 demarcaciones capitalinas sólo una está administrada por una jefa delegacional.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay dos mujeres, de 11 ministros.
Nuestro país se encuentra por debajo de la cuota parlamentaria de género. En nuestra región, Argentina tiene 40 por ciento; Costa Rica, 36.8 por ciento y Perú 29.2 por ciento. México es superado también por Ruanda, con 48.8 por ciento; Mozambique, con 34.5 por ciento, y Tanzania, 30.4 por ciento.
En la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados sólo 27 por ciento son mujeres. En el Senado, 21.6 por ciento, y en la Quinta Legislatura de la ALDF, sólo 25.7 por ciento. Por otra parte, no se cumple con el precepto constitucional que dispone que a trabajo igual corresponde salario igual. Tanto en los trabajos menos remunerados como en los niveles gerenciales, los salarios son inferiores para las mujeres, de 13 a 33 por ciento en promedio.
De todos los pobres, la mujer es la más pobre, pero sin el escaso ingreso generado por ellas, la pobreza extrema se elevaría al doble. El analfabetismo es mayor entre las mujeres, aunque cuando pueden ejercer su derecho a la educación, obtienen las mejores calificaciones.
Los feminicidios perpetrados desde hace dos décadas en Ciudad Juárez se han reproducido en otras partes del país, como en el estado de México. En Juárez pasaron de 117 en 2009 a 306 en 2010. En la capital de la República seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y nueve de cada 10 la sufrieron desde el noviazgo. La violencia familiar es el origen de la mayor parte de los males que aquejan a la sociedad, ya que es un factor criminógeno determinante. Detrás de las personas en reclusión se encuentra, casi siempre, una historia de violencia. Estos hechos son muestra palpable de la grave situación de discriminación que todavía enfrentan las mujeres mexicanas y lo mucho que nos falta por hacer.
Está demostrado científicamente que el rezago en las políticas públicas en materia de género es determinante en el desarrollo de los pueblos. En el informe de brecha de género elaborado por las Universidades Harvard y Berkeley para el Foro Económico Mundial de Davos, México se encuentra en el lugar 89 de 135 países. En participación económica de las mujeres, nos situamos en el 109.
Las mujeres no constituyen un grupo vulnerable más: son más de la mitad de la población, de ahí que su atención sea prioritaria y tenga un efecto determinante en la sociedad. Su desarrollo es la mejor inversión que puede hacer un Estado, por el efecto multiplicador que tienen.
Para generar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, se deben realizar tres acciones paralelas indispensables: uno, actualizar el marco jurídico para que haya congruencia con los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en la materia, y que éste sea conocido por autoridades y por la ciudadanía, para que se cumpla; dos, establecer políticas públicas con enfoque de género, y tres, un sistema educativo formal e informal de promoción de los derechos de la persona humana.
Hay que tener presente que un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite. Por ello, desde que la ONU convocó a elaborar programas para la enseñanza de los derechos humanos, presentamos la propuesta de hacer un Museo de la Mujer, para difundir el conocimiento de la historia y de la situación de este grupo, con el objetivo de contribuir a generar una nueva cultura de respeto a sus derechos.
Gracias al apoyo del rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, el Museo de la Mujer abrió sus puertas el pasado 8 de marzo en nuestra ciudad, siendo el segundo espacio semejante en América Latina.
La historia de las mujeres en México y en el mundo fue una historia olvidada, hasta que en la segunda mitad del siglo pasado la doctrina social del feminismo buscó que la mujer fuera reconocida como sujeto y no objeto de la historia.
Buscamos que se conozca la historia de las mujeres y que se valore su contribución a la construcción del país, para fortalecer su imagen actual. En una palabra, hacerlas visibles como protagonistas.
Una nación sin historia es como una persona con alzheimer: no sabe de dónde viene ni adónde va. De ahí la importancia de contar con museos de la mujer, entendidos como un libro abierto para el pueblo. Necesitamos generar una mentalidad que supere la discriminación y la violencia.
La lucha de las mujeres en México por el reconocimiento de sus derechos ha sido larga y difícil, y aún no concluye. Ha sido una revolución silenciosa y pacífica. Desde tiempos remotos lucharon primero por sus derechos laborales, después por su derecho a la educación, por sus derechos políticos, y finalmente por su derecho a la salud, a una vida libre de violencia, por sus derechos reproductivos, por su dignidad.
Actualmente existen en nuestro país 18 estados con leyes que criminalizan a las mujeres, condenándolas hasta con 35 años de cárcel por decidir sobre su propio cuerpo, caso inédito en la historia penal de México.
De ahí la necesidad de que haya más instituciones y espacios como los que existen en nuestra ciudad, para contribuir a generar una cultura de respeto a la persona humana, independientemente de su sexo, etnia, religión, ideología o preferencia sexual.
Tenemos la obligación moral de abatir los rezagos que aún enfrentamos y extender los logros obtenidos a todo el país. La mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres.
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