MÉXICO: NI SEGURIDAD NI DERECHOS

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA

“Empecé a escuchar golpes de los otros compañeros, quejidos y gritos de desesperación. Posteriormente a mí se me acercaban y me daban algunos toques eléctricos... Me torturaron no sé qué tiempo como entre tres a cuatro hombres, queriendo ellos que yo aceptara lo que ellos decían, de nombres de personas que tal vez son un agravio para la sociedad... Como no lograron sacarme más cosas de lo que yo no sabía... Volvieron a torturarme poniéndome una bolsa de nylon en la cabeza, cinta canela en mi boca, y apretaron aun más la venda en mis ojos. En esta ocasión, con puras patadas que mayormente recibí en mi estómago y con toques eléctricos, me abandonaron ahí…”

“Nuevamente me amenazaron... Que si era necesario matarme lo harían, no les importaba mi vida, una vez muerto me tirarían por ahí con algún letrero, según como los que pone la maña y que no les caería bronca alguna”.

Éstos son parte de los múltiples testimonios contenidos en el sólido y contundente informe presentado por Human Rights Watch (HRW) el pasado miércoles. El informe Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México es una investigación de más de dos años. En este informe se documentan graves violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, policías federales, estatales y municipales en los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco.

Este informe refiere una situación de violaciones graves a los derechos humanos documentando y sistematizando 170 casos de tortura, 39 de desapariciones forzadas y 24 de ejecuciones extrajudiciales. Expone contundentemente la magnitud de los abusos, la falta de investigación de violaciones de derechos humanos, así como la impunidad imperante. Del documento se pueden resaltar al menos cinco ideas:

1) La estrategia de seguridad del presidente Calderón no sólo no redujo la violencia, sino que generó un drástico aumento en las violaciones a los derechos humanos. En vez de fortalecer la seguridad pública, la “guerra” desplegada por el Ejecutivo ha exacerbado un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país.

2) La construcción de una peligrosa retórica gubernamental que ha intentado legitimar esta situación, cuando sin el debido sustento y pruebas se ha afirmado en repetidas ocasiones y por funcionarios de distintos niveles que 90% de las muertes están relacionadas con la delincuencia. Los costos y riesgos del discurso “se están matando entre ellos” quedó una vez más sólidamente demostrado.

3) Las víctimas de la “guerra contra el crimen” son criminalizadas, además de que se han dado casos alarmantes de victimización de los familiares al denegar la justicia.

4) Las graves violaciones ocurren en un marco de impunidad, la sanción a los servidores públicos que han violado los derechos humanos son prácticamente la excepción, con lo que no sólo se manda un poderoso mensaje de impunidad, sino que se afecta todo el Estado democrático de derecho.

5) Los poderes judiciales (federal y estatales) siguen aceptando confesiones obtenidas bajo tortura, lo que incentiva que esta práctica continúe. Adicionalmente, las comisiones de derechos humanos, nacional y estatales, no contribuyen de manera eficaz contra esta problemática, no sólo por la tardanza en su actuación, sino que en múltiples casos ni siquiera intervienen o de plano el ejercicio de sus facultades está muy por debajo de la crítica situación que se enfrenta.

El informe confirma lo que tanto el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y organizaciones defensoras de los derechos humanos de México e internacionales han denunciado. También en este caso la respuesta de Gobernación es preocupante, hace recordar lo que dijo una víctima al oír la respuestas de los representantes del Estado mexicano en la audiencia ante la CIDH en Washington, ¿a qué país se referirán?

Durante años se denunciaron hechos de esta naturaleza y hubo poca voluntad para escuchar, pero sobre todo para atender a fondo las imputaciones. La rueda de la historia empezó a girar. Si bien es tarde, aún hay margen para aplicar controles de manera que los agentes del Estado no cometan delitos para combatir el delito.