ERNESTO VILLANUEVA
A Rodolfo Ruiz, con mi solidaridad
Hace casi cuatro años escribí en estas páginas cómo el caso de Quintana Roo en materia de transparencia es un caso de humor involuntario por sus maneras tan burdas de hacer las cosas, en donde el cine de Juan Orol palidecería. Era –lo sigue siendo– parte de ese México profundo que no respeta las mínimas formas ni complejiza sus modos de operar. Existen elementos que me permiten afirmar lo anterior. Veamos.
Primero. Reacio a transparentar su quehacer, el gobierno de Félix González Canto primero intentó acotar el universo de quienes pudieran ejercer el derecho a saber, otorgando esa prerrogativa sólo a los “ciudadanos quintanarroenses”, muy pocos por tratarse de una entidad con un gran flujo migratorio. A ese primer frustrado intento –que la adición del segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal de 2007 echó por la borda– le acompañó un conspicuo acuerdo clasificatorio de la información. En efecto, el 29 de septiembre de 2006 en una edición “quarter extraordinaria” –es decir, una publicación irregular y de pocos ejemplares para que nadie se enterara–, el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo publicó el “Acuerdo por el que se clasifica como reservada diversa información del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo”. En esa lista se encontraba prácticamente toda la información que debiera haber sido difundida de oficio, entre ella la “lista de clientes de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV” cuyo accionista principal es el gobierno de Quintana Roo; el Programa Sectorial de Agronegocios; el Programa Sectorial Forestal y el Sectorial de Desarrollo Indígena; la “información relacionada con la reserva territorial del Estado de Quintana Roo” y no podían faltar los “contratos de publicidad y documentos relacionados con los mismos que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado realiza con los diferentes medios de comunicación locales, nacionales e internacionales”, entre otras muchas. Con el argumento de “proteger la privacidad de las empresas contratantes” y “el interés del Estado”, el gobierno de Quintana Roo puso en marcha esa estrategia de opacidad: mantener bajo resguardo distintos actos de corrupción e impunidad.
Segundo. Existen explicables temores del gobierno de Quintana Roo por clasificar buena parte de su información como reservada. El ahora exgobernador Félix González Canto ha sido uno de los principales beneficiarios del ejercicio del poder público, donde no dejó ir una sola oportunidad para hacer negocios. Lo mismo gestionó y obtuvo, por ejemplo, la concesión otorgada por el gobierno federal para que el de Quintana Roo construyera, operara, explotara, conservara y mantuviera “los puentes sobre las lagunas Nichupté y Bojórquez, incluyendo sus entronques y vialidades de acceso, en el municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo”. Lo anterior no tendría mayor problema de no ser porque la condición decimocuarta de la citada concesión establece que la “concesionaria (el gobierno de Quintana Roo) podrá explotar, por sí o a través de terceros, a título oneroso o gratuito, los servicios o actividades auxiliares sobre el derecho de vía”. Y esa tercera persona no es otra que uno de los operadores financieros del señor González Canto en donde se espera obtener 17 mil millones de pesos en 30 años con el pago de las cuotas de peaje y mediante una inversión de menos de 3 mil millones, donde la inversión sería pública y las ganancias, en cambio, si nadie hace nada, serían privadas. Mejor negocio, imposible.
Tercero. El exgobernador Félix González Canto clasificó también como reservada la información de la paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV” por dos razones. La primera porque siempre ha operado con déficit al gastar sensiblemente más de lo que se recupera como una tendencia recurrente año con año. Y la segunda: porque de acuerdo con las bitácoras del plan de vuelo de la nave XAUFB –propiedad de la paraestatal– familiares y amigos eran los viajeros frecuentes para viajes no oficiales a distintas partes del país y del extranjero. Este sólo hecho es constitutivo de responsabilidad administrativa y da lugar a varios tipos penales. A pesar de ello, la Auditoría Superior del Estado al indagar a esa empresa para distintos ejercicios fiscales entre 2006 y 2009, consideró que la paraestatal “cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental”. Eso sí que es independencia y profundidad de análisis de la mencionada Auditoría Superior de Quintana Roo. El exmandatario quintanarroense no le hacía el feo a ninguna de las formas de obtener ganancias a través del ejercicio público. Así, por ejemplo, el registro oficial de taxis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado tiene como “ruleteros” dotados de una concesión “indefinida” en Cozumel al propio exgobernador Félix Arturo González Canto; a su padre, Lenin Matías González Padrón, y a su madre, Yolanda Canto Pacheco; y a su cuñado, José Alfredo Asunción Martín Villanueva, entre muchos otros familiares, amigos y colaboradores. Este lamentable estado de cosas por desgracia es parte de una cultura tolerada de la corrupción y del no pasa nada. Algunos medios que han hecho públicos casos de corrupción, como el semanario Luces de Siglo, de la periodista Norma Madero de Paredes, han sido objeto de ataques e intimidaciones. Ejercer el escrutinio con datos duros sobre los gobernantes cada vez resulta más costoso en el país. Ahí está también, por ejemplo, el caso de Rodolfo Ruiz, director del portal E-consulta, quien sufre en carne propia y en la de su familia todo el peso del gobierno de Puebla por querer hacer periodismo independiente y no sumarse a la competencia de la prensa local para ver quién le encuentra más virtudes al gobernador Rafael Moreno Valle.
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