LA VIOLENCIA QUE NO CEDE

MIGUEL CARBONELL

No cabe duda de que el sexenio del presidente Calderón quedará marcado ya para siempre por la explosión imparable de hechos violentos, que han arrastrado a miles de mexicanos hacia la muerte. Todos los indicadores disponibles demuestran que la incidencia delictiva en el país ha aumentado de forma importante de 2007 hasta hoy, sin que se observen avances sustantivos en ninguno de los principales campos de batalla contra la delincuencia.

Los llamados delitos de alto impacto, tales como el secuestro, el homicidio, la extorsión, el robo violento de vehículos y la violación, siguen imparables. La ciudadanía tiene miedo incluso presentar una denuncia. Según datos del INEGI, 92% de los delitos que se cometen en México no son denunciados.

En 2007 hubo 25 mi 133 homicidios en México; en 2008 hubo 28 mil 18; en 2009 hubo 31 mil 545 y en 2010 llegamos a un máximo histórico de 35 mil 53, cifra que supera con creces a los poco más de 25 mil fallecidos durante la primera Guerra del Golfo, ocurrida en 1990-1991.

Esto significa que en México se cometen 96 homicidios diarios; cuatro por hora; uno cada 15 minutos. Organizaciones de la sociedad civil reportan que cada día hay en el país entre cinco y 10 eventos de violencia —que no se denuncian— relacionados con el crimen organizado donde mueren menores civiles e inocentes. Tan sólo en 2006 —año que se tiene monitoreado— mil 326 menores de edad murieron en eventos relacionados con el combate al narcotráfico.

¿Cómo nos dejan los datos anteriores ante otros países? Las comparaciones pueden resultar odiosas, pero en este caso creo que son necesarias e ilustrativas.

Los países más peligrosos del mundo, tomando en cuenta el número de homicidios por cada 100 mil habitantes (con cifras de 2010) son Honduras (82), El Salvador (66), Jamaica (52) y Venezuela con 48. Ese mismo año el estado de Chihuahua tuvo un promedio de 124 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si Chihuahua fuera un país, sería el más peligroso del mundo. Sinaloa tuvo en 2010 una tasa de homicidios de 64 por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a decir que, si fuera un país, sería el tercero más peligroso del mundo. Ese es el tamaño del reto.

Por si lo anterior fuera poco, la mayor desesperanza proviene del hecho de que el gobierno dice que está haciendo muchas cosas, pero su eficacia está claramente limitada. Vayamos, de nuevo, a las cifras disponibles.

Según información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal —dada en contestación a la solicitud de información 00044844 hecha por la revista Contralínea—, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 los juzgados federales de distrito sólo han dictado 735 sentencias de última instancia por delitos de delincuencia organizada. En otras palabras, tenemos un gran despliegue publicitario, con muchos detenidos pero muy pocos sentenciados.

Las investigaciones contra la delincuencia organizada no son muy veloces que digamos; en el Quinto Informe de Gobierno del presidente Calderón se nos informó que el tiempo promedio de tramitación de una averiguación previa por parte de la PGR fue de 269 días en 2006, 151 días en 2007 y 2008, 172 días en 2009 y 153 días en 2010. ¿Qué es lo que sucede en esos intervalos? ¿Qué tanta intensidad despliegan los agentes del Ministerio Público en la realización de sus investigaciones? ¿Cómo funciona la tramitación de las mismas, como para justificar periodos tan prolongados?

Hay un indicador adicional que nos permite advertir, tomando en cuenta solamente información oficial que aparece en los ya citados informes de gobierno del Presidente, que algo no se está haciendo bien en la PGR. El porcentaje de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia negadas por jueces federales ha ido en aumento de forma preocupante. Esa cifra fue de 25% en 2008, 33% en 2009 y 38% en 2010. ¿Quién es responsable? ¿Por qué causas y razones se niegan las órdenes? ¿Qué es lo que contienen las averiguaciones previas que los jueces no tienen elementos para expedir los mandamientos que se les solicitan?

Si no somos capaces de resolver esas preguntas y de convertir a la acción del Estado mexicano en algo mucho más eficaz, la violencia seguirá entre nosotros por décadas. Si seguimos igual solamente podremos tener una certeza: nunca vamos a terminar con la violencia.