PEDRO SALAZAR UGARTE
Los mexicanos adoptamos un modelo compuesto por dos sistemas: el democrático y el constitucional. Un contubernio de actores, desde hace algunos meses, se ha dedicado a estrangular al sistema democrático. Los diputados y el IFE incompleto, el TEPJF y sus decisiones incoherentes, el PRI y sus alianzas impresentables, el panismo y sus inconsistencias, AMLO y el populismo prometido de la república amorosa, los medios y su estrategia golpeadora son ejemplos de esta tendencia regresiva. Así que la democracia languidece a pasos agigantados. Y lo peor es que nadie parece capaz de frenar el derrape hacia el despeñadero. Pero, sorprendentemente, el constitucionalismo rema a contracorriente. Desde la Constitución y las decisiones de la SCJN emanan algunas señales de vida. Latidos que no provienen tanto de lo que los jueces deciden como de la manera en la que —de un tiempo a la fecha— deliberan sus decisiones.
Los ministros de la Primera Sala de la Corte tienen en su escritorio un proyecto —elaborado por el ministro Arturo Zaldívar— que confirma esta tesis. Se trata de texto que conjuga la relevancia con la polémica. Además es un legajo accesible, sólido y entretenido. El caso inicia con un artículo publicado en 2004 por un columnista de apellido García Ramírez en la revista Letras Libres en el que, palabras más, palabras menos, acusa a La Jornada de mantener una relación “cómplice con el terror” de la banda terrorista ETA. Se trata, como bien disecciona el proyecto de Zaldívar, de un conflicto de derechos fundamentales que tiene lugar entre dos particulares. La libertad de expresión de la revista contra el derecho al honor (y a la reputación) del cotidiano. Subrayemos lo inusual: en el proyecto, el caso, se configura como un conflicto de derechos humanos en el que el Estado solamente aparece como árbitro. Algo apenas visto en estas tierras.
La Jornada quiere que Letras Libres la indemnice por el daño que sus dichos le causaron. Sin embargo, si el proyecto es aprobado, la balanza puede inclinarse al otro lado. El ministro propone a sus colegas echar mano de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y proteger el contenido de la columna demandada. El hilo conductor del argumento hilvana una férrea defensa de la libertad de expresión: las democracias deben fomentar la pluralidad de voces y tolerar un debate intenso e incluso ríspido entre visiones y posturas confrontadas. Una prensa “libre y múltiple”, nos dice —siguiendo los dichos de autores y de jueces internacionales—, es un bien que merece protección. Además, los medios de comunicación y los líderes de opinión deben considerarse “figuras públicas” sujetas a un mayor escrutinio social.
Esto no implica que, incluso siendo personas morales, carezcan de derechos. Ciertamente los medios pueden ser titulares del derecho al honor “entendido en sentido objetivo” como un derecho a la buena fama, pero deben estar expuestos a la crítica y, en todo caso, replicar desde sus páginas. Además, en el litigio concreto, se trata de un conflicto entre dos publicaciones que tienen una relación de poder simétrica. En el proyecto no se sostiene que cualquier expresión deba ser constitucionalmente protegida —no merecen protección, por ejemplo, las descalificaciones personales absolutamente vejatorias que lesionan la consideración y la dignidad de las personas—, pero sí que la libertad de expresión es un derecho preferente. Y, por eso, de aprobarse el proyecto, Letras Libres saldrá victoriosa.
El texto de Zaldívar es una flor de invierno en este ambiente regresivo. Lo es porque plantea dilemas importantes, ofrece argumentos incisivos y toma una postura definida a favor de los derechos. Si bien sólo es el punto de partida para el debate, sienta las bases para que el mismo esté a la altura de una Corte que apuesta por la consolidación del constitucionalismo de los derechos. Esa es una buena noticia en medio de tanta desesperanza. ¿Quién imaginaba que la Suprema Corte sería el actor que reanimaría al proyecto democrático?
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