martes, 29 de noviembre de 2011

LA BASE CUARTA

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Las precampañas son, a nuestro sistema electoral, lo que las elecciones primarias son al de Estados Unidos; la diferencia estriba en que, en México, el Cofipe las considera como uno de los métodos internos para seleccionar candidatos, al lado de otros, como las designaciones directas, las convenciones de delegados o las asambleas electorales.
Con Perogrullo -leyendo el Cofipe- hay que insistir en que la precampaña requiere de dos o más precandidatos que compiten, al interior de un mismo partido, por una candidatura. Si en un partido hay un único precandidato, no habrá competencia, ya que ésta es interna, no contra los precandidatos de otros partidos. La existencia de precandidato único lleva a la consecuencia que no habrá precampaña; así lo sentenció la SCJN.
El PRD y el PRI, y sus respectivos aspirantes únicos, López Obrador y Peña Nieto, siguen buscando recovecos en la ley para realizar actos de precampaña y aparecer en los mensajes de televisión y radio de que los partidos dispondrán del 18 de diciembre al 15 de febrero. López Obrador anunció la aparición de juanitos, pero ante la crítica dio marcha atrás, ante lo cual el ex gobernador mexiquense hizo lo mismo. La regla que impide a los precandidatos únicos aparecer en mensajes en dichos medios está cuestionada ante el TEPJF, pero es difícil que sea revocada, ya que data del año 2008 y nadie la había impugnado antes.
En cambio, no está plenamente definido si un precandidato presidencial único puede realizar actos de precampaña; aunque la Corte fue tajante en decir no, la Sala Superior del TEPJF ha emitido sentencias contradictorias al respecto. En dos casos se había ceñido al criterio de la SCJN, pero luego viró en 180 grados; en las elecciones para gobernador en los estados de México y Nayarit, resolvió que el precandidato único podía hacer precampaña, a condición de dirigirse exclusivamente a militantes y organizaciones de su partido. Las sentencias aludidas se refieren a elecciones locales; por razón obvia no hay antecedentes para elecciones presidenciales.
López Obrador y Peña Nieto son, hoy, aspirantes únicos, pues no han sido confirmados como precandidato único; eso ocurrirá cuando, conforme a los estatutos y convocatorias de sus respectivos partidos, los órganos de dirección internos les otorguen esa calidad. Tratándose del PRD, los acuerdos de su congreso extraordinario, y lo notificado al IFE al respecto, parecen indicar que la confirmación del tabasqueño como candidato presidencial tendrá lugar el 19 de febrero de 2012, por lo que queda la duda sobre lo que puede hacer en el periodo que media del 18 de diciembre hasta el 15 de febrero, plazo de precampañas. Ya resolverá el TEPJF.
En el caso del PRI no hay lugar a la duda. El tercer párrafo de la Base Cuarta de la convocatoria difundida el 14 de noviembre, validada por la sentencia del TEPJF del viernes pasado, establece: "En caso de dictaminarse procedente el registro de un solo precandidato, el día sábado 17 de diciembre de 2011, una vez emitido el dictamen en términos de lo dispuesto en la Base Octava, la Comisión Nacional de Procesos Internos declarará la validez del proceso, le otorgará la constancia de candidato electo al precandidato registrado y dará por concluido el proceso interno".
Enrique Peña Nieto será declarado candidato del PRI a la Presidencia de México, y su partido dará por concluido el proceso interno, el 17 de diciembre. Ese día el ex gobernador será candidato presidencial; no debe ni puede realizar actos de precampaña, lo contrario sería admitir que compita por lo que ya es. Ni retorciendo el Cofipe, como si fuera jerga, cabe tal absurdo.
Ese sábado veremos, por única vez, al precandidato único Enrique Peña Nieto, que en ese mismo acto será transfigurado en "candidato electo". Lo volveremos a ver el 30 de marzo de 2012, cuando inicie la campaña presidencial. Así lo validó el TEPJF.

Posdata: la semana pasada escribí que la reunión que los diputados solicitaron posponer sería de la OCDE, lo correcto es que será de los jefes de Estado del G-20. También di por admitido el diferimiento de esa reunión; lo cierto es que el Ejecutivo rechazó el acuerdo aprobado en San Lázaro. Agradezco a la lectora que me hizo notar ambas imprecisiones.

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