jueves, 1 de diciembre de 2011

LOS CLAROSCUROS DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EL DF

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La Asamblea Legislativa del DF le encargó a la UNAM un análisis del diseño y ejercicio presupuestal de los programas sociales en la capital. En este 2011 los resultados del estudio fueron entregados a los legisladores. Ofrezco a continuación, de forma telegráfica, algunos de los hallazgos de la evaluación.
1. Si bien el DF es una entidad con alto nivel de ingreso per cápita en el promedio nacional, también experimenta una elevada desigualdad social y pobreza extendida; se enfrenta a un rápido envejecimiento poblacional, a una concentración demográfica en edades donde se demanda educación media superior y superior, así como un alza en la población que requiere encontrar empleo. Sus sistemas de servicios públicos (salud, transporte, educación, etcétera) se ven presionados por la demanda de otras entidades. Lo anterior hace indispensable contar con una robusta política social.
2. El DF ha venido incrementado los recursos que destina al gasto social de manera significativa y lo ha conseguido, en buena medida, con un loable esfuerzo del gobierno local: en la capital 43% del gasto público se sostiene con ingresos propios, a diferencia de lo que, por ejemplo, ocurre en el Edomex o Jalisco, donde se recauda apenas 8%.
3. En la capital se registran avances desde el punto de vista legislativo e institucional para hacer efectivos los derechos sociales. El plasmar en la Ley de Desarrollo Social del DF el principio de universalidad o el haberle dado sustento legal a programas como la pensión a los adultos mayores son muestra de ese avance.
4. Los campos prioritarios de acción de la política social en el DF son nueve, con el siguiente orden de importancia según los recursos que se les destinan: salud, integración y participación social, educación, vivienda, asistencia social, empleo, medio ambiente, familia y no violencia, y política social de cultura.
5. El 2009 (año evaluado) el gobierno central del DF ejecutó 70 programas sociales cuyas reglas de operación se publicaron en la Gaceta Oficial del DF. Los 70 programas involucraron 17 mil 500 millones de pesos en 2009. A ese número de programas hay que añadir más de 300 en las delegaciones, muestra de la dispersión y repetición de la política social capitalina.
6. Tres programas involucraron casi 70% de todo el gasto social: servicios médicos y medicamentos gratuitos (39.7%), pensión para adultos mayores (24%) y Prepa Sí (6.8%) (conviene no olvidar que el DF no imparte educación básica pública por sí mismo, por lo que no destina recursos a ese importante rubro, aunque tampoco recibe la asignación federal correspondiente). Ahora bien, 15 programas sociales ejercen 96% del gasto social, lo que evidencia concentración de gasto y dispersión programática de la política social.
7. De los 70 programas 15 están diseñados para tener cobertura universal, pero sólo nueve (12% del total) lo logran. En la política social del DF impera la focalización.
8. Los apoyos de la política social consisten, con alta frecuencia, en transferencias en efectivo o en especie, más que en el fortalecimiento en la cantidad y calidad de los servicios. La política social no está basada en la consolidación institucional que cimente una cultura de ejercicio de derechos; el beneficiario suele ser un mero receptor de recursos.
9. En general las metas presupuestales se cumplen adecuadamente, pues se ejercieron recursos por 7% más de lo inicialmente aprobado. Cambia el panorama al analizar cada programa, pues en 23 de ellos (31%) no es factible hacer evaluación presupuestal porque el GDF no publicó el dato de presupuesto aprobado o ejercido, o ambos.
10. En lo que toca a metas físicas, no se tuvo información pública para evaluar a 20 programas (27%). De los que sí se tuvo información, en 38 programas las metas se cumplieron o se superaron y en 16 la meta física fue inferior a la programada.
11. En materia de transparencia, sólo 36 de los 70 programas evaluados contaron con sus respectivos padrones de beneficiarios hechos públicos, lo que implica un incumplimiento de la ley en 50% de los casos. La opacidad no ha sido desterrada.
12. En lo que toca a la opinión de la población beneficiaria, 50.6% de los habitantes de zonas de muy alta, alta y media marginación reciben el apoyo de al menos un programa social del DF. El 70% de los beneficiarios está satisfecho o muy satisfecho con el apoyo recibido. El 51.7% de la población considera que la finalidad de estos apoyos del gobierno del DF es obtener votos. Así que queda mucho trecho para asociar la política social con derechos inalienables de los ciudadanos.
Puede decirse que los avances en el diseño de los principios y alcances de la política social en el DF contrastan con las deficiencias de su puesta en práctica. Hace falta pasar de las buenas normas a las buenas prácticas.
Por cierto que el estudio en extenso, en el que participamos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales y de la Facultad de Economía de la UNAM, se publicará como libro en las próximas semanas bajo el sello de la propia Asamblea Legislativa del DF.

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