JOSÉ WOLDENBERG
Tenemos relaciones extrañas con la ley. No descubro nada nuevo, pero aún así va la siguiente retahíla.
Hay quienes no entienden que las leyes lo que establecen es un deber ser. La ley dice que no se debe matar, precisamente porque sí se puede matar. Si no se pudiera matar -supongamos que fuéramos inmortales-, no se necesitaría una norma para prohibir y castigar el asesinato. Y lo mismo sucede con todo aquello que usted guste o mande. La ley sanciona la estafa, las golpizas, los robos, porque son posibles. Sin embargo, no es extraño escuchar expresiones de asombro porque no se cumple alguna disposición legal: "¡Qué horror -dice el vecino con razón- ya se estableció que pegarle a las mujeres está prohibido y fíjate cómo Paco le puso el ojo morado a su esposa!". El abismo entre lo que debe ser y lo que realmente sucede es lo que causa el asombro del vecino. Como si la ley fuera la "realidad" o peor aún, como si las conductas no pudiesen alejarse de la norma. Quizá toda la vida en sociedad, desde una perspectiva optimista, sea la del ajuste lento, tortuoso, imposible de cumplir de manera cabal, entre el deber ser que impone la ley y el ser de la cotidianidad.
Pero hay otros. Los que piensan a la ley como una orientación general sin vínculos fuertes. Aquellos que creen que la ley es un marco difuso, quizá deseable, pero que es una posibilidad entre otras. Se puede acatar, pero si se requiere dar un rodeo o peor aún traspasarla impunemente, total, "no pasa nada". La ley en esa perspectiva es un horizonte más, una opción, pero si resulta onerosa bien vale la pena optar por una vía más corta. "Agente, pórtese bien, yo no le hice nada, aquí tiene 500 pesos y seguimos como amigos". Y en efecto, quien se pasó el alto encuentra una vía expedita, eficiente, para pagar su culpa. Todos contentos y la ley en una nube.
¿Y a qué vienen esas necedades pseudodidácticas a estas alturas? Bueno, a que resulta ilustrativo de nuestras relaciones con la ley lo que está sucediendo en materia electoral. O ¿no es curioso que las dos coaliciones que participarán en las próximas elecciones federales hayan decidido ya quién será su candidato presidencial cuando con ello pierden la posibilidad de explotar en radio y televisión los tiempos para las precampañas de sus precandidatos?
Como sabemos, las precampañas deben durar 60 días. Y el artículo 212 del Cofipe establece que en las mismas deben participar precandidatos (así en plural) porque de otra manera no tendrían sentido. Una competencia entre uno, no es competencia. Aunque el tipo viva una profunda esquizofrenia. Eso, como lo recordaba Lorenzo Córdova hace unos días en "Precandidatos únicos y actos de proselitismo", lo han refrendado distintas sentencias de la Corte y del Tribunal Electoral, estableciendo que es necesario que existan dos o más precandidatos al mismo cargo, para que se dé el presupuesto del artículo 212. Y si no lo hubiesen ya establecido los órganos jurisdiccionales, la buena lógica iría en el mismo sentido. Por ello, en el reglamento de radio y televisión que aprobó el IFE se establece que de no existir esa situación (competencia entre precandidatos) el tiempo de que gozan los partidos en radio y televisión tendrá que ser utilizado para realizar propaganda genérica, no personalizada. (El PRI impugnó ante el Tribunal esa disposición y entonces habrá que esperar...).
Lo que llama la atención (o sería mejor decir, lo que me llama la atención) es que cuando se pactó la ley, con el acuerdo de las bancadas de todos los partidos, se dijo que se buscaba acortar los tiempos de las precampañas y campañas. Quizá fue una pretensión tonta: como ponerle diques enanos a los huracanes, pero en su base estaba un acuerdo político que intentaba fijar plazos y formas para el desarrollo de la competencia. Insisto: a lo mejor desde sus premisas estamos ante un intento vano, pero la legislación fue acordada por todos porque supuestamente a todos obligaba, y todos deseaban cumplirla. ¿Si no -pregunta Simplicio- para qué la aprobaron?
Pero no. Las dos grandes coaliciones que participarán en los próximos comicios ya han decidido -informalmente- quién será su candidato a la Presidencia de la República. Y por ello esa persona no podrá aparecer en la propaganda de los partidos durante los dos meses de precampaña. (Al parecer, la idea de contar con sparrings simbólicos, que en algún momento merodeó en los cuarteles generales de los candidatos, ha sido desechada. Y en buena hora que así sea, porque no parece que el país esté para simulaciones o bufonadas).
Pero lo que ya apareció, y no podía ser de otra manera, es los que culpan a la ley de lo que está sucediendo... como si las conductas no pudieran alejarse de la norma. Lo que pasa es que la disposición aprobada por todos, que supuestamente ordenaba y acortaba los tiempos de campaña, sigue siendo vista como una posibilidad entre otras, como opcional. Es decir, como una llamada a misa. El que quiere va, y el que no, pues no.
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