RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
En un juicio se podrá uno equivocar en la valoración de las pruebas y por eso las pone en manos del fiscal o del juez, para que las califique, siendo absurdo querer coartar una petición de justicia alegando que es calumnia (además ya se derogó en el Código Penal Federal) como lo ha hecho la Presidencia de la República en lo tocante a la denuncia en la Corte Penal Internacional. Los tribunales funcionan para que a una acción corresponda una reacción, una defensa. Es un error del Presidente Calderón advertir que analiza "todas las alternativas para proceder legalmente" contra los 23 mil mexicanos que denunciaron al gobierno, y a él en concreto, en aquella Corte Penal Internacional por la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en su lucha contra el crimen organizado. Añadió que las imputaciones hechas a él y a su gobierno son claramente infundadas e improcedentes y constituyen en sí mismas acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México. Yo creo que el Presidente no es México ni las instituciones y que carece de una adecuada perspectiva del asunto. Calumniar sería en el caso presentar denuncias o querellas en que su autor imputara un delito a persona determinada, pero "sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido" (elementos específicos en el dolo calumniador, lo cuales a mi entender no se dan en el caso; y si se dieran habría que probarlo ante el fiscal o el tribunal). De aquí precisamente el desliz en que ha incurrido la Presidencia porque de entrada, con la sola presentación de la denuncia, no hay calumnia. "Si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino tiene todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación", sostuvo en Radio Fórmula Alejandra Sota, vocera del gobierno federal. Es verdad y por ello que se defienda Calderón en la Corte y si lo cree conveniente que contrademande. Ése es el camino. Asimismo dijo la vocera que "la Corte de La Haya nació para tratar crímenes de guerra, no para sancionar políticas públicas de Estados democráticos, que buscan fortalecer el Estado de Derecho, el bienestar de la ciudadanía y apostar por las instituciones y por el respeto a los derechos humanos". Olvida que en la Corte Penal Internacional se acusa al Presidente de crímenes de guerra y de tergiversar el sentido de su "política pública de Estado democrático".
Ahora bien, el ex presidente Salinas de Gortari respaldó la "estrategia" de Calderón para disminuir los índices de violencia en el país. "Yo estoy convencido de que el presidente Felipe Calderón fue muy valiente en acometer frontalmente el combate a este flagelo que hoy tenemos", aclaró Salinas de Gortari durante la presentación de su libro "¿Qué hacer? La alternativa ciudadana", llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Manifestó además que el próximo Presidente de la República deberá continuar la lucha contra el crimen organizado. Al respecto yo observo algo que someto a la reflexión de lector y que es la coincidencia de apoyo a Calderón en Peña Nieto y Salinas (el primero se solidarizó con aquél en lo de la Haya). Y ambos pasan por alto hablar siquiera de las bases jurídicas de esa "estrategia". ¿Las tiene o no? ¿Cuenta con un sólido fundamento constitucional y legal? Calderón defiende las reformas aprobadas por el Congreso desde 2008: la de introducir en la Constitución las palabras "derechos humanos" (y qué, palabras, palabras, palabras), las equivocadas modificaciones de naturaleza penal hechas en la Constitución y las muy discutibles al amparo. Y afirma que son "la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas". Dejémoslo al tiempo que es justo e implacable para dictaminar la verdad.
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