TRES NUEVAS LEYES PARA MÉXICO

JAVIER CORRAL JURADO

La sesión del jueves pasado en la Cámara de Diputados fue de una singularidad especial en relación con el trabajo de la LXI legislatura del Congreso de la Unión. Y tuvo, en el contraste de la forma como inició y y como concluyó, la mejor explicación del porqué aún es tan distante a los ciudadanos la trascendental labor de los legisladores federales

De esa sesión, la mayoría de los medios de comunicación dieron cuenta de que se levantó por falta de quorum. En efecto, al entrar en el capítulo de la llamada "agenda política", un espacio destinado al debate y el análisis de los problemas del país, pero que al paso del tiempo se ha convertido en un desfile de ocurrencias y acusaciones sin ton ni son, de todos contra todos, se perdió el interés y se deshizo la asistencia reglamentaria de 251, que es la mitad más uno de los que integramos esa cámara. Devino en tal abuso, el uso de la máxima tribuna del país en ese apartado del orden del día, que ni los Diputados le mantienen interés.

Sin embargo en esa misma sesión, se dio uno de los mayores momentos reformadores que ha habido en la presente legislatura, vinculado directamente con la atribución esencial de las Cámaras: legislar. Se expidieron tres nuevas leyes para México, en áreas desreguladas, y que benefician la protección y salvaguarda de derechos fundamentales de los ciudadanos en general. Pero de eso, casi no dijeron nada los medios.

Es menester que, sin caer en el propagandismo, de cuenta en este espacio del contenido de esos productos legislativos, no sólo en rescate de mi propio trabajo, sino también el de mis colegas legisladores de casi todos los partidos en el pleno, y particularmente de los que integramos la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, pues las tres nuevas leyes son fruto del trabajo de estudio y dictamen de ésta comisión que me honro en presidir. Aclaro de entrada que, aunque aprobadas en una misma sesión, los nuevos ordenamientos son fruto de un decantado proceso de revisión y búsqueda de consensos a lo largo de los dos años que lleva esta legislatura.

En lo que constituye la consolidación del derecho a la información en nuestro país, se expidió la nueva Ley Federal de Archivos.

Esta Ley busca regular y organizar los archivos en posesión de las dependencias gubernamentales de la federación, en virtud de lo previsto en el artículo 6° de la Constitución Política, para crear instrumentos jurídicos que garanticen el derecho de acceso a la información, es decir, con esta nueva ley, se completa la trilogía jurídica que compone el derecho a la información referente al acceso, la protección de datos personales y finalmente el buen resguardo y conservación de los expedientes y archivos que garanticen el pleno ejercicio del mandato constitucional.

La propuesta inicial se había dictaminado en el año 2009 y el Senado de la República la devolvió el pasado mes de marzo con la más importante y esencial modificación, la de hacer del Archivo General de la Nación el organismo descentralizado rector de la archivística nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la gestión de los archivos administrativos e históricos, y que contará con autonomía de gestión y personalidad jurídica propia para el cabal cumplimiento de su objeto general.

Establece los mecanismos de colaboración entre la Federación, los estados y municipios, que fomenten la conservación del patrimonio documental de la nación, así como su difusión y consulta. Regula la administración de los archivos que se encuentran en posesión de los Poderes de la Unión, organismos constitucionales autónomos y organismos con autonomía legal; pretende la regulación del Sistema Nacional de Archivos, del Archivo General de la Nación y del Registro Nacional de Archivos; asimismo, establecer los mecanismos de colaboración en la materia entre los distintos niveles de gobierno. Fomenta el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de especial relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.

Establece las condiciones por las que deben asegurarse los trámites y gestión de asuntos, la transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información; por otro lado, se considera la creación del Sistema de Archivos, el cual deberá incluir los criterios de administración de los documentos en posesión de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal.

Establece el Registro Nacional de Archivos como el instrumento catastral del Archivo General de la Nación para el registro y difusión del patrimonio documental. Los archivos de los tres órdenes de gobierno, de los Estados y municipios, los universitarios y de instituciones de educación superior, archivos privados y los acervos y documentos que sean declarados como patrimonio documental de la nación, podrán certificarse en el Registro Nacional. Las ventajas de la inscripción tendrán, entro otros, la actualización permanente de los archivos en poder de los sujetos.

Se considera la creación del Sistema Nacional de Archivos el cual deberá crear y actualizar permanentemente el registro público de archivos y pondrá a disposición de cualquier interesado, la información de los archivos administrativos e históricos, como sería su ubicación, los responsables de los mismos y los instrumentos de control y consulta.

En la misma sesión, "Día de la Comisión de Gobernación" a decir de varios legisladores en tribuna, también se expidió una nueva Ley General de Protección Civil, pues abrogamos la actual y ahora se crea un ordenamiento más completo y estructurado, al disponer las bases de coordinación en materia de protección civil entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, estableciendo que el Gobierno Federal procurará en todo momento que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de Gestión Integral del Riesgo y que las políticas públicas en materia de protección civil, se ajusten al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil.

La propuesta de Ley consta de tres grandes secciones, un apartado de disposiciones generales, uno dedicado al Sistema Nacional de Protección Civil y por último uno dedicado principalmente a la prevención de desastres.

En lo relativo a las disposiciones generales, la nueva ley considera más términos, prevé organismos y da un adelanto de la nueva estructura del Sistema Nacional de Protección Civil, entre otras nuevas instancias operativas, al mencionar las nuevas partes que lo conforman y establece los principios que regirán su actuar. Las facultades y obligaciones del Ejecutivo Federal son desarrolladas de una manera más integra, es importante ya que concretiza más los alcances del mismo, de suerte que en la aplicación de la Ley la delegación de los objetivos es más afortunada.

La figura de la Gestión Integral de Riesgos, es el dato esencial, ya que dentro de sus principales objetivos está la identificación de los riesgos, previsión, prevención, recuperación y reconstrucción de lo afectado. La integración del Sistema Nacional de Protección Civil se vuelve más incluyente que la composición actual del Sistema Nacional en la ley vigente, y le establece obligaciones más concretas y funcionales.

La nueva ley incluye la figura de un Atlas Nacional de Riesgos, que resulta necesaria y con un carácter moderno, el cual es posible gracias a los adelantos tecnológicos de la última década. Para hacer más efectiva la labor del Sistema Nacional de Protección Civil cuando sea necesario, la propuesta de Ley crea la figura del Comité Nacional de Emergencias, esto es de especial importancia ya que es el mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia, esta es una de muchas figuras nuevas que permiten que la designación de facultades y obligaciones sea más concreta y más efectivamente aplicable. Se pretende ser más claros que la ley actual en lo relativo a los Instrumentos Financieros en caso de Declaratoria de Emergencia y/o desastre.

Finalmente y luego de ir y venir del Senado de la República que le hizo modificaciones muy pertinentes que sin duda la perfeccionaron - para ello es el sistema bicamaral -, se aprobó la nueva Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

La nueva ley establece las bases para la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones con el fin de combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos. Cuenta con 34 artículos divididos en siete capítulos y tres transitorios.

El combate a la inseguridad no puede estar fincada solamente en acciones punitivas, o del uso de la fuerza pública. Es fundamental articular políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

Por ello se determina la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

Ante un panorama como el actual, para poder hablar de una auténtica política criminal es necesario, primero, ubicarla en un concepto real de seguridad pública, ya que sólo de este modo se puede comprender el rol que le toca jugar a la administración pública en esa búsqueda de mayor seguridad para los ciudadanos; de no hacerlo de este modo, se continuará con un esquema que no ha logrado plenamente los resultados que buscaba.

Posdata: Desde este espacio expreso mi reconocimiento y gratitud hacia la solidaria y generosa actitud con la que Guillermo Luján Peña, respondió a mi invitación de acompañarme como suplente en la fórmula para buscar la candidatura de Acción Nacional al Senado de la República por Chihuahua. Panista nutrido en la mejor tradición democrática, leal a los principios y valores que nos convocaron hace tantos años, empresario de prestigio, padre y esposo ejemplar, ciudadano de tiempo completo, es un lujo para mí la dupla que conformaremos en este extraordinario reto al que ya me dispongo con toda convicción y entusiasmo.