OLGA PELLICER
Las aguas comienzan a moverse en las campañas para las elecciones de 2012 en Estados Unidos. Por lo pronto, las batallas se dan en los debates previos a la elección del candidato del Partido Republicano. Allí se pone en evidencia cuál es el ánimo general de ese partido, los temas prioritarios de su agenda y las posiciones hacia problemas que son de interés para México, como es la política hacia los trabajadores migratorios. Van de por medio 11 millones de mexicanos que se encuentran, la mayoría indocumentados, en Estados Unidos.
El problema de la migración no puede ser ajeno al ambiente de incertidumbre y desencanto que reina en Estados Unidos como resultado de la situación económica. El país no logra elevar los índices de crecimiento y se mantiene estancado el problema del desempleo que rebasa el 9%. El empeoramiento de la situación de las clases medias es cada día más evidente y el malestar entre quienes ya no pueden pagar sus hipotecas y aún menos mandar a sus hijos a la universidad se está generalizando. Ese es el estado de ánimo que explica movimientos que, desde la izquierda o la derecha, están expresando la crisis del american way of life. Allí están los jóvenes indignados que piden Ocupar Wall Street y las voces ultraconservadoras, listas a los reclamos irracionales, que se encuentran detrás del movimiento del Tea Party.
En los debates entre los precandidatos republicanos la migración ha ocupado un lugar importante como argumento que puede contribuir a levantar rechazos o simpatías entre las filas más conservadoras. La competencia, hasta hace poco, parecía definirse en términos de quién tomaba la posición más dura. Palabras como amnistía, que en otras épocas formó parte de las propuestas para regularizar la situación de inmigrantes indocumentados, han pasado a ocupar el lugar de un concepto esencialmente negativo, que se utiliza para descalificar a un precandidato dispuesto a justificar la violación de la ley en Estados Unidos.
Los argumentos para pedir la deportación de indocumentados (ilegales los llaman ellos) se han vuelto esencialmente jurídicos: han violado la ley, deben irse. Desde allí se camina a la petición para no otorgar educación a sus hijos, castigar a los empleadores que los utilizan, negarles cualquier servicio de salud y ver con simpatía las medidas estatales que autorizan la detención de una persona, simplemente por “parecer” un trabajador indocumentado.
Esa tendencia, que habla de la voluntad de congraciarse con la parte más conservadora del partido, ha tenido matices que se han corregido rápidamente. Tal ha sido el caso de Rick Perry, gobernador de Texas. No se le conoce por su simpatía hacia México, por lo contrario, se conoce su insistencia en pedir mayores fuerzas militares en la frontera e incluso el envío de dichas fuerzas al interior de México. Sin embargo, su conocimiento del tema de los inmigrantes en Texas lo llevó, en alguna ocasión, a calificar de personas sin corazón a quienes exigen negar educación a los hijos de inmigrantes indocumentados. Ha tenido que esforzarse para aclarar el sentido de sus palabras y no pasar por conciliador ante sus contendientes.
Más recientemente, la sorpresa la dio Newt Gingrich, un candidato que inesperadamente ha subido en las encuestas hasta ocupar el tercer lugar al momento de escribir este artículo (las encuestas varían semana a semana). Gingrich señaló que el Partido Republicano no se veía favorecido al forzar el exilio de inmigrantes que han estado en Estados Unidos durante años, han pagado impuestos y no han cometido algún delito. Aunque todos esperaban una rectificación, el hecho es que Gingrich ha mantenido su posición. Para algunos, con ello dificulta seriamente su nominación como candidato. Punteros de la actual competencia, como Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts, se apresuró a declarar que la posición de Gingrich equivalía a una amnistía. Sin embargo, para otros, ha introducido un elemento de racionalidad en el debate que, a la larga, favorecerá al Partido Republicano.
Los últimos tienen gran parte de razón. En efecto, una vez terminada la primera etapa que es conseguir la nominación, los republicanos se verán obligados a moderar su exigencia en el tema de la inmigración por dos motivos. La primera es la importancia del voto hispano que demostró ser un elemento importante para decidir la votación a favor de Obama en algunos de los llamados “estados que oscilan”. No se debe perder de vista lo necesario que es triunfar en tales estados cuando se llega a la decisión final del colegio electoral. Para los hispanos, la política en materia de migración tiene una fuerte influencia para saber cómo orientan su voto.
De otra parte, un diagnóstico serio del papel de los inmigrantes en la economía de Estados Unidos lleva a valorar la contribución de los indocumentados, conocidos por la excelencia de su trabajo en labores intensivas de mano de obra o en su buen dominio de algunas técnicas en la recolección de frutas y legumbres o en jardinería o, en el caso de mujeres, en cuidados hospitalarios y muchos otros. Después de haber pasado una ley muy represiva contra los inmigrantes en Alabama, el estado ha resentido la pérdida de cosechas enteras que normalmente levantan, y saben cómo hacerlo, mexicanos indocumentados. Lo cierto es que a pesar de “violar la ley” los indocumentados mexicanos contribuyen bastante más a la economía de Estados Unidos de lo que quieren reconocer quienes manejan el problema desde llamados emotivos, sólo útiles para satisfacer la extrema ideologización del tema en momentos de malestar económico.
Es muy probable, entonces, que surja un discurso menos agresivo cuando la contienda no sea para atraer la ola conservadora republicana sino para derrotar a Obama. Al llegar a ese punto, la batalla puede tomar otros cauces. El presidente demócrata tiene en su haber muchas contradicciones en materia migratoria. No pudo someter al Congreso la ley que había prometido (no se daban las condiciones para ello dado el bloqueo republicano) y el hecho es que el número de deportados a México durante su administración ha sido el más alto de las últimas décadas. En efecto, se calculan en el orden de 400 mil. Estas deportaciones, el refuerzo de las medidas de control en la frontera y la caída de actividades que emplean mano de obra mexicana, como la construcción, han resultado en una reducción a prácticamente cero del número de trabajadores migrantes de México hacia Estados Unidos en el último año.
Más allá de la dinámica de las elecciones, de la reducción del crecimiento en Estados Unidos, toda la situación apunta hacia condiciones desfavorables para los migrantes mexicanos. La posibilidad de construir un acuerdo laboral que permita regular y utilizar mejor la mano de obra mexicana en Estados Unidos parece políticamente muy lejano. Su incorporación con posibilidades de empleo y remuneración digna a las zonas expulsoras de México de ninguna manera están aseguradas. La válvula de escape que siempre ha sido irse del otro lado se está cerrando. ¿Qué están pensando al respecto los políticos mexicanos? ¿Qué hacer internamente y cómo conducir el diálogo con las fuerzas que decidirán sobre el tema en Estados Unidos?
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