SCJN: BUENO, MALO Y FEO

ANA LAURA MAGALONI

El cambio de paradigma que propuso la Corte en Radilla no parece aún viable en la cultura judicial mexicana y la Corte no está tomando medidas para atender el problema

El jueves pasado, el presidente de la Suprema Corte presentó su Informe Anual del Labores. Con ello se cierra, por decirlo de alguna forma, el año 2011 para el máximo tribunal del país. ¿Qué podríamos destacar como lo bueno, lo malo y lo feo del 2011 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A continuación ofrezco algunas ideas.

Lo bueno: el asunto más relevante de la Corte durante el 2011, en mi opinión, fue el Caso Radilla. Como señalé en su momento en esta columna, la decisión de la Suprema Corte en este asunto marca un cambio de paradigma en la forma en que han operado nuestros jueces al momento de controlar la arbitrariedad de policías, militares y ministerios públicos. Por muchos años, la posición de los jueces ha sido la de cerrar los ojos ante la arbitrariedad. La eficacia de los derechos humanos de los ciudadanos, en el mejor de los casos, es un asunto de menor relevancia y, en el peor, un estorbo para las políticas de seguridad.

Los ministros, en el caso Radilla, intentan dar la vuelta a este paradigma y colocar en el centro de la actividad jurisdiccional el control a la arbitrariedad y la eficacia de los derechos humanos. Lo que me parece más importante de este caso es que la Corte señala que todos los jueces, locales y federales, deben ser, en todo litigio, garantes de los derechos humanos y, por lo tanto, deben revisar de oficio que las leyes mexicanas aplicables no violen tratados internacionales en derechos humanos y, si lo hacen, deben aplicar el tratado internacional y no la ley. Ello, en el día a día de la justicia mexicana, va a significar una revolución que hoy es difícil de dimensionar.

Lo que me parece positivo de este cambio es que la Corte finalmente tomó la decisión de jugar el papel que le toca en una democracia: liderar la agenda de los derechos ciudadanos. Además, en el contexto de guerra que estamos viviendo, la Corte ha mandado una señal clara a los jueces para que centren su labor, no en la eficacia de las políticas de seguridad -esa es tarea del Ejecutivo- sino en el control de la arbitrariedad y la eficacia de los derechos de las víctimas y los acusados. Silva Meza retomó esta idea como eje central de su discurso durante la presentación de su informe anual de labores el jueves pasado y Zaldívar también lo hizo un día antes al presentar el informe anual de la primera sala. Todo ello me parece que viene a marcar un antes y un después en la justicia constitucional mexicana y en el liderazgo de la Suprema Corte en un momento tan delicado como el que estamos viviendo.

Lo malo: lo que me parece más delicado de este cambio de paradigma es su instrumentación. Lo malo, por tanto, es que la Corte no ha tomado las medidas necesarias para hacer realidad lo que dijo en Radilla. La interpretación y aplicación de los derechos humanos requiere un tipo de argumentación jurídica muy diferente a la que utilizan nuestros jueces. No es lo mismo aplicar un precepto de ley que especifica una conducta y una sanción a comenzar por dotar de contenido derechos humanos que encierran valores y principios que son ambiguos, indeterminados y no se dejan atrapar por la clásica retórica judicial. En otras palabras, el formalismo judicial, propio de nuestros tribunales, no funciona para dotar de contenido a los derechos humanos. Los jueces locales y federales no están preparados para esta tarea. Es más, ni siquiera las sentencias de la propia Corte, salvo algunas excepciones, tienen la calidad argumental que requiere el paradigma de los derechos. ¿Cómo vamos a evitar que las sentencias judiciales, con pretexto de la eficacia de los derechos humanos, se conviertan en discursos políticos o en ensayos poéticos? La Corte debe tomar medidas claras para monitorear el desempeño de los jueces dentro del nuevo paradigma. Hasta ahora no lo ha hecho. Así, si tuviera que destacar lo malo del 2011, es que el cambio de paradigma que propuso la Corte en Radilla no parece aún viable en la cultura judicial mexicana y la Corte no está tomando medidas para atender el problema.

Lo feo: en el 2011 me parece que se han mantenido, e inclusive a veces se han acentuado, las vanidades y protagonismos individuales de los ministros. El proceso de deliberación de los ministros en las sesiones del Pleno deja claro que entre ellos prevalecen demasiadas diferencias, que existe poca disposición a encontrar puntos de acuerdo, que están más preocupados por su imagen personal en la pantalla del Canal Judicial que por encontrar una voz colectiva. Ello genera incertidumbre jurídica a los ciudadanos, a los actores políticos y, sobre todo, a los jueces del país. Difícilmente va a ser efectivo el cambio de paradigma que se propuso la Corte en el caso Radilla, con un tribunal tan dividido. Como señalé este año en esta columna: "los ministros tienen que decidir ser un cuerpo colegiado, (...) construir una visión común de lo que se imaginan debe suceder en el país en materia de derechos humanos y llevar a cabo una estrategia para lograrlo. El país necesita una Corte clara, unida y potente y no 11 individualidades empeñadas en pelear pequeños cotos de poder". Lo feo es que, en 2011, tuvimos más 11 individualidades y que un tribunal constitucional potente y unido.