LA FRASE SIMBIÓTICA

JOHN ACKERMAN

En su discurso con motivo del quinto año de gobierno, Felipe Calderón tuvo un momento de lucidez al afirmar que en materia de inseguridad ya hemos rebasado las fases predatoria” y “parasitaria”, en las que existen claras líneas divisorias entre las autoridades y los delincuentes, para evolucionar hasta la fase “simbiótica, donde simplemente ya no hay diferencia entre el Estado y sus instituciones y los criminales”. En este contexto, “los criminales se apoderan de las instituciones policiacas y ministeriales, actúan a través de la policía y se diversifican hacia la extorsión, el secuestro y el cobro de piso para quedarse con las rentas de la sociedad” (discurso disponible en: http://bit.ly/tsvyeV).

Los acontecimientos de los últimos días confirman esta evaluación. La ola de asesinatos, asaltos, secuestros y acusaciones penales contra activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a Nepomuceno Moreno, Alejandro Solalinde, Norma Andrade, Trinidad de la Cruz, Pedro Leyva Domínguez, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, revela una vez más que la violencia y el acoso no solamente lo ejercen los “malos” en la calle, sino también las instituciones gubernamentales. La semana pasada, Calderón demostró en entrevista con Joaquín López Dóriga que esta intimidación forma parte de una política de Estado desde los más altos niveles, al ratificar y ampliar su amenaza de proceder en contra de las casi 30 mil personas que respaldan la solicitud de investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).

Epigmenio Ibarra ha señalado con toda claridad la responsabilidad del Presidente por el actual clima intimidatorio: “Cada vez que usted [Calderón] sale en la televisión... incitando al linchamiento de sus críticos pone una diana en el pecho de uno de estos luchadores sociales. Cada vez que se atreve usted a sugerir... que quien se opone a la guerra está por la negociación con los criminales, o de plano trabaja para ellos, firma una sentencia de muerte...Ya jugó a sembrar el encono y la discordia en 2006; ahora, literalmente, juega con fuego” (Texto completo aquí: http://bit.ly/vZYNbN).

Los informes oficiales demuestran la participación directa del gobierno federal en el acoso a la población civil. Entre 2010 y 2011, se duplicó la cantidad de casos de “desaparición forzada”, que implican la participación de un servidor público en el “levantamiento” de un ciudadano, investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En años recientes, también se han disparado la cantidad de denuncias en la CNDH contra las fuerzas armadas y la Policía Federal. Las recomendaciones 55/2008, 29/2009, 32/2010, 34/2011 y 63/2011 de la misma CNDH, y el informe más reciente de Human Rights Watch Ni derechos, ni seguridad son particularmente elocuentes.

Este año se inició con un nutrido movimiento social encabezado por Javier Sicilia que apostó a la movilización pacífica, el diálogo con las autoridades y la buena voluntad de Calderón. Pero el Presidente defraudó a los activistas al demostrar que simplemente no sabe escuchar a sus críticos y que su corazón se encuentra mucho más endurecido de lo que cualquiera podría imaginar. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha tenido la enorme valía de visibilizar a las víctimas de la guerra de Calderón y demandar el fin a la impunidad, pero lamentablemente nunca pudo convencer al Presidente de cambiar su estrategia

A mediados del presente año, la Universidad Nacional Autónoma de México elaboró un amplio documento que apeló a la madurez del Presidente. El informe critica de raíz la actual estrategia de combate a la inseguridad y propone salidas específicas para caminar hacia otra ruta. Al ignorar este formidable estudio, el Presidente demostró que tampoco le interesa escuchar a la intelectualidad mexicana.

Hoy, los que promovemos la intervención de la CPI para investigar la crisis humanitaria en México apelamos a la sensatez que ojalá todavía le quede al Presidente. Ante el riesgo de que la CPI lo pueda encontrar responsable, por acción u omisión, de los ominosos y continuos episodios de esta guerra, esperaríamos que Calderón tomara medidas contundentes desde ahora para demostrarle a esta instancia internacional que efectivamente está comprometido con la defensa de los derechos humanos.

Como señaló el abogado Netzaí Sandoval la semana pasada en las páginas de la revista Proceso: “Si participara en la defensa del gobierno panista, le recomendaría poner en vigor de inmediato protocolos de actuación en tareas de seguridad pública y ordenar al Ejército dejar de trasladar a los detenidos a cuarteles militares (donde se cometen actos de tortura). Le aconsejaría implementar el registro inmediato de detenciones e instruir a la PGR que aplique realmente el Protocolo de Estambul. Pero fundamentalmente le recomendaría ordenar a la PGR iniciar averiguaciones previas contra los soldados que agreden a la población civil e integrarlas en forma diligente y profesional, es decir, poner fin a su política de impunidad”. (Texto completo: http://bit.ly/tfYDus)

Las declaraciones del Presidente el viernes pasado en el acto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, precisamente sobre los temas de los protocolos de uso de la fuerza y la competencia de la justicia militar, indican que se encuentra con la espalda contra la pared. Ahora que ha quedado claro que Calderón no cuenta con la suficiente voluntad o madurez para cambiar de estrategia, esperemos que todavía le quede un poco de sensatez para convertir inmediatamente estas declaraciones mediáticas en una nueva política de Estado y así conjurar cualquier posibilidad de ser procesado penalmente por instancias internacionales.