DESBANDADA POLÍTICA

MARÍA AMPARO CASAR

Se acercan las elecciones del 2012 y con ellas la desbandada de los cargos para los que los servidores públicos fueron designados o electos: secretarios y subsecretarios, delegados, presidentes municipales, gobernadores. Sobre todo, diputados y senadores.

Sus mandatos terminan anticipadamente y sus tareas quedan inconclusas. Los costos para el quehacer político y administrativo son altos. La continuidad se pierde, la experiencia se desperdicia, los equipos se disgregan, las negociaciones regresan a la casilla uno, las relaciones cuidadosamente cultivadas desaparecen de golpe. Al momento de cerrar el sexenio presidencial o gubernatorial, el trienio municipal o el periodo legislativo que es precisamente cuando deben cuajar muchos de los proyectos que se trabajaron durante los años previos, quedan truncados y no alcanzan a concretarse. Sus impulsores los abandonan. La casa se queda tirada.

Esto no es culpa de la irresponsabilidad y ambición de nuestros políticos que no están terminando un puesto cuando ya andan en pos de otro. En toda carrera hay ambiciones legítimas y está bien que las haya. El problema es que nuestra legislación las ahoga con prohibiciones que acaban siendo contraproducentes. La política está llena de restricciones para competir, para hacer política y sobre todo para profesionalizarse y especializarse.

Contra la profesionalización de los políticos militan al menos tres disposiciones. La Ley Electoral que impide a los funcionarios exhibir sus logros y hacer proselitismo, al Presidente y gobernadores apoyar a los candidatos de sus partidos, a los servidores públicos, diputados y senadores hacer campañas para su siguiente cargo, a los que pretenden alcanzar un cargo por primera vez posicionarse y, a todos ellos, decir lo que piensan en la propaganda electoral que se transmite por los medios electrónicos. El absurdo es de tal tamaño que tenemos normas que impiden a los políticos trabajar para lo que define a su profesión: buscar el favor de los electores.

Milita también en contra de la profesionalización de la política la no re-elección. Si hubiese reelección inmediata aquellos que ocupan un puesto de elección popular seguirían hasta el final de su mandato buscando repetir en el cargo a través de lo que más aprecian los electores: el buen desempeño. Alternativamente, pero sin renunciar ni descuidar sus funciones buscarían subir un peldaño en su carrera política. Pero esta vía también está prohibida por ley. En todos los países donde hay reelección -que son la inmensa mayoría- los ocupantes del cargo lo desempeñan hasta el último momento al tiempo que hacen campaña para reelegirse o moverse a otro puesto. ¿Se imaginan a Obama o a Lula renunciando para volver a correr para Presidente?

Finalmente las disposiciones constitucionales, legales y partidarias también restringen la profesionalización y contribuyen a dejar las cosas a medias. La Constitución obliga a aquellos que aspiren a cualquier cargo a separarse del que desempeñan, 90 días antes de la elección. Las normas internas de los partidos se dan el lujo de extender este plazo. El PAN por ejemplo les está pidiendo hacerlo ya, ¡6 meses antes de la elección! Será que los secretarios Lozano, Elvira, Vega, -antes Córdova Villalobos- o piezas claves en el equipo de gobierno de Calderón ya terminaron sus labores. Se habla de que más de la mitad de los senadores actuales abandonen sus escaños. ¿No sería mejor que siguieran en sus puestos al tiempo de buscar nuevos horizontes?

Esta particularidad de nuestro sistema -las renuncias forzadas para seguir las carreras políticas- resulta disruptivo para la marcha del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales y de manera muy especial del Congreso en donde los suplentes parten de cero y tienen que pagar una curva de aprendizaje para la que no hay tiempo. Las negociaciones y los consensos tienen que volver a construirse.

Queremos tener un Congreso profesional pero hacemos todo por no tenerlo. Del 15 de diciembre de 2005 al 30 de marzo de 2006 (fin de la LIX Legislatura) 58 diputados solicitaron licencia para irse a otros puestos pues era más rentable dejar la curul que quedarse bailando durante los siguientes años. Lo mismo ocurrió de 2008 a 2009 cuando fueron 37 los diputados que solicitaron licencia. Peor aún, en toda la LX Legislatura (2006-2009) se otorgaron 181 licencias. O sea, a lo largo de esa legislatura hubo una rotación de 36% de los diputados. ¿Puede así el Congreso desempeñar sus funciones?

En lugar de reformas políticas de supuesta gran envergadura bien podríamos empezar por arreglar las pequeñas cosas que redundarían en estabilidad, continuidad, responsabilidad, permanencia y experiencia.