DELINCUENCIA Y COMICIOS

RODRIGO MORALES MANZANARES

En el marco de la conmemoración de los cinco años de gobierno, el presidente Calderón lanzó una severa afirmación: la delincuencia —dijo— se ha vuelto una amenaza abierta a la democracia que tiene una intromisión palmaria y evidente en el proceso electoral.

Esta afirmación, no debemos perderlo de vista, no es una excepción dentro de su mensaje a la nación; es, más bien, la constante. Así, en el mensaje de logros y retos, casi la mitad de la alocución giró en torno a los temas de seguridad; ahí, con la vehemencia que lo caracteriza en los últimos meses, actualizó su diagnóstico, refrendó la continuidad en sus políticas y combatió a quienes no comulgan con su estrategia. Tras la alerta de que la democracia está amenazada, pidió a todas las fuerzas políticas alinearse para que el combate a la delincuencia sea una política de Estado. Bien.

Siendo el Presidente de la República, el ciudadano mejor informado del país, y dada la gravedad de la advertencia que nos lanza, me parece que podríamos aspirar a saber, si no las fuentes y evidencias de su preocupación, al menos en qué está pensando el titular del Ejecutivo. Supongo que si ha dicho que la intromisión es “palmaria y evidente” es porque se cuenta con diversos informes de inteligencia que así lo acreditan.

Quiero pensar también que hay un diagnóstico completo de cuál es el modus operandi de la delincuencia; diagnóstico que, supongo, puede distinguir los distintos niveles de intromisión (inhibición a los votantes, regiones o secciones electorales donde ello ocurre; infiltración en los partidos políticos; vínculos con los aspirantes, etcétera).

Si esto es así, desde luego no pretendería que se pusieran en riesgo las investigaciones haciendo pública una información que debe ser manejada con discreción, pero creo que la secuencia lógica sería que el Ejecutivo socialice en lo posible el diagnóstico y envíe al Congreso las iniciativas pertinentes para conjurar ese peligro.

Esto es, generar todas las vacunas normativas e institucionales para evitar la expansión del peligroso contagio a la voluntad popular que él mismo denunció.

Ahora bien, creo que nadie puede negar el hecho de que la delincuencia ha ido expandiendo sus esferas de influencia, que la cotidianidad de muchas comunidades está dominada por la lógica de los grupos criminales, que los comicios no podrían estar exentos de dicho fenómeno social. Sin embargo, si el diagnóstico que dio pie a la aseveración presidencial es inexistente o está fundado solamente en sospechas, me parece que el llamado a volver del combate a la delincuencia una política de Estado puede estar cayendo de nuevo en el vacío.

Sin ignorar el catálogo de riesgos que la delincuencia nos ha impuesto, creo que en materia comicial conviene no olvidar un hecho central: desde 1996 el Poder Ejecutivo ha dejado de tener injerencia en lo que ocurre en el ámbito electoral. Es decir, las nuevas adecuaciones legislativas o institucionales o las acciones que se tomaran en el marco vigente, tendrían que partir de esa base, para que a la hora de repartir (ojalá no sea el caso) responsabilidades, sepamos qué le tocaba hacer a cada quien.
Ojalá el episodio declarativo sirva al menos para evitar que las campañas electorales se contaminen con un léxico hueco y sirva también para que no se siga ahondando la ausencia de una verdadera política de Estado.