POLÍTICA, DINERO Y PODER

JOSÉ WOLDENBERG

Del 6 al 8 de diciembre se celebró en el Antiguo Colegio de San Ildefonso el II Foro de la Democracia Latinoamericana, patrocinado por la OEA, IDEA, IFE y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En ese marco, las mismas agencias e instituciones presentaron un muy importante documento: Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de las Américas (FCE, México, 2011). Se trata de un texto informado y reflexivo sobre algunos de los retos que enfrentan las democracias latinoamericanas. Me referiré solamente a sus premisas.

El texto vuelve a recalcar que en América Latina se ha expandido la democracia y señala que "nunca fuimos tantos países viviendo en democracia sin interrupciones autoritarias por tanto tiempo". Lo que no deja de ser una buena nueva que no hay que olvidar. Y si bien las amenazas autoritarias no parecen estar a la vista, subraya que "vigencia" de la democracia no es sinónimo de "fortaleza" de la misma. Porque "la legitimidad de la democracia no se adquiere de una vez y para siempre". Es necesario refrendarla, apuntalarla, y ello no sucede por inercia.

Y a partir de ese enunciado intenta generar un marco para pensar las relaciones entre democracia, política, dinero y poder. Parte de algunas obviedades que no suelen aparecer con fuerza en el debate público: "En todos lados el dinero es influyente en la política. Pero en nuestras tierras, más que en ninguna otra, el dinero se concentra en pocas manos... Nuestra región tiene la distribución del ingreso y riqueza más desigual del mundo". Insisto, no se trata de un descubrimiento y menos de una novedad, pero es importante no omitir esa realidad, porque "la concentración del dinero produce concentración del poder". Y el problema para los regímenes democráticos es que el poder del dinero "puede y a menudo logra pesar más que la expresión de la voluntad popular". Y ello impacta o puede impactar a la propia legitimidad democrática.

Existen, según el texto, tres dimensiones de la legitimidad: a) la de origen, que tiene que ver con las condiciones de la elección de los gobiernos y los representantes, b) de ejercicio, que se refiere a las normas y los mecanismos a través de los cuales se toman las decisiones, y c) de finalidad, que hace alusión a la capacidad para "garantizar" y hacer realidad "los derechos ciudadanos en sus tres esferas: política, civil y social", es decir, la fortaleza para edificar una auténtica democracia de ciudadanos iguales en derechos. Y en las tres dimensiones es necesario revisar las relaciones con el dinero. Porque cuando alguna de esas dimensiones falla, lo que sucede es que "se cuestiona cómo un equipo llegó al gobierno; la forma en que actuaron funcionarios y legisladores, atribuyéndose por ejemplo facultades que no les correspondían o vulnerando el estado de derecho, o porque los resultados de su acción no fueron vistos como un avance para el bienestar de la sociedad".

El dinero puede alterar la legitimidad de origen (México en esa dimensión, comparado con los otros países de América Latina, no está nada mal: se cuenta con un financiamiento público suficiente y medianamente equitativo y con una normatividad que garantiza una presencia equilibrada de los partidos y sus candidatos en los medios masivos de comunicación), pero también las legitimidades de ejercicio y de finalidad. De manera cruda pero certera, el informe dice que "las decisiones de gobierno pueden verse alteradas... por quienes tienen capacidad de presión o, aún más sencillo y dramático, por los que pueden sobornar y corromper. El dinero puede crear una fortaleza en la que la ley no penetra". Ello erosiona y debilita la mecánica y funcionamiento de la democracia, y también el fin mismo de los sistemas democráticos, que "deben tener la capacidad de redistribuir poder para garantizar a los individuos el ejercicio de sus derechos y reducir los privilegios".

En otras palabras, la concentración del dinero y del poder tienen un impacto en la reproducción de los regímenes democráticos y pueden llegar a vulnerar parte de los supuestos más relevantes de esa construcción civilizatoria, a saber, que la igualdad formal de todos ante la ley acabe disolviéndose en aras de la reproducción de las desigualdades que cruzan a las sociedades de nuestro subcontinente.

Visto de esa manera, la desigualdad no sólo "es indeseable porque es éticamente condenable", sino porque "la concentración de riqueza produce concentración de poder" y con ello "la confianza social en la democracia puede desgastarse si la riqueza concentra poder y afecta de manera decisiva los procesos electorales y las decisiones de políticas públicas". Y por supuesto, en esa dirección lo que hagan o dejen de hacer las instituciones del Estado nunca será anodino. Porque "la acción del Estado puede reducir las desigualdades a través de políticas educativas, de vivienda, salud, laborales y fiscales, entre otras", o, diría un cínico, puede no hacerlo.

Lea mejor el libro. No se arrepentirá.