EMILIO ÁLVAREZ ICAZA
A la memoria de J. Trinidad de la Cruz Crisóstomo. Por la exigencia de que aparezcan con vida Marcial Bautista y Eva Alarcón
Esta última semana ha sido de muy malas noticias. Se han dados casos muy graves de ataques a líderes civiles y sociales que han alzado su voz por la justicia desde la no violencia y que depositaron su confianza en las instituciones y el Estado democrático de derecho. Son señales de un proceso de descomposición acelerada de violencia que se vive en México. Estos hechos son de alarma.
En estos últimos días se dieron distintas agresiones a personas vinculadas estrechamente con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Cinco personas fueron asesinadas, desaparecidas y/o heridas. En todos los casos hubo amenazas previas, así como la solicitud al gobierno federal y los estatales referidos de intervención. Lo acontecido no sólo es de enorme preocupación e indignación para el MPJD, sino que es un pésimo mensaje a los que quieren construir la paz. Son acontecimientos que deben alarmar a toda la sociedad y en particular a los gobiernos.
La semana pasada escribí en este mismo espacio el pesar que generó el cobarde asesinato de Nepomuceno Moreno en Hermosillo, ante la incapacidad del gobierno de Guillermo Padrés, en particular de su procuraduría. Las cosas se pusieron peor.
El viernes pasado hirieron a balazos a Norma Andrade en Ciudad Juárez, Chihuahua. Otra vez la primera respuesta de la procuraduría estatal es vergonzosa, al tratar de relacionar los hechos con un intento de robo, cuando Norma es una luchadora ejemplar amenazada por su trabajo en defensa de las mujeres en esa ciudad, específicamente por su labor en la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Hace tres días, el martes seis, desaparecen y finalmente asesinan a J. Trinidad de la Cruz Crisóstomo, líder de la comunidad Xayacalán en Michoacán. Don Trino, hombre de 73 años, fue golpeado y secuestrado en presencia de una representación del MPJD y periodistas que acudieron a Ostula y a esa comunidad en una caravana de observación y para la construcción de la paz.
Cuatro personas armadas, con apariencia de paramilitares, interceptaron a la comitiva, la sometieron y obligaron a desviar su camino, separaron a don Trino y los obligaron a regresar por otro camino. Ni la protección solicitada al gobierno de Michoacán ni la solicitada a la Policía Federal fueron suficientes para evitar esta tragedia. Es en esta misma región donde hace unas semanas fue asesinado Pedro Leyva, delegado de las comunidad de Ostula ante el MPJD.
El mismo martes seis, aproximadamente a las 11 de la noche, secuestraron a Marcial Bautista Valle y a Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora, respectivamente, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, en Coyuca de Catalán. Ellos tomaron un autobús de Petatlán, Guerrero, rumbo a la ciudad de México y poco después un grupo de vehículos bloqueó el paso para que ascendieran unos hombres armados preguntando por Marcial. Finalmente se llevaron a los dos.
Hasta el momento permanecen como desaparecidos. Existen versiones que relacionan a militares o personas vestidas de militar con la detención. De ser cierta la participación de efectivos militares, estaríamos ante una situación extraordinariamente grave. Es indispensable que el Gobierno federal y el gobierno de Guerrero actúen contundentemente para dar con ellos con vida y que den certeza de qué sucedió.
Adicionalmente, también el viernes pasado se presentó un hecho de acoso y hostigamiento a una de las personas del MPJD que acompaña a las víctimas. Por su seguridad no se revelen mayores datos, aunque lo sucedido obligo a solicitar medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación para su protección.
Cada hecho es delicado, pero la suma es aún más preocupante. Es cierto que se refieren a caos específicos y con conflictivas mayores y previos al MPJD, pero también es cierto que estas personas se acercaron al Movimiento justamente para visibilizar sus casos y buscar así una mayor atención y protección por parte de las autoridades, lo que dolorosamente no sucedió.
Las evidencias de desgobierno y de ausencia de autoridad van en peligroso aumento. La curva de decrecimiento de los poderes formales ocurre simultáneamente con la de ascenso de los poderes fácticos [legales e ilegales]. Estos dramáticos casos son sólo una muestra.
El fantasmal monstruo de la guerra sucia en contra de activistas y líderes sociales se deja ver. La impunidad, la omisión, la complicidad de caciques, narcos, delincuentes y en casos de servidores públicos son factores y condiciones que lo pueden hacer crecer. O los gobiernos intervienen con toda su capacidad para hacerle frente, o será una cruda realidad con tremendos costos para nuestro país, como el pasado aún no resuelto nos enseño
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