FIN A LAS JUANITAS

JAVIER CORRAL JURADO

En el último día del penúltimo periodo ordinario de la LXI Legislatura, la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados logró el consenso prácticamente unánime entre todas las fuerzas políticas para aprobar una importante reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el propósito de evitar el llamado fenómeno de “Las Juanitas”, con el cual se obligaba a las mujeres diputadas propietarias a renunciar en favor de sus suplentes varones.

Con estas reformas se pone fin a uno de los procesos de simulación más vergonzosos que ha enfrentado nuestro sistema electoral democrático, un auténtico fraude a la ley en términos de la burla que se hacía al principio de equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular.

No había terminado de instalarse la actual legislatura federal cuando varias diputadas presentaron solicitud de licencia, en las primeras sesiones de septiembre de 2009, para cederle su curul a esposos, hermanos o a sus padrinos políticos.

Aunque el fenómeno se presentó en ambas cámaras, en la de Diputados tuvo mayor descaro: en el PRI hubieron de separarse en forma inmediata a su toma de protesta seis diputadas, en el PVEM cuatro, en el PRD y en el PT, una cada uno. A esto se le conoció como el fenómeno de “Las Juanitas” en referencia a “Juanito” Acosta, aquel registrado como candidato a delegado en Iztapalapa por el PT y al que luego se le hizo renunciar para que entrara la escogida de López Obrador, en uno de los desaseos políticos más elocuentes del autoritarismo del tabasqueño.

La reforma atiende el justo reclamo que se alzó en todo el país por esa simulación, y en orden a defender los derechos de las mujeres en su participación política. En nuestro país nos falta un largo trecho por caminar para concretar una política de reconocimiento e inclusión de las mujeres en la toma de decisiones del poder público, no obstante que la proporción de mujeres sobre la de hombres es mayor, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), ya que, de una población total de 112 millones 336 mil 538 habitantes, las mujeres conforman la cantidad de 57 millones 481 mil 307, en tanto que los hombres suman 54 millones 855 mil 231, proporción que no se ve reflejada en las posiciones que las mujeres ocupan en la vida pública.

Las cifras de mujeres que actualmente integran la Cámara de Diputados distan mucho de una verdadera equidad de género: a Acción Nacional lo nutre un 35.5% de aguerridas mujeres, cifra que rebasa a la bancada del PRI con 14 puntos porcentuales y a la del PRD con seis; en la Cámara de Senadores sucede casi lo mismo: a la Cámara alta la integran apenas 29 mujeres, 11 del PAN, ocho del PRI, seis del PRD, una del PVEM, una del PT y dos senadoras son independientes, por lo que ninguna de las tres fuerzas políticas más importantes del país cumple con el 40% de candidatos propietarios de un mismo género establecido en la ley electoral. Y resulta significativo también que de las 32 entidades federativas que hay en el país sólo Yucatán esté gobernada por una mujer.

En la administración federal el fenómeno se repite. De las 20 dependencias centrales del gobierno federal sólo cuatro son coordinadas por mujeres: la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Patricia Espinosa Cantellano; la Procuraduría General de la República, dirigida por Marisela Morales Ibáñez; la Secretaría de Turismo; liderada por Gloria Guevara Manzo, y recientemente la Secretaría del Trabajo, supervisada ahora por Rosalinda Vélez Juárez.

Con el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobernación y posteriormente aprobado con 285 votos a favor y tres abstenciones por el pleno de la Cámara de Diputados, se espera avanzar al respecto, pues se instaura en la legislación electoral la obligación a los partidos a que si llega el caso de que algún diputado o diputada, senador o senadora pida renuncia a su cargo como propietario, tome su lugar alguien del mismo género.

Las modificaciones aprobadas van más allá, pues también contemplan que en el caso de la representación proporcional, si los legisladores propietarios y suplentes fueran también obligados a renunciar —porque todo puede pasar en la política mexicana— éstos sean sustituidos por fórmulas del mismo género.

Y aunque tales modificaciones al marco normativo electoral no entrarán en vigor para el proceso electoral del año que entra sino hasta el 2015, en las elecciones federales intermedias, para nadie queda duda que constituye un avance y una relevante aportación al sistema democrático, porque estas reformas aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados terminan con las simulaciones partidistas, que en el discurso utilizan a la equidad de género e incluso a la paridad de género como un estandarte, siendo que en los hechos la han negado de manera significativa