SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ
Sin duda este 2011 que concluye fue el año en el que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país generó un importante y trascendental impacto positivo en la vida de todos los mexicanos, especialmente en lo que se refiere a la ampliación de la protección de sus derechos humanos.
Ello ha sido posible por el efecto combinado entre las reformas constitucionales introducidas por el Poder Revisor de la Constitución y las interpretaciones judiciales que han emanado del más alto tribunal del Poder Judicial de la Federación al que pertenezco.
Estas fechas me obligan a reflexiones personales sobre lo que se ha hecho a lo largo de este año que concluye; pero también las evaluaciones sobre el desempeño de las instituciones del Estado mexicano y las proyecciones de los retos subsiguientes.
En el caso de nuestra Suprema Corte, como órgano del Estado mexicano, el balance es, sin duda, altamente positivo. Tanto así que estoy plenamente convencido que, de todos los años que he venido desempeñándome como Ministro de la Corte, este que concluye ha sido el de mayor trascendencia para mejorar la vida de los mexicanos desde el derecho positivo.
Lo anterior, por el efecto combinado de reformas constitucionales introducidas por el Poder Revisor de la Constitución de un lado y, de otro, por las interpretaciones judiciales que han emanado del más alto tribunal del Poder Judicial de la Federación al que pertenezco.
Hay datos objetivos que apoyan lo que de otra manera sería una simple opinión. En primer lugar subrayo la conclusión de la Novena Época del Poder Judicial de la Federación y el inicio de la Décima. El tránsito de una a otra, se debe a la profunda reforma que se ha hecho al artículo 1 de la Constitución federal, que a su vez ha sido acompañada por una interpretación conforme con la misma emitida por la Suprema Corte en el caso Radilla.
Logros adicionales se expresaron en virtud de la resolución por la Suprema Corte de otros casos importantes, entre los que se destaca la actualización del fuero militar. Acometimos la delicada tarea de interpretar rigurosamente el fuero militar para los casos en que se involucran personas que no pertenecen a las fuerzas armadas; ello ha evitado que se legalizara en suelo mexicano, de cara al futuro, una institución jurídica cada vez más cuestionada en un era que, un importante jurista, ha denominado el tiempo de los derechos.
No menos importante fue el debate que se suscitó en la Suprema Corte de Justicia con ocasión de las acciones de inconstitucionalidad contra normas penales del Distrito Federal y de Baja California -la primera autorizando la interrupción del embarazo y la segunda prohibiéndolo de forma todavía más amplia que lo que incluso era usual en el derecho penal mexicano. Esta cuestión sin embargo permanece abierta en la arena judicial pues no hubo una mayoría suficiente de Ministros para fijar un criterio jurisprudencial obligatorio para todo el país.
Destacó también la forma en que se integrarán los jueces locales al control constitucional y de convencionalidad. La Suprema Corte, por decirlo de alguna manera, ha pegado ya el primer ladrillo del nuevo federalismo judicial en México, pero la labor demanda necesariamente del legislador federal y de los legisladores de los estados una acción concreta adicional.
El respeto a las sentencias de amparo por parte de las autoridades responsables dejaron de ser llamadas a misa -perdóneseme el coloquialismo- ya que la Suprema Corte obligó a que se ejecutaran las sanciones contra las autoridades omisas. Con ello se ha sentado un precedente que no tiene camino de regreso. Tampoco lo tiene la senda que ha empezado a andarse en el Poder Judicial de la Federación en cuanto al régimen de responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales de sus jueces. La señal que ha mandado este año el Consejo de la Judicatura Federal es clara y contundente: la impunidad no tendrá cabida para los infractores de la ley, empezando por los de la propia casa; la exigencia de responsabilidad de jueces que han torcido el camino de la justicia y en especial aquellos que lo han hecho en beneficio del crimen organizado, ha llegado a su fin.
Concluye 2011 e inicia 2012; un año, sin duda, de cambios en los que la Suprema Corte también habrá de cumplir una importante función para los mexicanos. Como es sabido, los años de nuestro Tribunal Constitucional, cuyos miembros se sustituyen en forma escalonada, no coinciden con los años del Presidente de la República. Este es un elemento de diseño constitucional que, entre otros efectos, tiene el de abrir ventanas de cambio en la configuración del derecho positivo legislado al elegirse nuevos legisladores, pero las ventanas para el cambio también se abren en el derecho jurisprudencial. Ello se explica por qué un nuevo presidente de la República tiene la posibilidad de manifestar su signo ideológico con los Ministros que propone al Senado -Ministros que en su momento habrán de interpretar en clave conservadora o progresista los derechos humanos a través de los amparos y las acciones y controversias constitucionales que conozcan.
Pero no se debe exagerar el ritmo y envergadura del cambio del derecho jurisprudencial mexicano pues, como ya se dijo, no se sustituyen todos los Ministros de un solo plumazo, como por contraste sí sucede en los otros poderes de la Unión, especialmente cada seis años cuando coinciden las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
La no sustitución de todos los Ministros en un mismo periodo fortalece además a la Suprema Corte en su capacidad de árbitro entre poderes. En este sentido, el Tribunal Constitucional representa un sano elemento de estabilidad en un contexto de cambio de servidores públicos, que también lo es de políticas públicas.
Otras instituciones contribuyen al mismo objetivo de estabilidad, entre ellas destacadamente el Banco de México, encargado también de regular las pulsiones del país. En suma, es de advertir que los mexicanos hemos institucionalizado el ejercicio del poder político y la forma pacífica de transmitirlo. 2012 no será la excepción. Ciertamente tenemos en el porvenir un año de cambio por las elecciones generales, pero, más allá de la lógica incertidumbre que una elección democrática trae consigo en cuanto a quién o quienes serán los nuevos delegados populares, hay razones de fortaleza institucional que permiten ver con tranquilidad y normalidad el próximo cambio sexenal. Así lo percibimos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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