MARÍA DEL CARMEN ALANÍS
Han pasado 30 años desde aquel 3 de diciembre en que la Organización de las Naciones Unidades (ONU) conmemoró por vez primera el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Tres décadas después las cifras son desalentadoras. Según datos del secretario general de la ONU, en el mundo las personas con discapacidad tienen agudos niveles de pobreza y marginación. Además, respecto de la población mundial, tienen la mitad de probabilidades de acceder a servicios de salud y un tercio de posibilidades de tener un empleo remunerado.
A las dificultades físicas o mentales que pudieran provocar una discapacidad, las sociedades han añadido barreras culturales, discriminación y privación de bienes públicos fundamentales.
No obstante, sobre todo en la última década, se han generado algunos activos que pudieran ser esperanzadores.
Por un lado, el mundo ha ido cobrando conciencia de que la exclusión de las personas con discapacidad no sólo impone costos a éstas y a sus familias, sino a las sociedades en su conjunto. El desarrollo sólo es sostenible para las naciones que incluyen a todos los miembros del colectivo en sus procesos económicos, políticos y sociales.
Por el otro lado, se ha generado un importante arsenal de instrumentos internacionales para la inclusión de las personas con discapacidad.
Quizá el más importante sea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el instrumento internacional que más signatarios iniciales ha logrado en la historia de Naciones Unidas. Este documento, cuya entrada en vigor apenas inició en mayo de 2008, aporta un cambio total de paradigma: no trata a las personas con discapacidad como sujetos de asistencia, sino como ciudadanos con derechos plenos. De hecho, reconoce a la discapacidad como el “concepto que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. De ahí que obliga a los Estados firmantes (México la ratificó en 2007) a desarrollar programas y políticas tendentes a eliminar esas fuentes de exclusión.
El cambio de paradigma, que se venía gestando años antes, tiene una importante consecuencia en el plano de los derechos político–electorales. Al concebir a las personas con discapacidad como ciudadanos, se reconoce también que el ejercicio de estos derechos es un imperativo. No se trata de un “accesorio” que debe buscarse una vez que se resuelvan las carencias materiales de las personas con discapacidad, sino de una cuestión de derechos. La solución de ésos y otros problemas públicos requiere de la inclusión política de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad.
El reto no es menor, pues se estima que 15% de los habitantes del mundo tiene alguna discapacidad. Muchos de éstos jamás han votado.
Una contribución teórica importante viene del viejo continente, cuya Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho analizó en octubre de 2010 cómo interpretar los principios de las democracias electorales europeas (voto universal, igualitario, libre, secreto y directo), a la luz de los derechos de personas con discapacidad.
Se concluyó, por ejemplo, que las instituciones electorales tienen la obligación de proveer materiales, infraestructura y procedimientos electorales accesibles para todos; la importancia de que las listas de candidatos elegibles estén disponibles en formatos accesibles para el mayor número de personas, y la necesidad de que se generen las condiciones para que se respete la secrecía del voto a las personas con discapacidad. Debe garantizarse que el sufragio se emita sin influencias o presiones de terceros (Interpretación del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, para personas con discapacidad, www.venice.coe.int). En esas latitudes también están en curso debates sobre las circunstancias que podrían limitar el voto en casos específicos de discapacidad mental.
Como resultado, la generalidad de las naciones ofrece dispositivos de consulta en audio sobre los candidatos registrados y boletas electorales en braille. Además, países como Alemania, Finlandia, Irlanda, Noruega y Suecia han habilitado mecanismos para que las personas con discapacidad voten desde sus domicilios.
México tiene ya un importante tramo avanzado en estos terrenos. Nuestro Código Electoral considera la posibilidad de que las personas con discapacidad visual sean auxiliadas en la casilla. El Instituto Federal Electoral suministra boletas electorales en braille, así como con mamparas accesibles para personas en silla de ruedas.
En México, no obstante, subsisten impedimentos físicos, culturales y sociales hacia las personas con discapacidad. Quizá el más importante sea la discriminación. Las instituciones tienen todavía mucho por hacer para avanzar hacia la inclusión de ese grupo social, pues nuestra democracia sólo estará completa cuando todos ejerzamos nuestros derechos en igualdad.
Que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad sea conmemorativo del ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
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