JORGE ALCOCER VILLANUEVA
La elección de Alejandro Luna Ramos como presidente del TEPJF provocó generalizada sorpresa. Nadie esperaba que el decano de la Sala Superior ocuparía el cargo que durante los cuatro años previos había desempeñado la magistrada María del Carmen Alanís, a la que se le veía en competencia con los magistrados Pedro Esteban Penagos y Constancio Carrasco; este último declinó el lunes inmediato previo, mientras que el segundo lo hizo justo al iniciar la sesión electiva. Ambos dieron su voto al decano.
Entre los observadores de las instituciones electorales existen dos conjeturas sobre lo ocurrido. De una parte se considera que en la Sala Superior del TEPJF se formó una nueva mayoría, que no sólo obligó al relevo en la presidencia, sino también en los mandos superiores de las áreas no jurisdiccionales, como ya ha venido ocurriendo con la petición-exigencia de renuncias que se presentan, en muchos casos, como decisiones personales de los afectados.
Se entiende que los funcionarios del círculo operativo inmediato de la ex presidenta Alanís hayan presentado su renuncia, como ocurrió con su jefe de asesores; pero no se entiende, y mucho menos se justifica que, a pretexto del relevo en el mando, servidores públicos de larga data en el TEPJF hayan sido lanzados a la calle, sin más explicación que la decisión del nuevo presidente, o de quienes se asumen parte de esa nueva mayoría.
Un caso llamativo fue la obligada renuncia de tres funcionarios que eran, al mismo tiempo, aspirantes a consejeros electorales; en el boletín de prensa 79/2011, al parecer elaborado sin consentimiento de los afectados, se dice "Los funcionarios electorales solicitaron separarse de su cargo (...) para dedicarse plenamente a sus pretensiones legítimas de obtener un cargo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE)". El redactor del boletín olvidó un pequeño detalle: han pasado más de 300 días desde que los ahora ex funcionarios del TEPJF aspiran a ocupar los lugares que ahora, supuestamente, motivan su renuncia.
Como ocurre con frecuencia en otras instituciones del Estado, en el TEPJF el relevo de mandos medios y superiores no parece seguir otra lógica que la de "quítate tú para ponerme yo". Pese a las normas y principios que dan pie a la pretensión de contar con un servicio civil de carrera, que otorgue permanencia y seguridad a los servidores públicos, funcionarios con años de experiencia son obligados a renunciar sin más argumento que el cambio en la cúspide. Para la designación de quienes entran al relevo impera el criterio de afinidad, o el reparto de cuotas, no la evaluación de aptitudes.
Otra conjetura apunta a que la nueva mayoría estaría motivada por el choque de criterios jurisdiccionales; por la decisión de acentuar un perfil garantista en los criterios de la Sala Superior. Sin embargo, dos sentencias emitidas el viernes de la semana pasada parecen no validar esta segunda interpretación.
Por mayoría de votos en ambos casos, la Sala Superior resolvió confirmar la expulsión de las filas del PAN de su ex presidente nacional, Manuel Espino, por la comisión de conductas que, se afirmó, dañaron gravemente la imagen y los intereses del partido en el que militó por más de tres décadas; el afectado ha denunciado ser víctima de una supuesta maniobra palaciega. En la otra sentencia, los magistrados resolvieron invalidar acuerdos de los órganos dirigentes del PRD, incluidos los adoptados por su reciente Congreso Nacional, de forma tal que ese partido tendrá que realizar, antes del fin de noviembre de este año, la renovación de tales órganos, desde la base hasta la cúspide.
Son sentencias contradictorias, pues mientras en un caso se privilegió el interés del partido por sobre la libertad de crítica pública de uno de sus militantes; en el otro, el interés de unos cuantos dirigentes inconformes se puso por encima de las decisiones del Congreso Nacional, máximo órgano de dirección del PRD, y de los acuerdos que habían logrado establecer las tribus que configuran (y desfiguran) la estructura de ese partido. No parece haber una nueva mayoría garantista que explique lo que está ocurriendo en el TEPJF, sino que más bien podríamos estar viendo un ajuste de cuentas, a lo que sigue el reparto de posiciones.
Lo que está pasando en el TEPJF hace inevitable la pregunta: ¿A dónde van?
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