RODRIGO MORALES MANZANARES
Los tiempos legales que parecían dibujarse con la reforma electoral de hace cuatro años están lejos de parecerse siquiera a los tiempos políticos de hoy. Acaso en aquel entonces el imaginario nos hubiera indicado que a cinco meses de iniciar formalmente las precampañas al interior de los partidos políticos, las figuras políticas que se fueran perfilando estarían desplegando su trabajo de proselitismo con cautela, muy cercanos a sus electores primarios y alejados de cualquier sospecha de desvío de recursos o aprovechamientos de cargos.
Sin embargo, lo que tenemos hoy es a un grupo de personalidades que en todos los partidos han manifestado su aspiración, que lo han hecho alejados de la cautela, y que la máxima que parece regir es que, si el de enfrente lo hace, ¿por qué yo no? Así, las fronteras se han ido estirando. Ciertamente ni el Instituto Federal Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido contundentes para marcar los nuevos linderos de lo que significarían actos anticipados de precampaña, pero no hace falta ser especialista para sospechar que estamos justamente ante esa especie.
Recorridos, pasarelas, pronunciamientos sin recato, actos, en fin: gastos. Gastos que podrían suponer la obtención de ventajas indebidas. Frente a esto, las autoridades y los actores parecen haber desarrollado una tolerancia fáctica. Nadie se queja porque todos asumen que, aunque puede ser inapropiado, los demás hacen lo mismo; que al final del día la laxitud es una condición de beneficio colectivo y, finalmente, todos parecen dispuestos a correr el riesgo de una sanción.
Esa “normalidad”, sin embargo, se podría ver alterada si alguien de los actores decide quejarse y emplazar a las autoridades a que sancionen, observen o amonesten a alguno de sus contrincantes. Y puede ser el caso de que, cuando se presente dicho dilema, descubramos que las fronteras se han estirado de tal forma por la vía de los hechos, que todos los actores, en distintos grados, han violado la norma y no hay delito que perseguir. Eventualmente será una resolución genéricamente justa, pero quedarán algunos asuntos que a todos nos conviene delimitar: quiénes y cómo se ha pagado el festín de los aspirantes. Conservar ese dato básico en el misterio, creo que no le conviene a nadie.
Lo que tenemos hoy es un arbitraje político que no se ejerce, unas reglas que se diluyen y unos actores que aprovechan la circunstancia. Conviene recordar mínimamente por qué esas reglas están ahí. Si el legislador quiso regular las precampañas fue justamente porque sospechó que desde ese momento los contendientes podían obtener ciertas ventajas indebidas que podrían incidir en la equidad de la contienda. Pretender regular esos actos, las precampañas, no era coartar la libre expresión de ideas o preferencias, sino darles un cauce para que no se cometieran abusos. Sin duda, la imagen de aquellos legisladores contrasta con lo que estamos viviendo.
En todo caso, el punto en el que quiero insistir es que los tiempos políticos nos los están acotando la ley o sus administradores, sino los actores políticos. La pauta la están marcando en primerísimo lugar los aspirantes, en segundo término las dirigencias de los partidos que deben administrar esos tiempos y, al final, las autoridades y la ley. Mala operación. Ojalá no se nos salga el cauce del río
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